por Roberto Morales
Les llaman el Cártel de los Gobernadores y tácitamente se roban todas las obras públicas.
Son un clan, una mafia y hay indicios de que su forma de operar es a través de prestanombres, por interpósita persona, no dejando nada a la competencia, simulando licitaciones públicas y lavando un dineral para que nadie dude de sus fortunas de sospechosa procedencia.
Por eso les dicen el Cártel de los Gobernadores, aunque ninguno de los tres está en funciones, y lo integran, hasta ahora, Fidel Herrera Beltrán, José Murat Casab y Juan Sabines Guerrero.
El caso lo puso en el aparador Carmen Aristegui, aunque ya muchos medios de manera aislada lo venían venteando. Unos, los de Veracruz, le tomaban el hilo a la madeja de corrupción en que se podía acreditar un grupo de empresas constructoras a las que el cuestionado Fidel le asignaba las mejores obras, con los mejores montos y con los mayores beneficios. Los periodistas de Oaxaca y los de Chiapas hacían lo mismo desde que Murat y Sabines hacían de las suyas en sus respectivos estados con los recursos que tenían a su alcance.
Aristegui le siguió la pista a Fidel, Sabines y Murad a partir de las revelaciones de un personaje, el jurista Horacio Culebro Borrayas, que acreditó y en su momento denunció a esa red de constructoras que participan en licitaciones simuladas para apoderarse de las obras en cada uno de los tres estados. Culebro Borrayas venía sufriendo una incesante persecución por delitos prefabricados e incluso fue encarcelado bajo cargos de ser el autor intelectual del crimen de Mariano Abarca Roblero, un respetado activista que luchaba contra las empresas mineras. Sabines le cobró a Horacio Culebro que hubiera exhibido públicamente el manejo irracional del dinero de los chiapanecos, la bursatilización de las finanzas públicas y el desfalco por más de 40 mil millones de pesos. Lo encarceló y creyó que lo había callado.
Por supuesto, cuando concluyó el mandato de Sabines Guerrero, denunció el caso ante la Procuraduría General de la República y el rastro de la pólvora alcanza ya a Fidel Herrera y a José Murat.
Las investigaciones de Culebro Borrayas y el manejo informativo de Aristegui Noticias detonaron un escándalo de corrupción de por lo menos mil 800 millones de pesos, cifras que representa los contratos asignados a cuatro compañías en condiciones ventajosas, detrás de las cuales se hallan los gobernadores del cártel.
Ahora se sabe que son ocho empresas constructoras. Entre los nombres hay algunas que suenan familiares por ser de las más beneficiadas por el gobierno fidelista. Una de ellas es Goli; la otra Constructora del Sureste.
Ambas tienen el padrinazgo de Murat Casab y en el caso de Constructora del Sureste, su propietario, José Manuel Flores, mejor conocido como El Oaxaco, acaparó cerca de 200 obras, principalmente en la sierra de Soteapan, donde llegó a vincularse con los campesinos e indígenas de municipios como Tatahuicapan, Mecayapan y Oteapan.
Muraza y Alzurio, otras dos empresas, están vinculadas al ex gobernador de Oaxaca, pero todas, incluidas Goli y Constructora del Sureste tuvieron —y tienen— trato especial en el gobierno veracruzano, primero con Fidel Herrera y ahora con Javier Duarte de Ochoa.
Culebro Borrayas categoriza la relación entre Fidel Herrera, José Murat y Sabines Guerrero como una alianza. Carmen Aristegui la define como una red de constructoras, pero también le llama Cártel de Gobernadores.
Otra vertiente advierte que José Murat era asesor de Juan Sabines Guerrero, en Chiapas. Pero ahora el mismo Murat es asesor de Javier Duarte, en Veracruz.
