Pese a conocer el prontuario de Corradi
desde 2002 y pese a las pruebas irrefutables, en el Vaticano dicen que aún no
pudieron “valorar los hechos” para decidir qué hacer con el cura italiano y su
secuaz Corbacho.
@saturnetroc
Martes 26 de noviembre de 2019
Este lunes la noticia de las duras e históricas condenas a dos curas y
un jardinero del Instituto para niños sordos Antonio Provolo de Luján de Cuyo
(Mendoza) por abusar y corromper entre 2005 y 2016 a once estudiantes de entre
7 y 17 años, recorrió el mundo.
A la gravedad de los
hechos, al modus operandi criminal demostrado en el juicio y a
las conductas abyectas de Nicola Corradi (84) y Horacio Corbacho (59) durante
el proceso, se suma que gran parte de los hechos ocurrieron en el país de Jorge
Bergoglio y durante el tiempo en el que fue la máxima autoridad de la Iglesia en
Argentina.
Sin embargo, ni la
contundencia de las condenas (42 años para Corradi, 45 para Corbacho y 18 para
el jardinero Armando Gómez) ni la confirmación de que la curia conocía los
hechos desde mucho tiempo antes de ser juzgados parecen ser motivos suficientes
para que el Vaticano tome la decisión de echar a ambos curas de la institución
religiosa.
Por el contrario, es
como si la “noticia” hubiera activado los costados más ofensivos de una
jerarquía católica más que acostumbrada a callar, mentir y encubrir todos sus
crímenes.
Seguí acá todas las alternativas del Caso Provolo
Hipocresía y sotanas
Al hipócrita comunicado de prensa del
Arzobispado de Mendoza, difundido horas después de la sentencia, se
sumaron en las últimas horas declaraciones de fuentes del Vaticano que
demuestran el desprecio de la institución por las víctimas y la voluntad de
continuar protegiendo a los criminales de sotana.
El diario La
Nación (empresa con línea directa con Roma) informó que “desde la
Santa Sede cargaron contra la Justicia” mendocina porque, según “fuentes
religiosas desde Italia”, se le habría impedido a la curia “el acceso a las
actas” judiciales del caso.
Según la La
Nación, el argumento del Vaticano es que “aguardan la conclusión del caso
en la Justicia civil argentina. Es más, indicaron que el proceso canónico (es
decir el juicio interno contra Corradi y Corbacho, NdR) sólo avanzará con una
sentencia definitiva, por lo que recién tras esa instancia se discutiría la posible
expulsión de los sacerdotes condenados”. Es decir, prácticamente nunca.
Tan desfachatada
parece ser la respuesta vaticana que desde la misma Corte mendocina salieron a
responderles. “Está muy mal lo que dicen. Hablan de la Justicia civil y lo que
nosotros hemos hecho es una condena penal, en primer término. Segundo, ellos
deberían mostrar los pedidos de información. Tercero, lo que han dicho es que
no van a iniciar el proceso hasta que haya sentencia firme. Ahí está el
secreto: sentencia firme en dónde; puede ser en la Corte provincial, en la
nacional o en la Corte Interamericana de DDHH. Son unos hipócritas. Es
realmente un papelón”, reproduce La Nación de “una fuente de
la Corte provincial”.
Por su parte Sergio
Salinas, abogado de parte de las víctimas y referente de la organización Xumek,
también condenó la postura del Vaticano y afirmó que directamente “son
cómplices, ocultando pruebas que están obligados a dar. Estamos cansados de su
cinismo”.
Este lunes, en
diálogo con La Izquierda Diario, el abogado de la Red de
Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico Carlos Lombardi, también criticó duramente
a la jerarquía católica, al recordar que “tanto Dante Simón (vicario judicial
de la Arquidiócesis de Córdoba enviado por Bergoglio a Mendoza para intervenir
en el caso) como Alberto Bochatey (el comisario apostólico
y actual arzobispo auxiliar de La Plata) están denunciados penalmente no solo
por no colaborar con la Justicia mendocina sino por haber obstaculizado la
investigación”.
Sabían todo
Desde el Vaticano
insisten en ocultar lo inocultable. “No hemos podido proceder en el proceso
canónico porque nunca tuvimos más información que la de los medios, ya que las
autoridades judiciales argentinas no nos dieron acceso a las actas y pruebas
del proceso civil”, dijeron a La Nación las fuentes
apostólicas y romanas.
Pero la mentira
eclesiástica no puede ser mayor. La curia argentina sabía, al menos desde 2002,
de la existencia de denuncias en el Provolo de La Plata. Una vez destapado el
escándalo, en un allanamiento a la sede de la capital bonaerense se
encontró una carta (fechada aquel año) que Julio García, “ecónomo” del Provolo,
había mandado a Mendoza contando todo lo que sabía sobre Corradi. ¿En serio no
sabían nada?
Además, como informó detalladamente este diario, en
2014 el propio Francisco recibió en mano denuncias de sobrevivientes del
Provolo de Verona que lo fueron a ver a la Plaza de San Pedro. Allí nombraban a
Corradi y demás clérigos violadores. La respuesta oficial no fue otra que el
silencio papal.
Por si fuera poco, el
Arzobispado de La Plata (a través del obispo auxiliar Bochatey) a fines de 2017 sacó de Argentina al cura Eliseo Pirmati y
lo “repatrió” al Provolo de Verona (de dónde había salido décadas atrás) cuando
ya existían firmes sospechas sobre él respecto a abusos y torturas cometidas
sobre niños en la sede bonaerense del Instituto.
La Iglesia no puede
esconder el sol con la mano. Y mucho menos sus propios crímenes con mentiras.
Hoy, con las condenas
a la vista sobre Corradi y Corbacho, cobran nuevo significado las palabra
vertidas el año pasado por Sergio Buenanueva, obispo de San Francisco
(Córdoba), quien públicamente posa de “autocrítico” e intenta separarse de las
alas más reaccionarias del Episcopado.
Buenanueva es
mendocino y dice conocer el caso Provolo “de cerca”. En una entrevista dada en
2018, Buenanueva dijo que este era “el caso más grave que tiene la Argentina”
junto a los de Julio Grassi y los casos de Paraná. También dijo que “la crisis
en Argentina está recién comenzando”, ya que casos como el del Provolo
“animaron a muchas víctimas a sacar a la luz lo que han sufrido y lo que han
vivido”. Y hasta reconoció que las víctimas “pueden tardar décadas en sacar a
la luz” sus testimonios.
Para el obispo de San
Francisco, lo que ocurrió en el Instituto Provolo “es lo más grave que ha
habido en la Argentina, pero es un muestrario de todo lo mal que hemos hecho en
la Iglesia en la gestión de todos estos casos”.
Pero al mismo tiempo
buscó quitarse toda responsabilidad, al hablar de “personas que con
antecedentes fueron enviados sin que el obispo del lugar lo supiese, a eso lo
puedo decir yo que he sido obispo auxiliar de Mendoza y no teníamos la más
mínima idea”.
La chantada de
Buenanueva, de sus colegas de la Conferencia Episcopal Argentina y de sus
mandantes del Vaticano no resiste un mínimo archivo. Lo peor de todo es que esa
chantada tiene como efecto la eternización de la cobertura sobre infinidad de
violadores y torturadores. Sobre todo de aquellos que aún tienen la “suerte” de
no haber sido denunciados por sus víctimas.
ENLACE
No hay comentarios:
Publicar un comentario