Por Andrés Becerril con información de Carlos Quiroz
2 MAR, 2014
CIUDAD DE MÉXICO, 2 de
marzo.- Oceanografía, de Amado Yáñez Osuna, una de las principales proveedoras
de Pemex, embargada por la PGR por fraude, tuvo las puertas abiertas de la
paraestatal a través de una red de funcionarios panistas encabezada por César
Nava.
El boom de la empresa
comenzó en 2001 cuando el exsecretario presidencial se convirtió en el abogado
general de Pemex. Está relacionado con un quebranto por 311 millones de dólares
contra la paraestatal, por el caso Conproca.
Otros panistas
como Mario Alberto Ávila Lizárraga
—excandidato del PAN a la gubernatura de Campeche—, Néstor García Reza y el
diputado federal Juan Bueno Torio también han sido relacionados con
irregularidades en las asignaciones de contratos de Pemex. Además de
Oceanografía, se benefició a Cotemar, Diavaz y Fletera Continental de Líquidos
—propiedad de Luis Ortiz Ríos, cuñado de Bueno Torio—.
De acuerdo con García
Reza, quien sustituyó a Nava como abogado general de Pemex, Oceanografía sí
estaba inhabilitada. Pese a ello, obtuvo 12 contratos por más de tres mil 600
millones de pesos.
En el centro de la
polémica
Según investigaciones,
la compañía forma parte de una red de complicidades entre funcionarios y
exfuncionarios de cuño panista con empresarios.
César Nava Vázquez fue
el panista que abrió el camino a una serie de irregularidades en Petróleos
Mexicanos a partir de 2001, cuando el país iniciaba su primera transición, y
que no fueron investigadas en los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón,
quienes llegaron a Los Pinos abanderados por Acción Nacional.
Nava Vázquez, quien en
octubre de 2001, a los 27 años, asumió como abogado general de la paraestatal y
estuvo ahí hasta octubre de 2003, creó una red de control de la empresa que
manejó desde la secretaria particular de la Presidencia (2006-2009), e incluso durante
los 17 meses que fue dirigente nacional del PAN (agosto de 2009 a diciembre de
2010).
Después de Nava
—relacionado con un quebranto por 311 millones 200 mil dólares a las arcas de
Pemex por el caso Conproca—, las autoridades federales iniciaron investigaciones
por presuntos malos manejos contra otros panistas que trabajaron en Pemex, como
Mario Alberto Ávila Lizárraga, ex candidato del PAN a la gubernatura de
Campeche, ligado a la familia Mouriño.
Ávila Lizárraga hizo
mancuerna con Carlos Morales Gil —director de Pemex Exploración y Producción
(PEP) desde 2004 hasta el pasado 7 de febrero cuando fue removido—, para la
entrega de contratos millonarios a empresas como Cotemar, Diavaz y
Oceanografía, que el vienes fue intervenida por la PGR.
Oceanografía estaba
inhabilitada para obtener contratos del gobierno federal, pero la empresa de
Amado Yáñez obtuvo en Campeche 12 contratos de Pemex por más de tres mil 600
millones de pesos. En la administración de Fox, Oceanografía obtuvo contratos
de Pemex por nueve mil millones de pesos.
Néstor García Reza,
quien sustituyó a Nava como abogado general de Pemex y duró ahí seis años,
hasta que Nava dejó el PAN en 2010, acudió a la comisión instalada por el
Legislativo para investigar a los hijos de Marta Sahagún y su relación con
Oceanografía; ahí aceptó que en la recta final del mandato de Fox, Oceanografía
estaba inhabilitada y aun así obtuvo los contratos 4182338602, 4182338612,
4182338662, 4182338672, 4182338682, 4182338692 y 4182338702 por 651 millones
388 mil 300 pesos para realizar servicios en la región marina suroeste.
El PRD en Campeche ha
documentado una serie de contratos que Ávila Lizárraga, vía PEP, entregó a la
empresa Representaciones y Distribuciones Evya SA, de los hermanos Luis,
Roberto y Francisco Camargo Salinas, por siete mil millones de pesos.
En el ejercicio 2011,
Ávila Lizárraga entregó a la familia Cámargo Salinas los siguientes contratos:
el 23 de noviembre, el 428231840 por 252
millones 885 mil 776 pesos; el 12 de abril, el 428231802 por 434 millones 726
mil 314 pesos; el 15 de septiembre, el 428221919 por 97 millones 380 mil 963
pesos, y el 10 de junio, el 420901806 por 143 millones 58 mil 726 pesos.
