- “Mi
hijo desapareció desde hace cinco años y hasta ahora que tuvimos acceso al
expediente vimos que no hicieron nada, que ni siquiera está la primera
denuncia que puse”, señala Julia Alonso, madre de Julio López, joven
desaparecido con tres amigos en Nuevo León
México,
México. 25 de noviembre de 2012.- (Proceso).- Desde principios de 2007 se publicaron las
primeras denuncias sobre personas desaparecidas, que al año siguiente ya sumaban
600. El fenómeno no se detendría.
Comenzó de a
poco –dos eperristas en Oaxaca; un par de veterinarios en Torreón; un niño de
nueve años, su padre y sus tíos; varios jóvenes que viajaban rumbo a la
frontera– y pronto se habló de colectivos: 20 vacacionistas en Acapulco, dos
camionetas con ingenieros en Piedras Negras, 38 petroleros en Cadereyta, 12
vendedores de pintura, 10 policías federales en Michoacán, ocho cazadores de
Guanajuato, tres camiones llenos de migrantes, una veintena de jornaleros
guanajuatenses, 50 personas capturadas por marinos y cientos de jovencitas de
Coahuila, Chihuahua, Veracruz o Querétaro.
La única
cifra oficial que existe hasta el momento es de la Comisión Nacional de los
Derechos Humanos: 24 mil 91 personas desaparecidas estos seis años. En 2 mil
126 casos los denunciantes (familiares de los desaparecidos) responsabilizan
del crimen a funcionarios de gobierno.
También
registró que 15 mil 921 cadáveres no identificados fueron llevados a la fosa
común; de éstos, mil 421 fueron hallados en fosas clandestinas.
Las
estimaciones extraoficiales superan esas cifras. El gobierno federal nunca dio
a conocer sus números.
El miércoles
21, en su última reunión con familiares de los desaparecidos de Coahuila –258
casos–, el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, aceptó que desde el
primer encuentro de las víctimas con Felipe Calderón y su gabinete, en mayo de
2011, ninguna de las personas fue encontrada. Admitió que tampoco formó el
grupo especializado de búsqueda que prometió seis meses antes. Justificó la
falta de resultados con un lacónico: “No nos dio tiempo”.
“Fue
evidente que no cumplió los compromisos que había firmado, pidió disculpas,
puso como pretexto que no les dio tiempo. Se comprometió a conseguirnos una
entrevista con el equipo de transición del nuevo gobierno”, relata Diana Iris,
madre del joven desaparecido en febrero de 2007 Daniel Cantú, uno de los primeros
del sexenio.
Según los
asistentes a la cita, la procuradora general de la República, Marisela Morales,
dijo que la solución sería que todos los estados tuvieran servicios médicos
forenses con laboratorios.
“Su discurso
fue horroroso, nos dijo que nuestros familiares están muertos. Le pedimos que
cuidara su forma de hablar porque no se puede hablar de muertos y le dijimos
que el delito de desaparición forzada no prescribe sino hasta que se haga
justicia y se sepa la verdad. Le preguntamos que para qué quería laboratorios
de genética forense en cada estado si no protegen a la gente para que no la
maten ni la desaparezcan, si cuando rescatan los cuerpos lo hacen de la peor
manera, los destrozan, hacen tropelías, los dejan irreconocibles”, narra Iris,
una de las fundadoras del grupo de familias Fuerzas Unidas por Nuestros
Desaparecidos en Coahuila (Fundec).
En 2008
comenzaron las primeras denuncias públicas de las familias en diversos estados
del país. En mayo de 2010 se hizo la primera manifestación en el DF, afuera de
Palacio Nacional.
Luego
surgieron grupos en distintos estados. Unidos por Nuestros Desaparecidos, en
Baja California; Comité de Madres y Familias con Hijas Desaparecidas, en
Chihuahua; Fundec, en Coahuila; Lucha por Amor, Verdad y Justicia (Lupa), en
Nuevo León; Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, Desaparecidos y
Asesinados, en Guerrero; Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos ¡Hasta
Encontrarlos!, en Guerrero y Michoacán; Voces Unidas por la Paz, en Sinaloa;
Buscamos a Nuestras Hijas, en Veracruz; Fundación Tanatológica Manavi, en
Durango; Grupo San Luis de la Paz Justicia y Esperanza, en Guanajuato y los
círculos de Bordadoras por la Paz, además de otras agrupaciones aún sin nombre.
En abril de
2011 surgió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad que sumó a
víctimas que permanecían aisladas y las ya articuladas, las que consiguieron
que el presidente y su gabinete escucharan sus reclamos en el Castillo de
Chapultepec. El problema llegó también a la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos de la OEA y al Grupo de Trabajo de la ONU para las Desapariciones
Forzadas.
A un sexenio
de distancia, en la evaluación de todos los colectivos, los planteamientos con
los que las familias salieron a las calles siguen sin cumplirse: Ninguno
rescató a un familiar con vida.
No existe el
registro nacional de personas desaparecidas. Sobre este tema Poiré dijo a La
Jornada que esa tarea correspondía a cada estado.
Tampoco se
creó el equipo interinstitucional de búsqueda y rescate. A lo más que se llegó
fue a un protocolo de búsqueda para las primeras 72 horas del reporte de no
localización, cuya implementación es opcional para cada procuraduría estatal.
Como este
semanario dio cuenta, la Procuraduría General de la República (PGR) y la
Secretaría de Gobernación tampoco aceptaron la propuesta (presentada por organizaciones
nacionales y centroamericanas) de crear un equipo interdisciplinario forense
apoyado por expertos internacionales para unificar procedimientos en la
exhumaciones de cadáveres.
Aunque el Equipo Argentino de Antropología Forense
había recabado 411 muestras genéticas de centroamericanos que tienen familiares
desaparecidos en México, la PGR no permitió que se compararan con los cadáveres
encontrados en las fosas de San Fernando, Tamaulipas. Las familias de los
migrantes siguen penando. Las que recibieron ataúdes de cuerpos hallados en
esas fosas no saben si enterraron a su familiar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario