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El
destacado politólogo y columnista, Sergio Aguayo, promotor de los
derechos humanos y la democracia, escribe en su columna titulada “Madre
jarocha” acerca de la reacción del gobernador de Veracruz, Javier Duarte de
Ochoa, al ser confrontado públicamente por la madre de una víctima de desaparición
forzada en Orizaba. En su texto, el también académico señala que en la entidad
“atacan a periodistas y defensores de los derechos humanos porque sus
gobernadores son arrullados por el PRI y el gobierno de Enrique Peña Nieto”.
A continuación la columna:
MADRE JAROCHA
A la memoria de Elena Urrutia,
colega y amiga.
Un minuto de video confirma el desamparo de las víctimas
veracruzanas y el desdén y arrogancia de un gobernador que, sabiéndose impune,
intenta silenciar o intimidar a sus críticos.
Hace tres años desapareció en Orizaba, Veracruz, Fernanda Rubí
Salcedo Jiménez, tenía 21 años. Araceli, su madre, inició su búsqueda y así se
transformó en activista que promueve el rastreo de quienes se desvanecieron. El
23 de octubre la madre jarocha interpeló al gobernador de Veracruz, Javier
Duarte, en Orizaba. Tras sus airados reclamos estaban tres años de peregrinar
por oficinas civiles y militares, estatales y federales, que respondieron con
excusas e indiferencia.
El periódico El Mundo de Orizaba filmó y difundió el hecho que
también fue su nota principal del 24 y el 25 de octubre. Durante ese minuto la
madre persigue a un gobernador que la ignora y evita verla de frente. Jamás se
detiene. Camina zigzageando para sacarle la vuelta y abraza a uno y a otro para
tener algo que hacer sin que en ningún momento lo abandone la sonrisa
socarrona, desdeñosa y nerviosa. El minuto captura el medio siglo que lleva el
estado negando y desatendiendo las tragedias de las y los desaparecidos.
Javier Duarte tiene fama de intolerante y rencoroso, pero
necesita quienes materialicen sus impulsos primarios. Dos días después de la
interpelación el diario El Buen Tono, de Orizaba se lanzó contra la hija, la
madre y el periódico. Su primera plana pregonaba “Rubí, ligada a los Zetas”,
para luego asegurar que estaba ligada “con la delincuencia organizada” y que
las exigencias hechas por la madre fueron “mandada[s] por los adversarios
políticos” del gobernador. En la misma edición acusa a El Mundo de haber
orquestado el incidente porque había dejado de recibir “tres y medio millones
que cada mes cobraba por manejar ‘de manera amable’ las notas de la
administración duartista”.
El hecho tuvo una gran difusión y el gobierno veracruzano
reaccionó con tuits, ruedas de prensa y tarascadas que incluso alcanzaron a los
indignados de otras entidades. El lunes 26 de octubre difundí por redes
sociales el video y califiqué a Duarte de “cínico”. El mensaje tuvo impacto en
el ciberespacio y el martes 27 El Dictamen de Veracruz me avisó que ya no
publicaría mi columna después de 18 años de respetuosa relación. Invocaron
razones económicas pero guardaron silencio cuando les pregunté si el gobierno
de Veracruz tuvo alguna ingerencia en su decisión.
Luego vino la difamación. El viernes 30 de octubre Francisco
Rodríguez difundió un largo texto en el portal Índice Político. Tiene derecho a
opinar que soy un “rufián”, un “mafioso” y un “infame”, pero abusa de la
libertad de expresión cuando asegura que cobré “¡250 millones de pesos del
presupuesto público!” por digitalizar el Archivo General de la Nación. Cita a
“testigos presenciales” que vieron a mis “discípulos y cómplices” contar
durante “varios días” y “con una emoción desaforada”, el “dinero” en “el piso”
y en “los escritorios de Lecumberri [sede del AGN]”. Solo le faltó decir que
ellos iban encapuchados y ellas presumían de antifaces de Gatúbela. Cuento con
indicios para proponer una hipótesis de trabajo: Francisco Rodríguez es
empleado de, o es utilizado por, el gobierno de Veracruz para aplacar con
mentiras a uno de sus críticos.
Mis contratiempos son baladíes cuando se comparan con el
infierno que viven cotidianamente los periodistas jarochos independientes:
“Veracruz continúa [siendo] una de las regiones más peligrosas para la prensa
en el mundo” (Artículo 19, junio de 2015); “en Veracruz el periodismo se ejerce
en un ambiente de precariedad laboral, inseguridad y falta de protección por
parte de los propios medios” (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, octubre
de 2015); Veracruz es uno de los “estados con mayor incidencia en el número de
homicidios a periodistas” (Comisión Nacional de los Derechos Humanos, octubre
de 2015).
En Veracruz atacan a periodistas y defensores de los derechos
humanos porque sus gobernadores son arrullados por el PRI y el gobierno de
Enrique Peña Nieto. El Presidente acaba de nombrar al impresentable Fidel
Herrera como cónsul en Barcelona, y Javier Duarte ha hecho lo que le ha dado la
gana con Veracruz. Me dicen que el peñanietismo considera la situación jarocha
insostenible y que intentarán ponerle trancas al gobernador intolerante. ¿Lo
harán? ¿Les hará caso? Y lo más importante, ¿lo harán que rinda cuentas?
Comentarios:
Colaboró
Maura Álvarez Roldán.
Tomado de:
Internet
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