Desde que Javier Duarte de Ochoa llegó a la gubernatura de Veracruz, la entidad se convirtió en la más mortífera para los periodistas. El año que entra el Gobernador se va, pero deja un estado sumido en la violencia, represión, pobreza y con más deuda.
Ciudad de México, 3 de noviembre (SinEmbargo).- El 1 de diciembre de 2010, el priista Javier Duarte de Ochoa rindió protesta ante el Congreso del Estado como Gobernador Constitucional de Veracruz. Desde que él llegó al poder, su administración se distingue por ser la mas mortífera para los periodistas, pues de 2011 a la fecha han asesinado a 14 comunicadores que tienen en común el haber sido críticos a su gobierno.
El último reportero gráfico asesinado, amenazado por el Gobierno de Duarte según sus propias palabras, fue muerto en la colonia Narvarte del Distrito Federal cuando huía de las garras de sus verdugos: Rubén Espinosa Becerril.
Antes de morir torturado y con un tiro en la frente, denunció ante los medios de comunicación y organizaciones como Artículo 19, que el Gobierno de Javier Duarte lo amenazó de muerte y que era seguido y vigilado en Veracruz, razón que lo obligó refugiarse en la Ciudad de México, de donde era originario. No le sirvió de nada.
Junto con él fueron asesinadas y torturadas cuatro mujeres: Nadia Dominique Vera Pérez, Alejandra Negrete Avilés, Yesenia Quiroz Alfaro, Mile Virginia Martin. La primera era una activista que también huía de amenazas de muerte por su labor en Veracruz.
Nadia acusó directamente al gobierno de Javier Duarte si le sucedía algo. La joven tenía miedo. Se sentía amenazada.
La administración de Duarte está marcada por la violencia, inseguridad, pobreza. Sin embargo, Javier Duarte ha minimizado en reiteradas ocasiones la violencia que se vive en su estado, llegando incluso a declarar que en Veracruz ya no se hablaba de balaceras y asesinatos, sino “de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”.
“Antes se hablaba de balaceras y asesinatos, de participación de la delincuencia organizada, y hoy hablamos de robos a negocios, de que se robaron un Frutsi y unos Pingüinos en el Oxxo”. Nada más alejado de la realidad. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) de diciembre de 2010 a agosto del año pasado en Veracruz hubo 3 mil 136 asesinatos.
Javier Duarte llegó a la gubernatura tras una elección polémica y cuestionada. Sus contrincantes fueron Miguel Ángel Yunes Linares del Partido Acción Nacional (PAN) y a Dante Delgado Rannauro quien se postuló por la coalición del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Partido del Trabajo (PT) y Convergencia.
El Gobernador electo ganó por 2.7 puntos porcentuales de diferencia sobre Yunes Linares. El caso llegó hasta el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), y Duarte fue acusado de actos anticipados de campaña. Al final las autoridades electorales fallaron a su favor.
El próximo año se elegirá Gobernador por un periodo de dos años y 50 diputados locales. De acuerdo con la Lista Nominal del Instituto Nacional Electoral (INE) votarán 5 millones 577 mil 152 veracruzanos, de los cuales 47.44 por ciento son hombre y 52.56 por ciento mujeres.
POBREZA Y DEUDA
En 2010, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval) reportó que en el estado de Veracruz
aproximadamente el 62 por ciento de la población percibía ingresos por debajo
de la línea de bienestar. En 2012 el porcentaje bajó al 56 por ciento, pero
para 2014 la cifra era de 63 por ciento. Durante los primeros tres años de
Gobierno de Duarte los veracruzanos en pobreza extrema en la entidad
disminuyeron en un ligero porcentaje, pasando de un estimado de un millón 590
mil a 1 millón 263 mil. Sin embargo durante 2014 los pobres en Veracruz
repuntaron de cuerdo con el Coneval, Veracruz se colocó en la segunda entidad
con más pobres.
De los dos millones de
pobres más durante ese año, el Estado de México (Edomex) aportó 941 mil
200 y Veracruz 492 mil 480, es decir representó 24.7 por ciento del
total.
En la entidad gobernada
por Duarte los pobres pasaron 52.6 por ciento al 58 por ciento, colocándose por
encima de la media nacional.
En cuanto a la deuda, el
28 de octubre pasado el Congreso de Veracruz aprobó la contratación de deuda
por más de 21 mil millones de pesos solicitada por Javier Duarte de Ochoa.
Con 35 votos a favor
y 9 en contra y una abstención, los diputados avalaron que la Secretaría de
Finanzas y Planeación (Sefiplan) use como fuentes de pago participaciones y
aportaciones de la Federación e ingresos generados por la entidad.
La aprobación de los
recursos tiene como fin pagar la deuda del estado para lo que se destinaron 15
mil millones de pesos, otros 5 mil millones pesos para el mismo fin y para
“inversiones público-productivas en materia de obras y acciones sociales
básicas que beneficien a la población en pobreza extrema o a localidades con
alto rezago social” se permitió un endeudamiento de hasta mil 700 millones de
pesos.
Durante la discusión, el
panista Julen Rementería del Puerto dijo que su partido no está en contra de
los instrumentos de deuda, sino en desconocer la forma en que se utilizan. Por
ello, manifestó su desacuerdo en que se siga endeudando al estado y votó en
contra.
La administración del
Gobernador Javier Duarte de Ochoa es investigada por el probable daño o
perjuicio a la Federación, luego que se hallaran irregularidades
multimillonarias en la cuenta pública de Veracruz. Se habla de miles de
millones de pesos que pudieron haber sido desviados; no obstante, pueden pasar
años para que este caso sea resuelto y se sepa de cuánto fue el desfalco,
debido a los procedimientos administrativos
En tanto, la respuesta del
paradero de ese dinero está en al menos 29 funcionarios o ex funcionarios
veracruzanos que ya son investigados por la Procuraduría General de la
República (PGR).
