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La Procuraduría General de la República (PGR) deberá busca y entregar el registro con el número de cuerpos inhumados ilegalmente en el estado de Veracruz de 2011 a 2015.
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La información deberá estar desglosada por número de cuerpos identificados y cadáveres entregados a sus familiares. Además, tendrá que especificar si alguno de ellos era centroamericano, de acuerdo con una resolución del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai).
La PGR respondió a la solicitud inicial de un particular que solicitó la información, que la turnó a la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo, a la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional y a la Dirección General de Servicios Periciales, y todas respondieron no haber localizado documento alguno con las características requeridas.
Así, el Comité de Información de la PGR confirmó la inexistencia de la información.
Inconforme con la respuesta, el particular presentó un recurso de revisión ante el Ifai que fue turnado al comisionado Francisco Javier Acuña Llamas.
La PGR confirmó la inexistencia de la información y además argumentó que el delito de inhumación generalmente es del orden común y no del ámbito federal, por lo que no está obligada a contar con la información solicitada.
Y precisó que la Fiscalía General de Justicia de Veracruz es la encargada de recibir las denuncias y llevar a cabo las investigaciones por ese delito.
Al analizar el caso, el comisionado ponente señaló que si bien por regla general, la investigación del delito de inhumación ilegal es del orden común, también es tipificado por el orden federal, como lo prevé el artículo 280 del Código Penal Federal.
Por ello, explicó, la PGR puede ejercer sus facultades de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes, cuando las leyes otorguen competencia a las autoridades del fuero común.
Dicha facultad es ejercida, dijo, siempre que el delito del fuero común tenga conexión con delitos federales, como lo establece el Código Federal de Procedimientos Penales.
Por tanto, Acuña Llamas resolvió que el argumento sobre la falta de obligación por parte de la PGR para contar con la información, es improcedente.
Y agregó que si bien la PGR buscó la información en algunas de las unidades administrativas competentes, no se advierte que la haya turnado a todas las unidades que por sus competencias pudieran contar con dicha información, por lo que la instruyó a realizar una nueva búsqueda en todas las unidades faltantes y una vez localizada, la entregue al solicitante.
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