Fuera de Foco/ Por Silvia
Núñez Hernández
El
día de ayer, el Congreso del estado de Veracruz, aprobó por unanimidad la
instauración del Consejo Consultivo Ciudadano, con la finalidad que este vigile
la “Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación” de población en rezago
social. Dicha atribución tiene la meta de exigir que tanto autoridades
estatales y municipales generen condiciones de equidad para determinados grupos
sociales –que son cientos de ciudadanos- que viven en zonas de “marginación”.
Para mi gusto, este “consejo” sólo será otro “elefante blanco” como las
innumerables dependencias que el gobierno estatal forma –muchas instancias
federales también contribuyen, no se salvan- para sólo ser utilizarlos como
centros de colocaciones y pagos de compromisos adquiridos. Jamás se les exige
resultados, sólo serán utilizados como “cajas chicas” del gobernador en turno
–el cual no tiene “llenadera”-. Se debe de puntualizar que también existen
muchos programas que dejan mucho que desear, porque no solucionan absolutamente
nada para lo que fueron diseñadas, eso sí, el presupuesto es elevadísimo, pese
a que realmente este no llegue su objetivo principal: los ciudadanos
veracruzanos.
Podemos citar muchas dependencias y programas que maneja el gobierno de Javier
Duarte de Ochoa. Pongamos pues, toda nuestra concentración a ese programita,
tan “cacareado” por Duarte de Ochoa: El Programa “Adelante”.
La instauración este por parte del gobierno del estado, tiene supuestamente el
objetivo de “abatir” y “combatir” los factores asociados a la pobreza y
marginación de la población vulnerable, concentrados todos ellos en tan sólo 15
de los 212 municipios que conforma la entidad.
Retomando la información expuesta en su página de internet-http://portal.veracruz.gob.mx/portal/page?_pageid=3267,4921452&_dad=portal&_schema=PORTAcondL-
Ahora bien, concentrémonos en el mecanismo del programa:
Visitan las zonas marginadas, en donde engañan a la población no tan sólo con
rezago económico, sino también en educación, donde les hacen creer que el
programa se preocupa realmente por ellos y a través de él, serán sacados de la
pobreza en los que viven inmersos por muchas generaciones. Les ponen pisos de
cemento, les proporcionan un poco de comida y tal vez, les distribuyen una o
dos láminas para que las pongan en alguna parte de sus deteriorados techos de
sus viviendas de cartón y madera vieja.
Jamás el gobierno del estado a cargo de Javier Duarte de Ochoa se da a la tarea
de instaurar una estrategia seria en los municipios y localidades con mayor
marginación donde les ofrezcan a los ciudadanos reales apoyos. No trabajan con
ellos de la mano para brindarles educación, empleo y sobre todo, capacitarlos
programas productivos donde puedan comercializarlos entre ellos, y les sirvan
de trueque para poder subsistir decorosamente y tener dignas casas y comida
para sus familias. Sacarlos de la marginación pero intelectual en la que
convenientemente los tiene sumergidos.
Ahora bien, que pasa con los pobres de los demás municipios. Para información
del señor gobernador, la pobreza no está concentrada en tan sólo 15 municipios
de la entidad, sino que se extienden en las 212 cabeceras municipales. ¿Qué
hace por esa gente? Pues sabemos que absolutamente nada.
Con esto, amable lector, dejamos por sentado que los programas y algunas
dependencias sólo sirven para mantener a los servidores públicos y burócratas
que las integran, pero jamás para lo que fueron diseñadas.
No le podemos brindar el beneficio de la duda a su supuesto “Consejo Consultivo
Ciudadano”, pues sabemos que éste no servirá y al único que le dará riquezas y
beneficios, es al propio Javier Duarte de Ochoa, pues justificará destinarle un
jugoso presupuesto en lo que resta de su administración, y dicha instancia sólo
servirá de “caja chica”. Desde el momento que sus titulares son impuestos por
el propio gobernador, sabemos que la instancia será nuevamente una “tomada de
pelo”.
Sólo tendríamos que revisar instancias como la Comisión Estatal de Derechos
Humanos, donde su presidente, Luis Fernando Perera Escamilla, fue impuesto por
el ejecutivo estatal; la presidenta del Consejo General del Instituto Electoral
Veracruzano (IEV) Carolina Viveros García, la ratificó el gobernador por los
“buenos” resultados brindados desde el gobierno de Fidel Herrera Beltrán; la
imposición del presidente del Tribunal Electoral de Veracruz (TEEV), Daniel
Ruiz Morales como de sus magistrados, todos ellos, respondiendo a las
necesidades tanto del gobierno del estado como del Partido Revolucionario
Institucional, para mantenerse en el poder tanto en la entidad como el Congreso
Local. Todo, absolutamente todo, diseñado para mantenerse en el poder y
continuar viviendo del erario público y a costillas de los veracruzanos.
Mientras que dichas dependencias no sean conformadas por verdaderos eruditos en
el ramo y elegidos por el propio pueblo; su representación jamás será imparcial
al poder que los impuso.
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