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Atenco Vidal advirtió que las organizaciones civiles no se oponen a la presencia de la milicia en la serranía y hay pruebas de colaboración con las fuerzas armadas: “las comunidades indígenas (...) y nuestra organización nunca nos hemos opuesto a la presencia del Ejército ¦ Foto AVC Noticias
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Fernando Inés Carmona - jueves, septiembre 08, 2011
Orizaba, Ver.- La Coordinadora Regional de Organizaciones Independientes de la Sierra de Zongolica (Croisz) condiciona a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que se abran “al escrutinio público” las pruebas periciales que demuestran que Ernestina Ascencio Rosario fue violada y asesinada, por militares, y se detengan “las arbitrariedades, abusos y maltratos de soldados contra indígenas, si es que quieren dialogar con organizaciones civiles”, refirió el dirigente de esta organización indígena, Julio Atenco Vidal.
Reconoció la invitación de la Sedena para dialogar con las organizaciones de la sociedad civil, “no tiene precedentes que yo conozca, y es una buena iniciativa. Sólo espero que el espíritu de tal iniciativa no sea el de pretender un borrón y cuenta nueva, y que a diferencia de Felipe Calderón, ustedes sí comprendan que dialogar significa escuchar, demostrar voluntad para llegar a acuerdos y demostrar voluntad para cumplir los acuerdos. Sólo así se puede diferenciar a un diálogo genuino respecto de un monólogo, la simulación y el engaño”.
Atenco Vidal recordó que en el caso de la presunta agresión sexual en contra de la indígena nahua Ernestina Ascencio Rosario, al inicio de las investigaciones la propia Sedena admitió la identificación de “cuatro presuntos responsables del crimen, justo la cantidad de militares señalados por Ernestina”, posteriormente, se sumó a la postura “de Felipe Calderón, que decretó la muerte natural de Ernestina”.
No obstante, relató que “los detenidos fueron sometidos a la justicia militar para lo cual se llevaron a cabo varias diligencias como citatorios y declaraciones de los mandos y tropa que estuvieron acantonados en Tetlatzinga (comunidad de Soledad Atzompa) durante los hechos denunciados, así como estudios de ADN del esperma de los detenidos para comprobar si había coincidencia con el esperma encontrado en la vagina y el ano de Ernestina”.
Otra de las estrategias que en su momento la Sedena intentó aplicar para justificar los operativos en la sierra de Zongolica y la presumible agresión sexual en contra de la anciana, fue una vinculación entre la Croisz con el Ejército Popular Revolucionario (EPR): “gracias a que un ciudadano pidió información sobre las diligencias practicadas por la justicia militar pudimos informarnos que un sargento declaró a su interrogador que la presencia del ejército se debía a un operativo que los mandos decidieron en contra de nuestra organización, la Croisz, bajo la justificación de aplicar la ley sobre armas y explosivos de uso exclusivo del Ejército. Era un secreto a voces que inteligencia militar afirmaba que nosotros escondíamos a guerrilleros del EPR”, señaló Julio Atenco.
Expuso que el montaje de este escenario nos lleva a los cuestionamientos: la búsqueda de supuestos guerrilleros derivó en un cruel asesinato. ¿Fue planeado?, ¿fue un hecho fortuito?, “lo único cierto es que una vez que el Comandante Supremo de la fuerzas armadas, sin fundamento, dijo que fue una muerte natural, los militantes renunciaron a la verdad jurídica e histórica y se plegaron acríticamente a lo que decretó Felipe Calderón. Al ocultar a los criminales los militares involucraron a la institución y se volvieron cómplices de éste crimen”.
Pruebas de la presunta agresión hay muchas, “pero la resolución de la fiscalía no fue transparente, desechó toda la investigación científica de los peritos veracruzanos y se sustentó exclusivamente en el dicho de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), de que la investigación consistió sólo en la exhumación de los restos de Ernestina y en el análisis clínico de órganos vitales (para demostrar que estaba anémica), pero nunca de la vagina y del ano, donde estaba presente la proteína P30 que sólo produce el varón y la fosfata ácida, que solo se produce con la fricción de los órganos sexuales durante el acto sexual.
