En pocas semanas
hemos tenido acontecimientos importantes que marcan la intencionalidad expresa
del gobierno de Estados Unidos de garantizar la impunidad de sus crímenes de
guerra y crímenes de lesa humanidad. La impunidad siempre es protección de
quién ya cometió un delito, pero es, al mismo tiempo, un impulso a nuevos
crímenes por parte de quienes sienten que no deberán responder por sus faltas.
Assange o el
arresto del mensajero
El primero es el
arresto de Asange, en un acto que avergüenza al Ecuador y que violó la
soberanía de una de nuestras embajadas. Theresa May, Primera Ministra de Reino
Unido, al anunciar su arresto en la Cámara de los Comunes, dejó claro que
“También ha sido arrestado en relación con una solicitud de extradición de las
autoridades de los Estados Unidos”. Ese día, 11 de abril, se desbarató la
justificación morenista de que había un acuerdo con Reino Unido, del cual no ha
presentado ni un documento.
¿Por qué Estados
Unidos lo busca? Esto es lo realmente importante. Se trata de persecución por
haber difundido videos y documentos de crímenes de guerra. Por la misma razón
persigue y encarcela a Chelsea (antes usaba el nombre de Bradley) Maning, quien
en 2010 entregó a Wikileaks más de 92.000 documentos sobre la guerra en
Afganistán, importantes al grado que la británica Mairead Corrigan-Maguire,
quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1976, candidatizó a Manning a ese
mismo premio, porque: “Su increíble revelación de documentos secretos a
Wikileaks ayudó a poner fin a la guerra de Irak y puede haber ayudado a
prevenir más conflictos en otros lugares”.
No se puede olvidar
el caso de Edward Snowden, que en 2013 dio las pruebas de violación del derecho
a la privacidad y espionaje del gobierno de Estados Unidos dentro y fuera de su
país. Continua perseguido aunque tiene refugio en Rusia.
En los tres casos,
se trata de informantes, de gente que denuncia crímenes a riesgo de su
seguridad personal, ya que ninguno lo hizo por existir un juicio en su contra.
Su calidad de informantes de delitos, cuyos culpables deben estar procesados,
obliga a los estados a protegerlos. Hay claros casos en la historia que
demuestran la importancia judicial e histórica de estas personas (ver: El caso
Snowden: entre filtraciones y neocolonialismo, por Edgar Isch L.
lalineadefuego.info) por lo que se ve la necesidad de su información para
conocer la verdad.
Esta es la
información que los halcones de la guerra encumbrados en el gobierno de Trump
quieren ocultar y, más aún, que no se pueda juzgar. Su presión es tal que los
medios que reprodujeron en su momentos los documentos presentados por
wikileaks, ahora atacan a Assange repitiendo cosas de segundo orden: que no es
periodista, como si la verdad tuviera que entubarse en los grandes medios de
comunicación; que es antipático y malcriado, como si ello significara que no
merece derechos humanos incluyendo el de asilo en una embajada; que es
información lograda de manera oscura, como si los delincuentes dejaran las
pruebas a luz pública y no señalaran como “secretos de Estado” a los crímenes
de guerra. Sin embargo, la veracidad de lo difundido por wikileaks no se discute.
Argumentos de ese
tipo ponen en riesgo a todo periodismo de investigación. El tratamiento del
“lava jato”, de los “papeles de Panamá”, de investigación sobre casos ocultados
de acoso y violencia sexual en escuelas ecuatorianas, entre muchos otros,
difícilmente podrán realizarse sin temor de juicios contra los periodistas.
Otras formas de
impedir denuncias
El 23 de abril el
New York Times publicó un reportaje sobre la manera en que fueron presionados
siete SEAL (fuerzas de operaciones especiales de la Armada) para que “dejen de
hablar” sobre acciones de su oficial en Irak, que incluyen “apuñalar hasta la muerte
a un adolescente indefenso cautivo”, “escoger a una niña en edad escolar y a un
anciano desde un puesto de francotiradores” y “rociar indiscriminadamente los
barrios con cohetes y disparos de ametralladoras”.
A pesar de las
amenazas sobre su futuro en la Armada y otros, los denunciantes mantuvieron su
posición dentro y fuera de la institucion por más de un año y el oficial
denunciado enfrentará un juicio desde mayo próximo. El informe de la
investigación indica que varios otros SEAL de alto rango también conocían las
acusaciones y no las dieron a conocer. Sin embargo, ninguno está acusado de
encubrimiento de los crímenes de guerra.
Las cortes secretas
de EU
Chelsea Maning,
quien ya estaba libre por haber entregado información sobre los crímenes de
guerra, hoy está nuevamente detenido por haberse negado a declarar contra
Assange ante un jurado a puertas cerradas. A Manning no se le dijo lo que
estaba investigando el gran jurado, y una audiencia en la que ella presentó
objeciones a la obligación de testificar ocurrió en secreto.
