Perla Gómez precisó que cuando la CDFDF dictamina "tortura, es porque existe y es y porque queremos que se erradique"
Ro.cío Méndez Robles
"Fuera la tentación de crear culpables. Bienvenida la incomodidad de las Comisiones de Derechos Humanos que seguiremos documentando técnicamente cada caso de tortura", advierte la ombudsperson capitalina, Perla Gómez, desde el Décimo Congreso Nacional de Organismos Públicos Autónomos.
"No queremos que se repita", aclaró la titular de la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF), al subrayar que, para erradicar la tortura, "se requiere de una articulación interinstitucional; es desafortunado encontrar que a nivel país hay comisiones que no tienen delimitada la forma de diagnóstico e identificación de la tortura para iniciar sus quejas, de tal suerte que no tenemos siquiera una base nacional para saber cuándo existe o no" --la práctica de la tortura-- apuntó.
Tras asegurar que la experiencia 21 años y médicos especializados permiten "identificar cada caso" en la Ciudad de México, la Dra. Gómez precisó que cuando la CDFDF dictamina "tortura, es porque existe y es y porque queremos que se erradique".
Pero hay un problema mayor, agregó la ombudsperson del DF: "en el imaginario colectivo se dice 'me fue bien, solo me dieron un zape' o se dice, '¡qué bien, se lo merecía!', se tiene que romper esa práctica porque es la principal base de un escenario que propicia la producción de culpables y de ahí la importancia de que en la Ley general contra la tortura se establezcan estos mecanismos institucionales".
En el caso de la definición de una Ley General de Desaparición Forzada, la Dra. Gómez señaló que "una Ley de desaparición forzada que no escuche a los víctimas no es legítima. Antes que nada hay familias en este país que permanecen en una situación urgente de total abandono y deben ser escuchadas y atendidas, al igual que las organizaciones civiles que les acompañan".
Ya en el Panel "Retos de la autonomía y rendición de cuentas", Luis Wertman, Presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública y Procuración de Justicia del DF y de la Red Nacional de Consejo Ciudadanos destacó que rendición de cuentas es un derecho social y humano; el funcionario está obligado a informar y el ciudadano tiene derecho a saber; es un binomio de "justiciabilidad" y "exigibilidad", por lo que llamó al control ciudadano para prevenir y hacer justicia adecuada y en tiempo real.
Al cerrar el congreso, en el que participaron 715 personas de 32 entidades federativas que debatieron sobre derechos humanos, seguridad, transparencia, rendición de cuentas, democracia y administración pública, acordaron impulsar el concepto de seguridad humana y el fortalecimiento de la vida democrática en condiciones es de apertura más allá de la vía electoral y por medio de acciones pacíficas.
Asimismo, los organismos autónomos procurarán la puesta en marcha de un sistema nacional de gobierno abierto que erradique la simulación y la impunidad a través de la rendición de cuentas y la consolidación de un sistema nacional de anticorrupción
La tarea a reflexionar para el XI Congreso que se reunirá en Michoacán en el 2016, es en la búsqueda de la consolidación de la autonomía presupuestaria a partir de la rendición de cuentas y el escrutinio público.
"Este país se ha beneficiado de la aportación institucional de los órganos autónomos: para la estabilidad económica con el Banco de México; para la maduración de la democracia con el Instituto Nacional Electoral; para la transparencia y rendición de cuentas con el Instituto Nacional de Acceso a la Información; o para la efectiva tutela y protección de derechos que como personas nos otorga el ordenamiento jurídico a través de las comisiones nacional y estatales de Derechos Humanos, finalizó en la clausura el Dr. César Iván Astudillo Reyes, Abogado General de la UNAM.
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