En México no solo se asesinan periodistas, también se mata a defensores
de la tierra y el habitad, ya que en 2018 se registraron 21 homicidios por
defender el medio ambiente, mientras que en 2017 la tendencia letal llegó a 29
asesinatos, y entre Diciembre del año pasado y lo que va del actual sexenio
Federal se han ejecutado a 15 defensores. “El Estado mexicano es uno de los
actores señalados entre los principales agresores”, refiere el Informe sobre la
Situación de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales en
México elaborado por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental AC (Cemda), y el
año pasado hubo 49 casos de ataques a personas defensoras de los derechos de la
tierra, el territorio y el medio ambiente.
En ese tenor, Alejandra Leyva
Hernández, coordinadora del quinto informe anual, explica que éste se
confeccionó a partir de un análisis y sistematización de información de prensa,
cuyas notas son la principal fuente “para tener una aproximación de la
situación de violencia”, así como de datos de carácter confidencial ante el
“miedo brutal a denunciar” por parte de los afectados, mismos que fueron
confrontados con cifras obtenidas a través del acceso a la información del
mecanismo federal de protección. “No estamos mostrando cifras absolutas que nos
lleven a una cifra determinante, sino que es una aproximación”, y en ese
sentido, Rodrigo da Costa Sales, de Amnistía Internacional, informa que de
diciembre pasado hasta hace una semana se registraron “aproximadamente 15
muertes de personas defensoras en México”.
Destaca que ha habido una escalada
de ataques contra personas defensoras ambientales y criminalización en su
contra, lo que es “muy preocupante”, porque el homicidio es ya la primera
agresión, según el último estudio que revela que Puebla ocupó el primer lugar,
con ocho ataques contra medioambientalistas; seguido de Oaxaca y Chihuahua, con
seis cada uno. Del 2013 al último día del 2018, precisa, se documentaron 440
ataques a personas defensoras del medio ambiente, en los que se cometieron
diversas agresiones y hubo múltiples víctimas. Por ello urgió al Senado a
ratificar el Acuerdo de Escazú, firmado por México el 27 de septiembre del
2018, para que, entre otras recomendaciones, se pueda “suspender la
implementación de un proyecto de desarrollo cuando existan evidencias de
ataques y agresiones contra las personas defensoras ambientales”.
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