Esta historia comenzó a
principios de año, cuando la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó
irregularidades en la cuenta pública de 2013 del estado de Veracruz. En todos
los rubros del gasto federalizado –educación, salud, infraestructura y
seguridad pública– el órgano técnico de la Cámara de Diputados hizo
recomendaciones por hallar “recursos no ejercidos, no devengados o no
reintegrados a la Tesorería Federal de la Federación”.
A la fecha no se sabe
cuánto es el monto que pudo haber sido perdido, desviado o robado en la
entidad, puesto que el proceso sigue en marcha, es parte de una investigación y
el Gobierno veracruzano puede o no aclarar –este día o en un mes o en un año–
el ejercicio o no ejercicio del dinero.
Sin embargo, diversos
legisladores de todos los partidos políticos aseguraron que se trata de 5 mil
millones de pesos. Por su parte, la Auditoría Superior de la Federación
interpuso en noviembre de 2014 un total de 15 demandas legales ante la
Procuraduría General de la República en contra de funcionarios o ex
funcionarios de la actual administración, luego que las observaciones no fueran
aclaradas durante el lapso correspondiente.
Hace unos
días el periódico Reforma publicó
que el ex Gobernador de Veracruz Fidel Herrera y Duarte dejaron una obra
inconclusa que presumen haber terminado.
Según el diario ambos
gobernadores derogaron 180 millones –140 millones en la cuenta de Herrera– para
la construcción del distribuidor Buena Vista, ubicado en el municipio de
Ixtaczoquitlán, obra que no conduce a ningún lado.
La edificación que
iniciara Fidel Herrera al inicio de su mandato en 2005, había sido acordada
para construirse en dos etapas, ambas concluidas durante su administración,
según establecía en su Primer Informe de Gobierno.
La primera etapa del
proyecto tuvo una inversión de 22 millones de pesos provenientes de
aportaciones estatales del Impuesto sobre la nómina. A la segunda etapa, en
2006, se le destinaron 37 millones 991 mil 414 pesos, según un dictamen de la
licitación pública nacional número 59095001-006-06.
Ya para la tercera etapa
que inició en 2008, con plazo de 243 días, tuvo una inversión de 83 millones
687 mil 657 pesos, con el número licitación de 59095001-009-08.
Reforma cita el Quinto Informe de
Gobierno de Herrera en el que establece que “En Ixtaczoquitlán, se construyó el
distribuidor vial ‘Buena Vista’”, presentado en 2009, sin embargo esta obra no
había sido culminada.
Cuando la obra fantasma
pasó a manos de Javier Duarte, éste también hizo uso de la misma promoción.
Aseguró en su Primer Informe, con una inversión de 40.7 mdp, continuar la
construcción, pero la situación fue otra.
La majestuosa obra de la
que presumieron ambos mandatarios tenía como objetivo comunicar al municipio
veracruzano, pero se ha quedado inconclusa tras 10 años de promesas.
VIOLENCIA Y EJECUCIONES
El 20 de septiembre de
2011 fueron arrojados en de Boca del Río 35 cuerpos de hombres y mujeres
ejecutados, frente al edificio donde se realizaba el XI Encuentro Nacional de
Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia, y Procuradores y Fiscales
Generales de Justicia.
Javier Duarte declaró que
“a escasos metros del lugar donde nos encontramos, sucedieron hechos terribles,
brutales, hechos que lamentamos y, por supuesto, rechazamos, hechos que nos
lastiman a todos. En Veracruz no minimizamos al crimen, aquí en Veracruz lo
situamos en su justa dimensión, lo enfrentamos y lo combatimos”.
Según la Procuraduría
General de Justicia del Estado las víctimas tenían antecedentes como
homicidas, extorsionadores, nacormenudistas y secuestradores.
Duarte de Ochoa lamentó
publicó en Twitter: “Es lamentable el asesinato de 35 personas, pero lo es más
q esas mismas personas hayan escogido dedicarse a extorsionar, secuestrar y
matar”.
En un mensaje más indicó:
“Los 35 ultimados tienen
antecedentes penales, se les relaciona con la delincuencia organizada y están
en los registros de Plataforma México”.
Plataforma México aclaró:
“Es imposible que nuestra base de datos pueda arrojar resultados con tanta
rapidez y menos aún cuando la única evidencia de la que disponían las
autoridades son las huellas dactilares”.
Después el grupo que dijo
llamarse “Los Mata Zetas” se atribuyó el crimen.
El 4 de octubre se
implementó en el operativo federal Veracruz Seguro, en donde participaron
Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Policía
Federal y la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno de Veracruz.
Tres meses y medio
después, el 28 de enero de 2012 la Policía Federal detuvo en el aeropuerto de
Toluca a Said Zepeda y Miguel Morales, presuntos funcionarios del Gobierno de
Veracruz que transportaban dos maletines con 25 millones de pesos en efectivo.
Varios medios de comunicación pusieron en entredicho si eran funcionarios,
debido a que no aparecieron en los directorios.
El Gobierno de la entidad
argumentó que ese dinero era para las festividades del Día de la Candelaria en
Tlacotalpan, el Carnaval de Veracruz y la Cumbre Tajín.
Los adversarios políticos
de Duarte especularon que ese dinero era para financiar la campaña del entonces
precandidato a la Presidencia de la República Enrique Peña Nieto.
El diario Reforma informó
que la factura presentada por ese dinero, fue mitida 19 horas después del
decomiso. A pesar de ello, la Procuraduría General de la República (PGR)
le regreso el dinero al gobierno y con intereses.
ARTICULO
COMPLETO: http://www.sinembargo.mx/03-11-2015/1537918
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