Por Redacción / Sin Embargo
Ante las irregularidades financieras exhibidas en medios
de comunicación durante la administración del priista Javier Duarte de Ochoa y
los recientes movimientos en el Congreso de Veracruz, que se han interpretado
como un intento de blindaje al Gobernador ante una posible
investigación judicial de quien será su sucesor, el panista Miguel Ángel
Yunes Linares, el PRI nacional tomó hoy distancia del mandatario
local. “En el partido no habremos de respaldar un solo acto, un solo
dicho, un solo hecho que contravenga en Estado de Derecho”, dijo Carolina
Monroy, quien es la Presidenta interina del partido tricolor.
Ciudad de México,
29 de junio (SinEmbargo).– La Presidenta interina del Partido Revolucionario
Institucional (PRI), Carolina Monroy del Mazo, tomó distancia
del Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y reprobó que pretenda
“blindarse” contra investigaciones sobre corrupción en su Gobierno.
En conferencia de
prensa Monroy dijo que “nada ni nadie por encima de la Ley. En el partido no
habremos de respaldar un solo acto, un solo dicho, un solo hecho que
contravenga en Estado de Derecho”.
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–¿Qué opina de que
quiera cuidarse las espaldas promoviendo recursos en el Congreso, como lo ha
hecho?–, se le preguntó en el evento.
–Esa es la
interpretación que se le ha dado hasta este momento, y yo lo que diría es que
si bien es jurídicamente correcto, habría que revisarse desde el punto de vista
ético.
–¿Usted qué
piensa?–, se le cuestionó de nuevo.
–Pienso que no es
correcto–, respondió.
Respecto a los
señalamiento de si el mandatario veracruzano debe de ir a prisión ante las
irregularidades que se han hecho de conocimiento público en los último
meses, Monroy dijo:
“Nosotros no somos Ministerio Público.
Nosotros no hacemos gobierno, el partido lo que hace es política partidista,
pero desde luego que somos terceros involucrados en este proceso, derivado de
este clima en Veracruz se ha convertido absolutamente en un tema
político. Si alguien tiene algo que decir frente a las autoridades, que lo
haga. Si alguien considera que debe proceder frente a las autoridades, que lo
haga”, expuso la presidenta nacional del tricolor.
Monroy del
Mazo llamó este día a conferencia de prensa específicamente para tratar el
tema de Veracruz y los señalamientos al Gobernador priista de esa entidad.
EL BLINDAJE DE DUARTE
En los
últimos días se ha mencionado que personajes cercanos a Javier Duarte
serán nombrados en cargos que trascenderán la actual administración, además se
han realizado modificaciones constitucionales en el estado, lo que ha sido
interpretado como una señal de que se intenta proteger al Gobernador de
alguna acción legal en su contra.
En días pasado fue promulgada la reforma constitucional
local en materia anticorrupción, con la que se retira el fuero
al próximo Gobernador, a sus secretarios y a los presidentes municipales;
aunque el beneficio legal sigue protegiendo a los diputados, al titular de
la Comisión de Derechos Humanos estatal y al Fiscal General del estado y a los
magistrados.
La reforma constitucional también prevé la creación del Fiscal
Anticorrupción y del Contralor General, mismo que serán designados por el
Congreso veracruzano, controlado por el PRI y sus partidos satélites
locales.
Ante ello, Miguel Ángel Yunes, Gobernador
electo de Veracruz, exhortó al Congreso local a ceder el nombramiento del
Fiscal Anticorrupción a la siguiente Legislatura para garantizar que Javier
Duarte de Ochoa y sus cómplices no queden impunes por casos de corrupción.
La Fiscalía Anticorrupción de Veracruz
podría ser encabezada por Fernando Rojas Calderón, Marco Arturo Rodríguez
Nolasco, Manuel Gerardo Basilio de la Vega, Guillermo Humberto Beck Chiquini,
Gustavo Adolfo Payán Meza, Ana Luz Herrera Hernández, Juan Manuel Herrera Sosa
y Francisco Portilla Bonilla.
Y quien sea elegido en el cargo durará
cinco años en él.
La deuda que Javier Duarte de Ochoa dejará
en Veracruz asciende a 45 mil 879 millones de pesos, la mayor entre
los estados que celebraron elecciones, y la acumulada con la Universidad de
Veracruz (UV) superó los dos mil millones de pesos.
La Auditoría Superior de la Federación
(ASF), además, lo acusó de haber desviado más de 77 mil millones de pesos
durante su administración.
“Los desvíos de los que se habla sólo
existen en la mente tortuosa de quien sí tiene denuncias formales por
enriquecimiento ilícito”, se defendió el Gobernador saliente de Veracruz días
después de las elecciones, en las cuales Miguel Ángel Yunes –de la alianza
PAN-PRD [Partido de la Revolución Democrática]– arrebató al PRI el estado que
gobernó por décadas.
Pero en la entidad porteña el gran
pendiente está marcado en el ámbito de la libertad de expresión: en los últimos
seis años, 20 periodistas de este estado fueron asesinados sin que en ningún
caso se conozca con certeza el motivo.
En este conteo están incluidos la reportera
Regina Martínez y el fotoperiodista Rubén Espinosa, de la revista Proceso. Además, la
entidad acumuló ocho recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) entre 2013 y 2015 por diferentes violaciones a los
derechos elementales de sus ciudadanos.
Los periodistas y comunicadores no fueron
los únicos afectados durante el último sexenio priista: 56 por ciento de la
población en este estado vive por debajo de la línea de bienestar, de acuerdo
con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
(Coneval).
Desde que Duarte asumió la gubernatura en
diciembre de 2010 hasta abril de este año, 543 personas han sido secuestradas,
mil 762 extorsiones han sido denunciadas ante la autoridad correspondiente y 4
mil 088 homicidios dolosos han sido perpetrados, de acuerdo con cifras del
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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