Luis García, secretario
del PRD en Campeche, dijo que la empresa de los Camargo Salinas fue beneficiada
“junto con Oceanografía, de Amado Yáñez; Cotemar, de Mario Dávila y Cristina
Lobo Morales, por funcionarios corruptos que les cobran el diezmo a cambio de
licitaciones adjudicadas y ganadas”.
Después de García Reza,
en la oficina del abogado general de Pemex, a finales del sexenio de Calderón,
fue nombrado Marco Antonio de la Peña Sánchez, en funciones desde el 3 de marzo
de 2011, es decir hace tres años.
De la Peña, que se ha
encargado de los últimos litigios pendientes de Nava y García Reza, trabajó en
Banobras en 2001, cuando Calderón lo dirigió, como subdirector de Consultoría
Jurídica; luego fue director fiduciario.
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Agregar leyenda
Involucran a Juan Bueno
Torio
En la lista de los
panistas señalados o investigados por alguna irregularidad en el manejo de
contratos de Pemex también está Juan Bueno Torio, hoy diputado federal.
Hay reportes en el
Órgano de Control Interno de la paraestatal que investigó sobre la entrega de
contratos sin licitación pública a la empresa Fletera Continental de Líquidos,
propiedad de Luis Ortiz Ríos, cuñado de Bueno Torio.
Otros contratos fueron
entregados a Transportadora y Distribuidora Isabel, propiedad de Emilio Bueno
Lázaro, tío del diputado federal panista por Veracruz.
Transportadora y
Distribuidora Isabel recibió en 2003 tres convenios: el GGT-0039-01/2003,
GTT-039-01-PP/03 y el GGT-039-01-2PP/03, por cuatro millones y medio, a razón
de millón y medio cada uno.
En 2004, la transportadora
de Emilio Bueno tuvo dos convenios con Pemex Refinación, uno por un millón 800
mil pesos, con el número GTT-0039-02/2004, y el GTT-039-01-M04, por 334 mil
pesos. En 2005 recibió el convenio GTT-039-CM/2005-2008, por siete millones 171
mil 977 pesos y también el GTT-039-01/2005, por un millón 860 mil pesos.
Se dieron contratos a
Combor Transportes, propiedad de su hermana, Rosa Bueno Torio. En 2004, esta
empresa recibió el convenio GTT-0333-01-2004 por 600 mil pesos; en 2005, el
GTT-0333-CM/2005-2008, por 150 mil 212 pesos y ese mismo año el
GTT-0333-01/2005, por 720 mil pesos.
En la red de panistas
que están siendo investigados por las autoridades también está José Antonio
Gómez Urquiza, que en la LV legislatura fue diputado con Felipe Calderón y como
subdirector de Finanzas y Administración de Pemex Refinación es señalado como
responsable de autorizar pagos exprés de convenios y contratos de empresas
afines.
En la lista también
aparece Francisco Javier Fuentes Saldaña, gerente de Recursos Humanos de Pemex
Refinación con Bueno Torio. Se le señala de haber usado recursos de Pemex para
acrecentar la imagen de Bueno Torio en Veracruz, cuando intentó contender por
esa gubernatura.
Socios vendían
gasolina robada
Las líneas de
investigación seguidas por la Procuraduría General de la República (PGR) en el
caso del fraude de la empresa Oceanografía, SA de CV, propiedad de Amado Yáñez
Osuna, alcanzan a varios empresarios que ya estaban bajo la mira de las
autoridades federales también por daño patrimonial en contra de Petróleos
Mexicanos.
Es el caso de los
hermanos Javier y Óscar Rodríguez Borgio, dueños de Grupo Gasolinero Mexicano
(GGM), los casinos Big-Bola y Caja Libertad Servicios Financieros, quienes
además podrían ser socios de Oceanografía, gracias a su relación con Martín
Díaz Álvarez.
Desde 2012, GGM es
investigada por la PGR por vender gasolina extraída ilegalmente de ductos de
Pemex, además de vender “litros” de 950 mililitros, lo que representa un doble
fraude para la paraestatal.
Primero están las
pérdidas generadas por la ordeña clandestina de gasolina, pues GGM no puede
declarar las ganancias por dichas ventas, ya que Pemex detectaría ganancias
mayores a las que debía registrar, puesto que es el único proveedor de la
gasolina que expenden.
En segundo lugar cobran
litros completos entregando sólo 95% de lo pagado. Es decir que las
gasolinerías se quedan con 5% del producto en sus tanques, lo cual es un fraude
tanto para los clientes como para el fisco, pues ese ingreso no es declarado.
Según la PGR, el
producto de ambas actividades es lavado a través de los casinos Big Bola e,
incluso, en la Caja Libertad, que dirige Martín Díaz Álvarez, responsable
financiero y segundo accionista en importancia de Oceanografía.
