LEY A MODO…..

Tres años más de un congreso  a modo..

Duarte quiere todo bajo su control

Además de la ambición política y la vida de privilegios que tener el poder otorga, Javier Duarte necesitaba con urgencia asegurar tres años más de un congreso  a modo.  Un  congreso que lejos de representar  a los veracruzanos y  pugnar por la correcta aplicación  de  los recursos públicos, se dedicara a lo mismo que el actual, a ser los grandes cómplices del  saqueo diario del que son objeto las arcas estatales.   

El 10 de enero del  2011, a unas cuantas  semanas que Javier Duarte tomara las riendas de la administración estatal  y los diputados locales el congreso, el  legislador priista Abel Jacob presentó una iniciativa de reforma a la ley de aguas del estado,  dicha propuesta suprimía la fracción V  de los artículos 22 y 40 que puntualizaban como requisito obligatorio para quien aspirara al cargo de Titular  del Sistema de Agua y Saneamiento, contar con  5 años de experiencia académica,  profesional y técnica,  que avalaran el conocimiento necesario para el manejo del agua. La mayoría priista se impuso y logró en un hecho sin precedentes en la legislatura local que un joven con  el bachillerato terminado  y un  cuestionado  diploma como Licenciado en Administración Industrial por la Universidad privada Leonardo Bravo, se quedara al frente del SAS.

El “elegido” fue el ex diputado local José Ruíz Carmona, cuya principal ventaja sobre el resto de los aspirantes consistía en la habilidad innata para hacer “cuates”.  Primero los hijos del ex gobernador Fidel Herrera, con quienes en su momento hasta se mofaba de lo “ñoño” que era el otro discípulo del maestro Herrera, Javier Duarte.   Sin embargo al convertirse este en candidato a la gubernatura del estado –superando a los “listos” como el propio Ruiz Carmona o Salvador Manzur- Pepín, como se le conoce coloquialmente, entendió lo conveniente que resultaba mantenerse cerca y ganarse su confianza y  lo logró.   El  1 de febrero de ese mismo año, José Ruíz Carmona asumió la dirección del organismo  que desde entonces enfrentaba serios problemas financieros tras el paso de Yolanda Gutiérrez Carlín por el mismo.   Al rendir protesta, “Pepín” se comprometió a una eficiente distribución del agua, a  “luchar” contra las tomas clandestinas  -que en todo caso sería en contra de quienes realizan estas acciones,  no en contra de las tomas en sí, a menos que él  crea que se puede “luchar” contra una tubería”- así como abatir los pasivos en la cartera vencida….  

Ningún compromiso se cumplió….  Tan sólo en el puerto de Veracruz, uno de los tres a los que da servicio SAS, 20 colonias regularizas carecen del servicio de agua  y  por lo menos en el 70% de  81 colonias más consideradas como asentamientos irregulares, se registran  toman clandestinas de agua.  En cuanto a la cartera vencida se mantiene en un promedio de  20 mil usuarios.   El joven sólo sirvió como parapeto de un organismo que funciona como “caja chica” del estado y bolsa de empleo de los juniors consentidos de la prosperidad. Lo único que  sí se logró es exhibir una vez más el manejo a modo de las leyes por parte de  Javier Duarte y los Diputados Locales.  

Perpetuar el saqueo…

El triunfo  del  7 de julio  de  los panistas Miguel Ángel Yunes Márquez  en  Boca del Río y Omar Cruz  en  Medellín,  puso en alerta a Gobierno del estado sobre lo “inconveniente”  que podría resultar  que dos munícipes “no afines” valiéndose de su condición de mayoría  - porque recuerde que desde el 2003 el consejo de administración del SAS está conformado por los Alcaldes de Veracruz, Boca del Río y Medellín- exigieran una auditoría al organismo y con ello se destaparan los olores fétidos que Ruiz Carmona ha dejado a su paso, sobre todo en las cuentas bancarias.

Entre los  pendientes económicos  del SAS  está el pago por  3 millones de pesos a ex trabajadores despedidos de manera injustificada en el 2008  y  400  millones de pesos por concepto de pagos de obras y liquidación a proveedores denunciado el 6 de enero de este año por el regidor boqueño Gaspar Monteagudo.   A esto habrá que sumarle los conflictos que el organismo arrastra con el sindicato en el cual hay más de mil trabajadores, las denuncias por las deficiencias  en la operación de las plantas de tratamiento y las descargas  clandestinas de aguas negras –se presumen  más de 70- sobre las playas de la conurbación. 

Ante este escenario los actuales alcaldes priistas de los 3  municipios mencionados cumpliendo las órdenes del Gobernador Duarte, planean solicitar al estado que sea éste quien se encargue de la operación del mismo, pero  cuidado, tan acostumbrados  están a manipular la ley a su antojo que se les olvida que todo, hasta su ambición, tiene un límite.

 La facultad para que los municipios sean los que administren el sistema de agua y alcantarillado, está incluida en fracción III del artículo 115 de la Constitución política vigente en el país, no en el estado, por lo que modificarla excede a la capacidad legal del congreso local, por lo que  aun logrando  a base de las tropelías de siempre que los diputados locales modifiquen  la fracción XI del artículo 71  de la constitución para el estado de Veracruz, el hecho podría ser revocado fácilmente.

La única manera “legal” en la que el estado podría asirse del control del SAS es a través de la hipótesis prevista  en la fracción XVI del artículo 71 de la constitución local pero aún en este caso, la ley contempla que se debe  demostrar  una CAUSA GRAVE  por la que los municipios no pueden mantener la administración del organismo, entendiendo como ésta la quiebra financiera del mismo, lo que implica un serio riesgo legal nos sólo para el titular del SAS sino también para los propios Alcaldes que conforman el Consejo de Administración.  Paradójicamente al  tratar de salvarlos podría Javier Duarte dar en el clavo legal que se requiere para hundirlos.

Existen tres opciones legales para que esta nueva  arbitrariedad no se consume, la primera consiste en  que uno de los munícipes que forma parte del SAS presente una controversia constitucional, pero  considerando que los tres son títeres del sistema y lambiscones de oficio, se puede descartar.  La segunda es que los diputados de oposición presenten una acción de inconstitucionalidad, lo cual se vislumbra difícil  porque comprobado está que  no están hechos a prueba de maletines repletos.  La última y es ahí donde los ciudadanos pueden demostrar su hartazgo ante una clase política corrupta hasta el tuétano, es que cualquiera de ellos que considere injusto que el estado cobre por un servicio estrictamente municipal, presente un juicio de amparo indirecto, con todas las posibilidades reales de ganarlo, por lo  que no queda más que esperar el surgimiento de un héroe desconocido.

FUENTE: NOTIVER