”Los militares, podrían decir que mis afirmaciones son sólo especulaciones, pero en lo que podríamos coincidir seguramente es que la verdad jurídica sólo puede equipararse a la verdad histórica si se transparenta; coincidamos en que la opacidad en la administración e impartición de justicia ha sido el velo para encubrir corrupción e impunidad y cometer injusticias”.
Como respuesta a la invitación que hizo la Sedena a organizaciones civiles no gubernamentales recientemente para crear vínculos de trabajo, “propongo que para acabar con las especulaciones que dañan la imagen del Ejército de frente a la nación, en el ánimo de iniciar una sana relación cívico-militar, como lo proponen, y sentar un buen precedente de coadyuvancia en la búsqueda de la justicia, suscriban o respalden públicamente la demanda de la Organización de Litigio Estratégico y de la Croisz para que el expediente de Ernestina se abra al escrutinio público y la sociedad pueda valorar las pruebas periciales de los expertos peritos veracruzanos que demostraron que Ernestina había sido violada y asesinada.
”El caso de Ernestina, que llegó a ser emblemático a nivel nacional, debe abrirse y debe castigarse a los responsables materiales e intelectuales del crimen. Le propongo a los mandos del Ejército que digamos conjuntamente 'no a la opacidad y corrupción, sí a la transparencia, no a la impunidad, sí a la justicia'”.
Otra de delas condiciones para entablar diálogo que piden las ONG al Ejército es detener “las arbitrariedades en contra de indígenas y campesinos en la sierra de Zongolica”.
Como antecedente, Atenco Vidal advirtió que las organizaciones civiles no se oponen a la presencia de la milicia en la serranía y hay pruebas de colaboración con las fuerzas armadas: “las comunidades indígenas de la sierra de Zongolica, de la sierra del Pico de Orizaba y en especial de Soledad Atzompa, Atlahuilco, de Nogales, y nuestra organización nunca nos hemos opuesto a la presencia del Ejército, respetamos sus funciones constitucionales, pero siempre hemos luchado, y lo seguiremos haciendo, en contra de las arbitrariedades, abusos y maltratos en que han incurrido los soldados en contra de nuestros hermanos indígenas y campesinos que nos tratan como si fuésemos delincuentes.
”También hemos luchado, y lo seguiremos haciendo, en contra de la pretensión de algunos mandos de sobajar a nuestras autoridades comunitarias. Nos opondremos siempre a aceptar dócilmente cuando el soldado o el mando que sea nos dice que es la suprema autoridad, que son la única ley y maltratan a nuestros hermanos nahuas y campesinos y a nuestras autoridades comunitarias”.
Si el soldado no nos respeta no puede esperar nuestro respeto ni confianza, sentenció. “Les proponemos que el jercicio de diálogo se replique en nuestros territorios para que los mandos militares puedan escuchar la palabra de nuestros pueblos indígenas y campesinos y pacten convenios de colaboración. La presencia de los soldados en nuestras comunidades infunde temor y preocupación”.
Asimismo, el líder de la Croisz mencionó presumibles arbitrariedades que involucran a milicianos: “en Tuxpanguillo (congregación de Ixtaczoquitlán) varias mujeres han sido embarazadas, pero no se atreven a presentar denuncias. En Atlahuilco, Tequila y Tlaquilpa (en la sierra de Zongolica) los soldados detienen a los campesinos nahuas y les decomisan sus herramientas de trabajo porque los encuentran cortando un árbol de su propiedad, pero que carece de programa de manejo. Los invito a resolver los conflictos sociales, no hacerlos más complejos”.
Como complemento, en seguridad pública, “nuestra organización suscribe totalmente la opinión del movimiento por la paz que encabeza Javier Sicilia y las propuestas de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que son complementarias. Además la presencia del Ejército nos encamina hacia la militarización del país y pone en riesgo las garantías individuales y crea una simbiosis peligrosa entre el Ejército con las instituciones civiles encargadas de la seguridad pública y del gobierno que ahora están infiltradas por la delincuencia como ha quedado al descubierto en innumerables casos pero recientemente en el municipio de Monterrey.
”La necesaria unidad de la sociedad civil con el Ejército nacional no se puede decretar, es un bien inmaterial preciado que se construye en condiciones de intolerancia a la corrupción e impunidad y con respeto mutuo, diálogo, democracia, justicia, equidad y confianza”, concluyó.
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