Díaz Álvarez fue pieza
clave para que los hermanos Rodríguez Borgio adquirieran la Caja Libertad, de
ahí que se convirtió en el presidente del Consejo de Administración.
Además hay indicios de
que algunos de los 38 barcos que pertenecen a Oceanografía son de los hermanos
Rodríguez Borgio y son alquilados a la empresa naviera, que a su vez le cobra a
Pemex por la renta de los mismos.
Debido a lo anterior el 16 de diciembre del 2013, la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) pidió de manera urgente y confidencial información a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda de todas las operaciones financieras y sospechosas de los tres empresarios.
Igualmente solicitó
todos los antecedentes y registros al Departamento de Seguridad Interna, al
Servicio de Aduanas e Inmigración, al FBI, a la Oficina de Alcohol, Tabaco y
Armas, a Interpol y a la Embajada de EU, mientras que a la DEA le solicitó cualquier dato que los
vinculara con algún grupo delictivo.
Las investigaciones en
contra de los hermanos Rodríguez Borgio y Martín Álvarez, comenzaron en el
2012, luego de que la Procuraduría General de Justicia de Querétaro desmanteló
a un grupo delictivo dedicado a la ordeña de ductos en San Juan del Río y
Huimilpan.
De acuerdo con señalamientos
de algunos de los detenidos en esa ocasión, uno de sus principales clientes era
GGM, que expendía la gasolina robada en unas 61 gasolineras. Días después y por
tratarse de un delito federal, la PGR y la Policía Federal Ministerial
irrumpieron con un cateo a las oficinas de GGM. Sin embargo aparentemente no
paso nada, incluso se dijo que la investigación se congeló, para reactivarse en
diciembre pasado.
Tras el cateo y las
imputaciones en su contra, grupo GGM vendió algunas de las gasolineras de Grupo
Kamerum y Grupo Queroli, que son parte de GGM.
Madero, en un avión de
Oceanografía
Al visitar Ciudad del
Carmen, Campeche, en noviembre del año pasado, el dirigente nacional del PAN,
Gustavo Madero Muñoz, usó un avión propiedad de Oceanografía, hoy intervenida
por la Procuraduría General de la República.
De acuerdo con
información publicada por medios locales, como elDiario Maya en su versión
digital, el miércoles 13 de noviembre Madero se reunió con panistas en Carmen.
El portal de noticias citado
hace un extrañamiento por el logo de Oceanografía que se alcanza a ver detrás
de una militante no identificada, pues señala que esa empresa ha logrado
importantes facturaciones con la paraestatal Pemex durante las pasadas
administraciones panistas.
ACUSAN SOBORNOS
La esposa de Salvador
Vega Casillas fue acusada de sobornar desde la Profeco a gasolinerías para
apoyar al PAN:
Un grupo de empresarios
de gasolinerías extorsionados por funcionarios de la Procuraduría Federal del
Consumidor (Profeco) para que sus bombas despachadoras no fueran verificadas
denunció en mayo de 2011 que el dinero de los “convenios” que les entregaban era
para las campañas del PAN.
En el documento que los
gasolineros enviaron a la Presidencia se afirma que Gladis López Blanco,
exsubprocuradora de Verificación de la Profeco (y esposa de Salvador Vega
Casillas, secretario de la Función Pública), lideraba al grupo de
extorsionadores.
En marzo de 2006,
Gladis López renunció a la coordinación en Michoacán de la campaña del entonces
candidato del PAN a la Presidencia, Felipe Calderón, y por “razones personales”
en marzo de 2008 dejó la Profeco.
La PGR tiene sujetos a
proceso penal a seis verificadores de bombas despachadoras de gasolina de la
Profeco. En abril de 2001 Antonio Morales de la Peña renunció a la Procuraduría
Federal del Consumidor.
Autopista en riesgo
En Puebla está en
riesgo la construcción y operación de una autopista.
Según el portal del
diario Cambio de Puebla(www.diariocambio.com.mx), en enero de 2012, “a través
del modelo de inversión PPS, esta compañía inició la construcción de la
autopista Cuapiaxtla-Cuacnopalan, que comunica a Tlaxcala y Puebla, con una
longitud de 63.66 kilómetros y un costo de mil 662 millones 703 mil pesos”.
Informa que actualmente “tiene la concesión de la misma por un periodo de 30
años, es decir, hasta 2043”.
Destaca que no ha sido
el único proyecto que el gobierno de Rafael Moreno Valle ha convenido con
Oceanografía, pues destaca el proyecto integral de imagen urbana del corredor
turístico cultural ubicado en el centro cívico 5 de Mayo en la ciudad de Puebla
y la construcción de la plataforma de prueba piloto y relleno estructural de la
nueva planta Audi, en San José Chiapa.
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