EN MEDIO DE LA INDEFENSIÓN…

Mañana se estará conmemorando el aniversario número 65 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.   Veracruz  en el primer año de gobierno de Fidel Herrera, se convirtió en el tercer estado de la república con más violaciones a los derechos ciudadanos, hoy,  con Javier Duarte en el poder, sube un escaño  y se posiciona como el segundo estado, solo superado por Oaxaca, en donde más atropellos a los derechos de la personas se cometen.  El 12 % de las denuncias a nivel nacional se dan en territorio veracruzano, los ciudadanos de a pie,  advierten Organizaciones Civiles, viven en la más absoluta indefensión.  

En medio del agitado ambiente de post guerra,  en el seno de la Organización de las Naciones Unidas  se estableció  la Comisión de los Derechos Humanos en 1946, desde entonces y hasta ahora ha sido el  principal órgano normativo en materia de protección a los  derechos de un individuo a nivel internacional.  El proyecto final de la declaración fue aprobado un 10 de diciembre del 1948 por más de 50 estados miembros, quienes  participaron también  en  su redacción. La Asamblea  General de la ONU  reunida en París,  estipuló  en un documento, las normas jurídicas y los valores que se reconocían como indispensables para una convivencia pacífica y respetuosa. 

Lamentablemente el acuerdo firmado ha quedado reducido a una buena intención, sobre todo en países como México, considerado como el más corrupto de América Latina y uno de los más corruptos del mundo.  Tan sólo durante el 2013 el estado mexicano recibió 180 recomendaciones  por parte de los países  miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.  

La mayor parte de las violaciones a los derechos de los ciudadanos  provienen  de las propias autoridades.  En el primer semestre del año se iniciaron una veintena de averiguaciones por presuntos homicidios cometidos por elementos de la Policía Federal, Ejército o Marina.  De  manera paralela la Comisión Nacional de Derechos Humanos investiga también, las denuncias por desapariciones forzadas cometidas por las “fuerzas del orden”,  en este tema Veracruz  con ocho denuncias, encabeza la lista.   Según datos proporcionados por el Sistema Nacional de Alerta, en la entidad veracruzana se registraron el mayor número de desapariciones forzadas.

También durante el 2013 Organizaciones Civiles, denunciaron un alarmante incremento en el número de agresiones a  tres  sectores de la sociedad  en particular;  Activistas sociales,  periodistas y migrantes.  Desafortunadamente Veracruz de nueva cuenta se ubica en los primeros lugares en  quebrantar los derechos de estos grupos.    

Hechos como  el asesinato del ambientalista  Noé Vázquez  en Amatlán de los Reyes, la detención arbitraria  de la activista Anaís Palacios por parte de elementos de la  policía en Coatzacoalcos, el brutal desalojo  policiaco de maestros  de la Plaza Lerdo  usando  toletes eléctricos,  las agresiones en contra de las reporteras Melina Zurita y Norma Trujillo, así como las vejaciones sufridas por los migrantes en una estancia en Acayucan, denunciada por el Sacerdote Alejandro Solalinde,  y las denuncias  ignoradas por el Instituto Nacional de Migración, han ido consolidando a  Veracruz como uno de los estados en el mundo en el que menos apego se muestra a los protocolos instituidos a nivel internacional para garantizar el respeto a los Derechos Humanos.

La más reciente historia  denunciada por la CNDH, ejemplifica a la perfección el modo en el que se vulneran en medio de  la mayor impunidad los derechos ciudadanos.  Se trata de la historia de una joven  veracruzana que en el 2011 fue detenida  de manera arbitraria  por elementos de la marina en la ciudad de Xalapa.  La mujer denunció haber sido torturada y  abusada sexualmente por los elementos que la detuvieron y posteriormente trasladaron  a un penal en Tepic Nayarit,  en donde permaneció  por dos años hasta que fue liberada por un juez, al  hallarla inocente de los cargos que se le imputaban.

La finalidad de la Declaración de los Derechos Humanos promulgada por la Asamblea General de la ONU en 1948, es proteger la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, la integridad física, la cultura, el medio ambiente, entre otros.  Sin embargo la tendencia mostrada  en los últimos años  sobre todo por parte de los  gobiernos  estatales,  advierten los organismos civiles nacionales e internacionales,  es a vulnerar todos estos derechos cobijados en  la impunidad de la que gozan los funcionarios públicos. 

Criminalizando las protestas….

La Organización Artículo 19, publica una nueva alerta a la sociedad mexicana sobre la intención de los gobiernos estatales y el federal, de manipular a través de los medios de comunicación aliados, la percepción ciudadana respecto a las protestas para poder criminalizarlas….. “De manera legal y discursiva la conversación pública parece tener una conclusión: protestar es odiar.   No son pocos los columnistas, conductores de televisión y radio que ponen las protestas en la misma categoría que los delitos; que equiparan el denunciar con “no hacer nada”; que insisten en pensar que el ejercicio a la libertad de tránsito está subordinado al automóvil;  con sus dichos impactan las percepciones ciudadanas sobre la protesta y en un debate democrático donde cualquier expresión goza de la misma libertad eso está bien, mientras también se pueda decir lo contrario” señala el texto.

Advierte Artículo 19 que el Congreso de la Unión se prepara para legislar en contra de las manifestaciones ciudadanas.  Proponen que el uso de la fuerza pública sea justificado cuando las protestas afecten “las buenas costumbres”.   La alerta publicada en la página oficial de la Organización defensora de la libertad de expresión e información, denuncia  que se pretenden establecer prohibiciones absolutas para manifestarse en vías primarias o bloquear edificios públicos, permitiendo el uso de la fuerza para evitar tales supuestos.  

 La medida  aunque a primera lectura pudiera representar una buena noticia para quienes se oponen a las manifestaciones y a las protestas porque estas alteran sus rutinas, en estados como Veracruz, en donde la negación de los problemas que afectan a la sociedad y la represión a quienes se atreven a alzar la voz es una práctica cotidiana, significa un gravísimo retroceso en materia de Derechos Humanos.   La falta de solidaridad, de empatía con quienes no encuentran otra forma de ser escuchados por la autoridad, podría provocar que se criminalice, la única manera que tienen los grupos más vulnerables de la sociedad  de ser escuchados por la autoridad.  

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Fuente: Notiver