Es decir que la
verdad y la justicia no son asunto de interés de ese jurado, sino armar pruebas
sobre los supuestos delitos de Assange. Una declaración forzada no puede
considerarse de validez y castigar a quien se niega a realizar una es prueba de
que se imponen mentiras.
“Se supone que los
grandes jurados deben determinar si existe una causa probable para devolver una
acusación penal. Originalmente, se suponía que debían actuar como un control
del poder fiscal. Sin embargo, hoy en día, se suele decir que un fiscal puede
hacer que un gran jurado «condene un emparedado de jamón». Como resultado, los
grandes jurados a menudo se utilizan como expediciones de pesca contra
activistas políticos y movimientos sociales. Manning citó estas preocupaciones
al explicar su negativa a declarar. Luego, ella señaló: «En solidaridad con
muchos activistas que enfrentan las dificultades, mantendré mis principios» … (Chip Gibbons, «Let Chelsea go», The Jacobin, 27 de marzo de 2019).
La Corte Penal
Internacional cae en el lodazal
Pues bien, hasta
aquí está el interés de ocultamiento de la información. Pero ¿Qué pasa si la
información sale? Entonces hay que impedir los juicios. Por tanto, la noticia
complementaria, del 12 de abril, es que nada menos que la Corte Penal
Internacional (CPI) tras amenazas del gobierno de Trump, anunció que no
investigará los crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad de los que esté
acusado Estados Unidos y otros actores en Afganistán. La CPI sugirió que su
decisión se debía a la falta de cooperación del gobierno de Estados Unidos con
la investigación, con lo que si no hay colaboración del acusado no podrá haber
juicio, un antecedente terrible para la justicia en el mundo.
Esta caída de la
CPI en el lodazal se da luego de amenazas de John Bolton, asesor de Trump de
sanciones económicas a los miembros de la Corte y pocos días después de que el
gobierno estadounidense revocó la visa de la fiscal principal, Fatou Bensouda
que encabezaba desde 2016, la acusación contra el ejército de EU por torturas
en al menos 61 presos en Afganistán durante la guerra. Dicho informe también
acusaba a la CIA de someter a prácticas de tortura —incluyendo violaciones— a
por lo menos 27 presos en los centros de detención de la CIA en Afganistán,
Polonia, Rumania y Lituania. Estados Unidos no es parte de la CPI pero puede
ser juzgado porque los crímenes se cometieron en estados miembros.
Si no se puede
acusar a los criminales a pesar de la presentación de pruebas, significa que la
justicia no es un interés de la CPI ni las víctimas un asunto de su atención. Y
más graves porque estos no son los únicos casos, debido a que Estados Unidos y
otras potencias activan guerras en muchas partes y cometen crímenes
permanentes. Las guerras son, además un gran negocio de la industria de armas,
pues como buenos capitalistas crean las condiciones para vender aceleradamente
sus productos, de manera que nuevas guerras y crímenes de lesa humanidad
vendrán.
Hay que considerar
la declaración de Trump “Desde la creación de la CPI, los Estados Unidos se han
negado sistemáticamente a unirse a la corte debido a sus poderes fiscales
amplios e irresponsables; la amenaza que representa para la soberanía
estadounidense; y otras deficiencias que lo hacen ilegítimo. Cualquier intento
de atacar al personal estadounidense, israelí o aliado para ser procesado
recibirá una respuesta rápida y vigorosa». Por tanto, la impunidad abarca a
otros criminales, mientras estén en la lista de aliados del criminal mayor. Si
es pro yanqui, está perdonado.
Enjuiciar al
denunciante y proteger al criminal
En suma, el
gobierno de Estados Unidos, cuando se trata de crímenes de guerra cometidos por
sus militares, lo que pretende es enjuiciar a los que denuncian y proteger a
los criminales. Claro, esta es parte de la naturaleza del imperialismo a lo
largo de la historia. Otras potencias han actuado de la misma manera, siendo
las guerras de agresión un crimen gigantesco en si mismo. Recuérdese que
principalmente, pero no solo de allí, fue desde Estados Unidos y el Reino Unido
que salieron las mentiras sobre las armas de destrucción masiva que
justificaban destruir Irak. Aunque en ambos países más tarde y tras cientos de
miles de muertes se reconoció en los respectivos congresos que fue todo
mentira, no hay nadie enjuiciado por enormes daños humanos, ecológicos,
culturales y otros cometidos.
La lucha por la
verdad está en momentos difíciles, pero lógicamente es obligatorio continuarla.
La gente debe conocer estos hechos y antecedentes, antes que caiga en la trampa
de las mentiras miles de veces dichas y que justifican crímenes mayores. Pero,
ante todo, comprender que a las potencias imperialistas no les importan los
derechos humanos, qué si los mencionan o hablan de crisis humanitarias, es solo
como coartada de sus ataques a pueblos enteros. Justificación que la vemos hoy
todos los días en los noticiarios y periódicos más vendidos (en los dos
sentidos de la palabra).
* Académico
y ex ministro de Medioambiente de Ecuador. Asociado al Centro Latinoamericano
de Análisis Estratégico (CLAE, www.estrategia.la)
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