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| Niños que trabajan en los campos cañeros de Morelos tienen una jornada que abarca desde la temprana hora en que empieza la zafra hasta que se sirven los alimentos. Foto: Cuartoscuro |
Por Shaila Rosagel
Ciudad de México a 2 de
julio (SinEmbargo).- Ser un niño y trabajar en un campo agrícola en México
significa hacerlo en condiciones de esclavitud moderna, explotación infantil y
morir, pues desde 2007 hasta junio de este año, fallecieron 44 menores mientras
laboraban como jornaleros, dijo Isabel Margarita Nemecio Nemesio, coordinadora
del área de Migrantes del Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan.
Entre
las causas de muerte de esos niños y niñas está el atropellamiento por
tractores o camionetas de carga que recogen el producto al interior de las
finca, intoxicación por químicos, desnutrición, gastroenteritis y quemaduras...
“Estos casos han sucedido en Sinaloa, Sonora, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato y Morelos. Los niños han muerto mientras desarrollaban la actividad agrícola”, explicó la representante de la organización que realiza un monitoreo constante sobre la situación de los menores que trabajan en el campo.Isabel Nemecio Nemesio indicó que algunos de esos niños murieron por negligencia médica y en el caso de una niña de Sonora, al incendiarse un cuarto que fungía como guardería.“El último niño murió en León, Guanajuato, por una negligencia médica. Ese es el más pequeño, porque era recién nacido. En San Luis Potosí, murieron unos niños durante su traslado de los campos a su casa al volcarse la camioneta en donde iban”, narró.
En
Jalisco por ejemplo, fallecieron una niña y dos adolescentes mientras
trabajaban en un campo agrícola. Muertes que aún no están claras.
“No
sabemos si murieron por una complicación por contacto con agroquímicos o si fue
golpe de calor”, explicó.
La
activista lamentó la falta de inspección y regulación por parte del gobierno
mexicano, de las condiciones de trabajo en los campos agrícolas de los menores
y sus padres.
Esta
semana, Enrique Martínez y Martínez, titular de la Secretaría de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentaciónn (Sagarpa), informó que el
Gobierno federal promoverá que los jornaleros permanezca ahí, incluyendo a
menores de edad que son parte de la economía agrícola, a través del desarrollo
de un programa llamado “Arráigate”.
Durante
la inauguración de ese foro, el titular de la Sagarpa alertó que los derechos
humanos en México, pueden convertirse en una barrera para las exportaciones,
como lo pudo ser anteriormente la sanidad, al confundir la “agricultura
familiar”, que se refiere al trabajo de menores mexicanos, con “explotación”.
LAS AUTORIDADES NO VEN LA ESCLAVITUD
Las
declaraciones del Secretario de Estado, preocuparon a organizaciones como
Tlachinollan, que trabajan el tema de los niños jornaleros desde hace años.
Para
Margarita Nemecio, lo preocupante es el “enfoque” de las autoridades, pues los
menores y sus padres, labran la tierra, siembran y cosechan, en condiciones de
esclavitud.
La activista agregó que el
enfoque de la Sagarpa es ambiguo y parcial. Muchos menores que no trabajan,
pero que viven con sus padres en los campos carecen de guarderías y escuelas y
los que pizcan y recolectan alimentos, lo hacen en condiciones de explotación.lotación se seguirá
repitiendo”, dijo.
Fidel
Sánchez Gabriel, vocero oficial de la Alianza Nacional de Organizaciones por la
Justicia Social del Valle de San Quintín, reveló a SinEmbargo en medio del conflicto que libran los
jornaleros en Baja California, que una de sus luchas era lograr prestaciones
sociales, pues cuando un trabajador enferma, al negársele seguridad social, no
tiene derecho a una incapacidad, es decir: “día trabajado, día pagado”, “si no
trabajas no ganas”.
“La
mayoría de nuestros hermanos al estar trabajando en la pizca de la fresa,
pueden tener una contracción en la columna vertebral, lastimarse los pulmones
por respirar los químicos o, con las espinas de las moras, hasta con los tallos
hay personas que han estado a punto de quedarse ciegas”, narró.
Sánchez
Gabriel explicó que si un trabajador del campo enferma y requiere reposo como
parte de su tratamiento, el patrón prefiere llevarlo a un centro de salud,
incluso pagar una consulta particular, que darle seguro social y pagarle los
días que no pueda trabajar.
“Hay
empresas que tienen nóminas falsas, los agricultores manejan todo a su antojo y
ahí está el error, la Secretaría del Trabajo [y Previsión Social] debería hacer
su trabajo más fondo, preguntarle a los jornaleros si están afiliados al seguro
social o no”, detalló.
En
esta dinámica también entran los niños y niñas, aseguró.
“Hay
que reconocerlo ante la opinión pública: sigue habiendo niños trabajando,
porque el salario que recibimos no nos alcanza para que los hijos continúen sus
estudios medio superior y mucho menos la Universidad. Se ven obligados a
trabajar con actas falsas, de algún familiar, y adentro, cuando se les pregunta
su verdadera edad, tienen 13, 14 años”, dijo.
En
San Quintín, precisó, el niño más joven que trabaja en la pizca tiene 12 años:
“de los 19 jornaleros que aún están presos, de esos nueve son menores entre 15
y 17 años y los otros 10 son adultos”, dijo.
EL ETERNO TEMA PENDIENTE
Datos
oficiales retomados por la Organización de Naciones Unidas (ONU) revelaron
recientemente que uno de cada cinco niños trabaja para pagar su escuela o sus
propios gastos.
Juan
Martín Pérez García, director ejecutivo de la Red por los Derechos de la
Infancia en México (Redim), explicó que 40 por ciento de las familias
mexicanas, no alcanzan a cubrir con sus ingresos la canasta básica.
“Ocho de cada 10 menores que trabajan entre los cinco y 17 años, lo hacen en el ámbito rural. Los gobiernos de los estados no están cumpliendo con su responsabilidad porque criminalizan a las familias que tienen hijos que trabajan”, indicó.
El
activista de los derechos de los niños dijo que en algunas situaciones es
aceptable que el menor realicen actividades para generar un ingreso, siempre y
cuando no se trastoque su desarrollo.juge”, precisó.
Pérez
García mencionó los ejemplos de Bolivia y de la India, en donde si el trabajo
no afecta el desarrollo de los menores, no se considera trabajo infantil.
El
director de Redim lamentó que en México se criminalice a las familias pobres,
cuando envían a sus hijos a trabajar, debido a que es responsabilidad del Estado
garantizar mejores condiciones.
“Si los menores no acuden a la escuela, pierden tiempo propio para jugar. No pueden cargar con algo que le va afectar y que está por arriba de su capacidad física. No tiene que significar dejar de acceder a opciones educativas y aprendizaje”, precisó.
Pérez
García señaló que el Estado debe intervenir acompañando a las familias y
facilitándoles alternativas para que sus hijos dejen de trabajar.
“Al
criminalizar a las familias pobres, le quitamos la mirada al Estado y a las
empresas que se benefician de la explotación”, finalizó.
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