Francisco Domínguez Canseco/ El Ejercicio del Criterio
La resistencia social y la construcción de propuestas alternativas es el camino.
En Veracruz existe una disputa por el agua. Los pueblos y comunidades de municipios veracruzanos luchan contra empresas privadas que pretende apoderarse del agua. Las empresas, con el apoyo abierto o simulado de los gobiernos municipales, gobierno estatal y federal, realizan trabajos para construir presas o hidroeléctricas. La administración de sistema de distribución de agua, el embotellamiento para venta son negocios muy rentables. La producción de energía eléctrica es otro negocio codiciado. Las empresas privadas mediante engaños, presiones y amenazas compran tierras a propietarios agrícolas. Empresas si responsabilidad social, rapaces y depredadoras busca hacer negocio con los bienes naturales de los pueblos y comunidades de municipios veracruzanos. Los gobiernos municipales y el gobierno estatal juegan un papel de mediador entre el movimiento social antipresas e hidroeléctricas, siempre cuidando los interés privados o buscando rentabilidad electoral. Se comportan como los siervos de los interés privados.
La ONU ha establecido el derecho humano al agua, el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos.
En el estado de Veracruz contamos con leyes que reconocen nuestros derechos, la constitución del estado de Veracruz establece como derecho de las y los veracruzanos: “…vivir y crecer en un ambiente saludable y equilibrado. Las autoridades desarrollaran planes y programas destinados a la preservación, aprovechamiento racional y mejoramiento de los recursos naturales, de la flora y la fauna existentes en su territorio, así como para prevención y combate a la contaminación ambiental.”
Los gobiernos municipales y el gobierno estatal son los responsables asegurar que nuestro derecho humano al agua y a un medio ambiente sano se cumpla, aplicando las leyes en materia ambiental estatal y federal. Ante su negativa a cumplir las leyes, los pueblos y comunidades han iniciado procesos organización popular para la resistencia social, buscan impedir que el agua termine en manos privadas o de los organismos estatales que mal administra los sistemas de agua.
La disputa por el agua ha provocado que pueblos y comunidades de distintos municipios de la región de Amatlán-Córdoba y Zongolica-Orizaba se organizarse en la Coordinadora de Defensa del Río Atoyac, para exigir al Gobierno del Estado la clausura definitiva de los proyectos “Miguel Hidalgo” y “Bandera Blanca”. Durante los últimos dos años han realizado diversas movilizaciones, para obtener la información sobre los proyectos, la cual se supone es pública; y han desarrollado estrategias informativas, organizativas y educativas para la población que será afectada con la realización de estos proyectos.
La organización La Vida denunció que la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el Manifiesto de Impacto Ambiental regional (MIA) presentado por la empresa Perseveranza Energética S.A. de C.V. para realizar el Sistema de Generación Hidroeléctrica Isletas (1 y 2) en municipios de Xico y Coatpec. Además, afirman, que la instancia federal consideró que no se afectará al medio ambiente y retomó que el Programa de Desarrollo Urbano de Xico no contiene criterios ecológicos, políticas o unidades de gestión ambiental que limiten o prohíban el desarrollo de obras. Denuncia que las autoridades municipales de Coatepec y Xico no expresaron sus puntos de vista sobre el impacto ambiental que traería a sus poblaciones la obra.
Frente a la política privatizadora de los bienes naturales, la movilización civil para defender el derecho humano al agua y a un ambiente sano es necesaria. Los pueblos y comunidades de Amatlán de los Reyes mediante la organización intercomunitaria lo ha demostrado, en pasado reciente lograron detener la construcción de un relleno sanitario que el gobierno estatal de Fidel Herrara pretendía construir a un kilómetro de la población y cercano a centros educativos.
La población obligó a las autoridades municipales de esa época a clausura las obras del relleno sanitario, forzó al gobierno municipal de Córdoba a buscar otra alternativa para sus residuos solidos municipales. La población organizada le dijo ve a tirar tu basura a otro lado. Esa misma población organizada y en resistencia elaboró una propuesta de tratamiento de los residuos sólidos municipales y un proyecto de reglamento municipal, con el apoyo de especialista en la materia, mismo que presentó al cabildo de Amatlán. Usted que opina amable lectora o lector.
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