Hay un hecho aún más relevante. El hijo de Fidel Herrera Beltrán, Javier Herrera Borunda,fue un activo promotor de la candidatura de Manuel Velasco, el actual mandatario de Chiapas, cuya misión no es gobernar sino encubrir el desfalco a las finanzas y esa red de corrupción con las obras públicas.
Javier Herrera Borunda apuntaba a ser secretario de gobierno de Chiapas, pero los grupos priistas locales y la misma Presidencia de la República evitaron que el hijo de Fidel Herrera se encumbrara.
Aún así, el Herrera Borunda es asesor del gobernador de Chiapas, lo que viene a confirmar el ascendiente del ex mandatario veracruzano en tierras chiapanecas, aunque no le guste al Presidente Enrique Peña Nieto.
En la nueva investigación del equipo de Carmen Aristegui, queda en evidencia que las empresas constructoras señaladas tienen los mismos socios, la misma fuente de financiamiento y su centro de operaciones está en Oaxaca, aunque cuenta con oficinas en Veracruz.
Fiscalmente el asunto también tiene lo suyo. Usan el mismo domicilio para tres de las empresas.
En la investigación de Aristegui Noticias se establece que el acaparamiento de obras comenzó desde 2008. En 2013, la Secretaría de Desarrollo Social del gobierno de Veracruz, de la que es titular Marcelo Montiel Montiel, convocó a la construcción de un bulevar. Las tres empresas invitadas fueron Goli, Muraza y Constructora. No importaba cuál de las tres ganara; los dueños son los mismos.
Además, dos financieras, Inmobiliaria Jumajo y Arrendadora Hermanos Ríos, eran las que proveían de recursos para las tres empresas tanto en Veracruz, Oaxaca y Chiapas. En un lapso de doce días, les inyectaron 86 millones de pesos.
Hacia el interior de las constructoras también hay un juego de nombres. A veces aparecen como accionistas, luego apoderados legales y finalmente administradores únicos, según la investigación de Aristegui Noticias. Cita también la desaparición del Oaxaco tras los bloqueos carreteros en el sureste de Veracruz, convocados por el Consejo de Pueblos Indígenas y de entrevistarse con el secretario de gobierno, Gerardo Buganza Salmerón. Su camioneta apareció calcinada, pero del constructor no volvió a saberse más.
Mediante una serie de llamadas a la sede de la Constructora del Sureste, el equipo de Carmen Aristegui logró establecer que las tres empresas usan el mismo domicilio, los mismos teléfonos, el mismo personal, lo que hace relevante el concepto de red de corrupción.
El acaparamiento de obras no es nuevo. Siendo gobernador, Fidel Herrera determinó, por citar un ejemplo, que 70 millones de pesos se le asignaran a las constructoras que Renato Tronco Gómez decidiera, según denunció el ex alcalde de Las Choapas, Antonio Pouchoulén Cárdenas. Así se hizo y nunca fueron supervisadas. Las construcciones fueron de mala calidad y otras ni siquiera se realizaron.
Actualmente, algunos constructores locales, vinculados a Renato Tronco, acaparan obras en Chiapas. Los mismos a los que Fidel Herrera benefició en Veracruz, hoy son flamantes contratistas en Chiapas, algo que deja en claro que el Cártel de los Gobernadores sigue operando.
El tema no es menor. Las evidencias apuntan a un típico caso de asociación delictuosa y si se es más puntilloso, al crimen organizado. Y en ello están involucrados Fidel Herrera, José Murat y Juan Sabines.
De ahí la pregunta: ¿algún día se constituirá al anunciada y postergada Comisión Nacional Anticorrupción, oferta del Presidente peña Nieto aún no cumplida, que tendría que esclarecer cómo los gobernadores y ex gobernadores se adueñan de las obras públicas y se enriquecen con el dinero de aquellos a quienes dicen gobernar?
Mientras ello no cristalice, el Cártel de los Gobernadores seguirá operando con toda impunidad.
(romoaya@gmail.com)(@moralesrobert)
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