TEXTO IRREVERENTE
Por Andrés Timoteo
PUBLICADO EN NOTIVER
Es notorio que la actividad criminal se intensificó en los últimos
días. Ya no es una estrategia ligada a la operatividad electoral ni a la
cotidiana disputa por el control de zonas sino un síntoma de que Veracruz
está a la deriva. El gobernante en turno, Javier Duarte está ocupado en tratar
de blindar su salida y tener un asidero para librar la cárcel, dejó botado el
ejercicio gubernamental y no le interesa otra cosa más que acomodar a sus
cómplices en la Fiscalía General del Estado y otras instituciones para
obstaculizar cualquier indagatoria en su contra.
Mientras tanto su protegido de siempre, el defeño Arturo Bermúdez
Zurita, titular de la Secretaría de Seguridad Pública ésta desaparecido, nadie
sabe de él. Algunos dicen que ya está fuera de Veracruz no solo para librar
alguna investigación judicial sino porque ya viene el ajuste de cuentas con
quienes hizo pactos inconfesables. Los poderes oscuros están en efervescencia
por la conclusión de los doce años de fidelidad, donde fueron señores y
amos en el estado. De ahí que haya balaceras por todos lados y a plena luz día
en un intento por marcar y apartar territorios ante la inminente expulsión de
gobernantes aliados.
Pero el asunto tiene más de fondo, no solo es ausencia de los que
ostentan la autoridad, llámense Duarte o Bermúdez, sino que hay una desidia
adrede para que se dispare la violencia. Se decidió, a conseja del
impresentable que está en Barcelona, dar luz verde a los grupos criminales para
que descompongan al estado y así dejarle al gobernador entrante, un territorio
en guerra, una entidad bañada en sangre, con las bandas delictivas
enseñoreadas y sin que nadie pueda detenerlas.
No es fortuito que la policía estatal esté inactiva, ya que –dicen
las fuentes- tienen la instrucción de no movilizarse, no combatir, no defender,
no perseguir, no indagar ni intervenir. El innombrable y Duarte de Ochoa
no solo quieren dejar un presupuesto constreñido, una nómina abultada,
fiscales, magistrados y consejeros a modo, y los bienes muebles e inmuebles
disminuidos o comprometidos para dependencias ajenas al Ejecutivo sino también
pretenden heredar el caos en materia de seguridad pública.
La intención es que haya una verdadera guerra en las calles entre
los grupos criminales por el control de regiones enteras. Ambos personajes se
irán del poder pero dejarán a Veracruz en llamas, como si sus sexenios
siguieran vigentes, como si ellos siguieran gobernando como lo hicieron durante
doce años: con las puertas del infierno abiertas. No se cansan de hacer
el mal, lo hacen para fastidiar al nuevo gobernante pero se llevan entre las
patas a millones de veracruzanos. Por eso merecen ser castigados, por eso se
han ganado la cárcel.
CACERÍA
DE ELEFANTES
Ante un panorama complicado en materia presupuestal para el nuevo
gobierno que encabezará Miguel Ángel Yunes Linares, se deberán diseñar
estrategias inteligentes en la distribución de los dineros y sobre todo, como
ya lo han planteado muchos analistas, aplicar la austeridad como catalizador de
la precariedad. Es decir, eliminar gastos superfluos, reducir la nómina –que no
será difícil, solo echando a los aviadores y también exigiendo que devuelvan el
dinero todos los que cobraron sin trabajar- y cancelar todos los privilegios
que durante años ha mantenido la alta burocracia. También se tendrán que
auditar y eliminar muchos de los cuarenta fideicomisos públicos que existen
pero cuya mayoría sirvieron para el desvío de recursos.
De la misma manera, Yunes Linares tendrá que salir a la “caza de
elefantes blancos” y extinguirlos, es decir, desaparecer instituciones y
comisiones que solo sirvieron para negocio de unos cuantos. Uno de ellos es la
fraudulenta Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), la que absorbe
varios millones de pesos a cambio de engañar a los estudiantes con títulos sin
validez oficial y que explota a maestros incautos a los que les paga por
impartir clases de baja calidad que no cumplen con los parámetros de una
educación superior aceptable. Todos saben que la UPAV fue el negocio
personal del eterno burócrata Guillermo Zúñiga, obtenida como pago a los
favores políticos que hizo al impresentable exgobernante.
Una vez fallecido, el negocio lo heredó otro pillo igual, Andrés
Blancas Portilla, quien hace algunos días fue denunciado públicamente por usar
a la UPAV como un centro de operación electoral a favor del PRI y de su
candidato a la gubernatura, Héctor Yunes Landa. No fue un señalamiento externo
ni de la oposición sino que surgió de las mismas entrañas de esa falsa
universidad pues varios directores regionales develaron la coerción al
estudiantado para tratar de obligarlo a sufragar por el partido oficial.
Los directivos denunciantes, algunos de ellos despedidos como
venganza de Blancas Portilla porque perdió el tricolor, aseguraron que se
utilizaron los listados de alumnos para hacerles llegar cartas personalizadas
con la finalidad de presionarlos para votar a favor del Yunes Landa. Y no
fue solo eso, en algunos centros de la UPAV de Jalapa, Huatusco, Poza Rica,
Coatzacoalcos y Córdoba que ofrecieron calificaciones de materias,
diplomas de cursos terminados y hasta inscripciones gratuitas a doctorados y
maestrías hechizas si votaban por el PRI y presentaban la ‘selfie’ de su boleta
marcada a favor de Yunes Landa.
Por eso, además de llevar este tema a la Fepade también se tiene
que acabar con semejante ‘elefante blanco’, ahorrar ese dinero y
destinarlo a asuntos prioritarios. Además con la extinción de la UPAV se
evitaría que miles de jóvenes continúen siendo víctimas del fraude educativo y
se echarían a la calle a muchos zánganos que viven de la nómina de ese
entuerto. A la Universidad Veracruzana ya le aprobaron autonomía presupuestal y
hasta 4 puntos porcentuales del presupuesto general del estado con lo que
podrá resanar pendientes y elevar su matrícula.
Lo que se requiere es fortalecer a esa casa de estudios y evitar
fugas de dinero a negocios de vivillos y vividores que se dedican a la estafa
educativa. Finalmente, está por demás mencionar a la paquiderma Comisión
Estatal de Defensa de los Periodistas ya condenada al exterminio. No se
entendería que Yunes Linares permitiera que la misma siga minando el erario
público y que sus integrantes continúen medrando de la tragedia de los
comunicadores. Ni renovación de consejeros ni reconfiguración de funciones, ese
engendro de la errática Gina Domínguez debe desaparecer. Deben ser borrados de
la memoria de Veracruz para siempre.
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