A partir de estas
investigaciones, llevadas al portal < https://seguridadviacivil.ibero.mx
> junto con materiales de una amplia gama de especialistas, pretendemos contribuir
al debate informado sobre las implicaciones y consecuencias del paradigma hegemónico
que sostiene las políticas de seguridad en México, ofreciendo un creciente
abanico de evidencias que, en suma, permiten cuestionar a profundidad esta
ruta.
México es uno de los
países que tienen la curva creciente más pronunciada de homicidios violentos en
el mundo, al menos en lo que va del siglo. Por lo tanto, nadie debería dudar de
la urgencia de poner a discusión la preferencia por la vía militar que ha
seguido el Estado, en particular desde el sexenio presidido por Felipe Calderón
Hinojosa. Los dos reportes presentados establecen un punto de partida de lo que
esperamos sea una referencia sólida y duradera para el análisis nacional y
regional, habida cuenta de que esta ruta, enfocada en el uso de la fuerza y la
intervención militar, se replica a lo largo de América Latina.
Esta investigación
clarifica, al menos, lo siguiente: que el gobierno de Andrés Manuel López
Obrador continúa y profundiza la dinámica expansiva de transferencia de la responsabilidad
de la seguridad pública a las Fuerzas Armadas; y que además impulsa nuevas vías
de influencia militar en funciones públicas que van más allá de la seguridad,
desbordando más y más los parámetros del rol militar que están fijados en el
marco constitucional y convencional.
La información agregada
en este reporte funda dudas mayores respecto a la posible alteración
estructural en curso; es decir, la modificación del principio de subordinación
militar al poder civil democráticamente electo. Estas dudas se multiplican
luego de la publicación del Acuerdo Presidencial del 11 de mayo de 2020, que
autoriza al Ejecutivo Federal disponer de la Fuerza Armada permanente para llevar
a cabo tareas de seguridad pública, sin incluir los mecanismos que deben garantizar
que la intervención militar, según ordena la propia Constitución, sea extraordinaria,
subordinada, fiscalizada y complementaria, justo como lo hizo notar la Comisión
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como muchas otras entidades.
¿Hacia dónde va el
gobierno del presidente López Obrador cuando avanza por este sendero que abre
paso a las Fuerzas armadas, a pesar de que su intervención en la seguridad
pública no ha logrado reducir las violencias y, en cambio, sí las ha involucrado
en conflictos con los derechos humanos?
La reforma
constitucional de marzo de 2019 dispuso que la Guardia Nacional es una policía
civil, que se regirá por una doctrina precisamente policial, fundada en el
servicio a la sociedad. De cara a la evidencia aquí reunida, la Guardia
Nacional no es una institución civil y tampoco es una policía, comenzando
precisamente por el hecho de que no se ha demostrado que su concepción y desarrollo
se soporten en doctrina policial alguna.
Nuestras fotografías
profundas a través de estas investigaciones abarcan los dos sexenios anteriores
y la primera parte del que corre; sin embargo necesitamos, aunque sea por un
momento, ir un poco más atrás, para hacer notar que el presidente López Obrador
es el quinto desde la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el
tercero desde que se intensificó el escalamiento militar. Ha transitado el espectro
ideológico más ampliamente representado –formalmente– en las últimas décadas
(PRI, PAN, Morena), por una misma ruta que se soporta en dos grandes ejes: reproducir
políticas de seguridad que no se basan en resultados sostenibles y dar cada vez
más preferencia a la vía militar.
Cabe aclarar que este
no es un problema de un partido político u otro, sino un fenómeno que debe ser
leído como un déficit sistémico del Estado mexicano, agudizado justo en la
medida que las violencias se profundizan y diversifican, en una espiral
impulsada, en parte, por el propio enfoque centrado en el uso de la fuerza y la
intervención militar. ¿Hacia dónde va un país donde la política de seguridad hegemónica
no resiste las pruebas de la eficacia y de la legitimidad? multiplican luego de
la publicación del Acuerdo Presidencial del 11 de mayo de 2020, que autoriza al
Ejecutivo Federal disponer de la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo
tareas de seguridad pública, sin incluir los mecanismos que deben garantizar que
la intervención militar, según ordena la propia Constitución, sea
extraordinaria, subordinada, fiscalizada y complementaria, justo como lo hizo
notar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), así como muchas
otras entidades. ¿Hacia dónde va el gobierno del presidente López Obrador
cuando avanza por este sendero que abre paso a las Fuerzas armadas, a pesar de
que su intervención en la seguridad pública no ha logrado reducir las violencias
y, en cambio, sí las ha involucrado en conflictos con los derechos humanos?
La reforma
constitucional de marzo de 2019 dispuso que la Guardia Nacional es una policía
civil, que se regirá por una doctrina precisamente policial, fundada en el servicio
a la sociedad. De cara a la evidencia aquí reunida, la Guardia Nacional no es una
institución civil y tampoco es una policía, comenzando precisamente por el hecho
de que no se ha demostrado que su concepción y desarrollo se soporten en doctrina
policial alguna.
Nuestras fotografías
profundas a través de estas investigaciones abarcan los dos sexenios anteriores
y la primera parte del que corre; sin embargo necesitamos, aunque sea por un
momento, ir un poco más atrás, para hacer notar que el presidente López Obrador
es el quinto desde la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública y el
tercero desde que se intensificó el escalamiento militar. Ha transitado el
espectro ideológico más ampliamente representado –formalmente– en las últimas
décadas (PRI, PAN, Morena), por una misma ruta que se soporta en dos grandes
ejes: reproducir políticas de seguridad que no se basan en resultados sostenibles
y dar cada vez más preferencia a la vía militar.
Cabe aclarar que este
no es un problema de un partido político u otro, sino un fenómeno que debe ser
leído como un déficit sistémico del Estado mexicano, agudizado justo en la
medida que las violencias se profundizan y diversifican, en una espiral
impulsada, en parte, por el propio enfoque centrado en el uso de la fuerza y la
intervención militar. ¿Hacia dónde va un país donde la política de seguridad hegemónica
no resiste las pruebas de la eficacia y de la legitimidad?
El Programa de
Seguridad Ciudadana, enclavado en la Dirección General de Formación e
Incidencias Ignacianas, es un instrumento de la Universidad Iberoamericana
CDMX-Tijuana y de la sociedad que asume la encomienda de construir conocimiento
en favor de la transformación y la justicia social, en particular ante la
emergencia de un contexto donde todas las violencias posibles se ensañan especialmente
contra las personas en condiciones de pobreza.
Con la evidencia en la mano, lo decimos fuerte y claro: no llegarán la seguridad ni la paz sin políticas conducidas bajo un liderazgo civil que rinda cuentas multidimensionales, participativas, profesionales, especializadas y focalizadas en primera instancia en las poblaciones más lastimadas por la exclusión.
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