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Localización
de cuerpos enterrados en fosas clandestinas descubiertas en Navolato, Mazatlán
y Los Mochis, por colectivos de familiares de personas desaparecidas. Foto
Cuartoscuro / archivo
Emir Olivares Alonso | viernes,
10 may 2019
Ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado mexicano
reconoció que
el país es una enorme fosa clandestinaque enfrenta una emergencia forense, con más de 26 mil restos sin ser identificados en los anfiteatros del país, e insuficientes especialistas en arqueología y antropología forense. Frente a esa realidad, representantes de la sociedad civil exigieron la creación de un mecanismo forense extraordinario.
Durante el 172 periodo de sesiones de la CIDH, que se celebra en
Kingston, Jamaica, representantes del gobierno de México, organizaciones de la
sociedad civil y colectivos de familiares de desaparecidos expusieron a los
comisionados internacionales la crisis en la materia.
El país vive una emergencia humanitaria y violación de derechos humanos que requiere todo el peso del Estado para enfrentarlo. La herencia más dolorosa que ha recibido el (nuevo) gobierno es la que representa la desaparición forzada y los niveles de violencia que enfrentan las mujeres, niñas y niños, asumiendo que esa es una responsabilidad del Estado que no se había cumplido y que los familiares habían tenido que asumir como una tarea propia. Hoy esto es una responsabilidad plena del Estado que vamos a asumir y vamos a dar resultados, garantizó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas.
En ese contexto, se dieron a conocer los primeros resultados de
un diagnóstico del sistema forense nacional realizado hace unos días por la
subsecretaría de Encinas, la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y la Fiscalía
General de la República. Karla Quintana, titular de la CNB, detalló que en los
estados y municipios existen 266 centros forenses.
Se cuenta con 5 mil 900 especialistas en la materia, la gran
mayoría criminalistas, y hay un déficit en antropólogos y arqueólogos forenses.
Existen apenas 40 laboratorios de práctica de pruebas genéticas forenses y sólo
335 expertos en esa materia.
Encinas remarcó que la prioridad del gobierno de Andrés Manuel
López Obrador es resolver los casos de los más de 40 mil desaparecidos y la
crisis forense, pues en el sexenio pasado lo que se hizo al respecto
fue simulación.
El comisionado de la CIDH Luis Ernesto Vargas aseveró que el
titular del Ejecutivo federal ha asumido
compromisos muy seriospara resolver la crisis de desaparecidos.
He escuchado al propio presidente López Obrador decir que no habrá limitaciones presupuestales para lograr el propósito que se ha trazado, que es el necesario hallazgo (de los ausentes). Creo en esas manifestaciones, (las dijo) no como un político en campaña, sino como un Presidente en ejercicio. Tengo la convicción que eso se va a cumplir.
La delegación de la sociedad civil, conformada sobre todo por
integrantes de colectivos de familiares de desaparecidos, expusieron los
obstáculos con los que se han enfrentado para el hallazgo de sus seres queridos
y la crisis que viven desde su ausencia. Mercedes Doretti, del Equipo Argentino
de Antropología Forense, insistió en la necesidad de crear el mecanismo
extraordinario.
Aclarar el número de restos no identificados y no reclamados dentro de instituciones del Estado, especialmente en panteones municipales y servicios periciales, es fundamental para poder planificar su recuperación, análisis, eventual identificación y entrega a los familiares. Los números oficiales van de los 26 mil a los 36 mil restos sin identificar, pero falta mucho trabajo para conocer una cifra sólida.
Fuente:
La Jornada
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