La organización Artículo 19 reportó el asesinato de Edgard Haaz Herrera, ex funcionario, delegado de la fundación priista Latiendo por México en José Azueta, Veracruz, y columnista del periódico local Nueva Imagen Informativa.
El pasado 20 de noviembre, medios como El Piñero de la Cuenca, reportaron la muerte de Haaz Herrera, en Cosamaloapan.
“Edgard Haaz Herrera era ingeniero de profesión, funcionario del DIF y pariente del ex mandatario Fidel Herrera y de la familia Haaz del centro del estado”.
“Haaz Herrera fue estrangulado con un cable de acero quemado cuando pernoctaba en su casa, dijeron las autoridades”, añadió el medio.
Este viernes, Artículo 19 aseguró que Haaz Herrera publicaba la columna “Ecos del Tesechoacan”, “en la cual describía sus actividades como miembro de varias agrupaciones político-sociales en la región, así como sus aficiones personales”.
“El 16 de noviembre, previo al fin de semana en el que se registró su muerte, Hazz dejó en su página personal de Facebook el último registro de su actividad”.
“No obstante lo anterior, en el contexto de una severa crisis de derechos humanos que incluye el asesinato de nueve periodistas en la actual administración y el desplazamiento de varios más fuera del estado debido al clima de descomposición en el que se viene ejerciendo la labor informativa en el estado, el gobierno de Veracruz vuelve a fallar en su obligación de establecer criterios consistentes para informar”.
“Los y las periodistas representan un grupo en situación de particular vulnerabilidad en la entidad. El silencio, al igual que la filtración de información interesada sobre los casos de crímenes contra comunicadores, favorecen la especulación, al mismo tiempo que con ello se envía un mensaje negativo al resto de los periodistas de la región, quienes deben enfrentarla incertidumbre sobre su propia seguridad“.
Artículo 19 consideró que la publicidad a los casos de violencia contra la prensa “no puede operarse de manera discrecional, aún si no existe evidencia suficiente para establecer el nexo causal entre el derecho a la libertad de expresión y la agresión”.
“Estimamos que al igual que las autoridades del estado han decidido dar despliegue mediático para exhibir de manera indebida a inculpados de delito o anunciar públicamente el carpetazo a los casos de homicidio de varios reporteros este año, también debe respetarse el derecho a saber de los periodistas de la región y de la sociedad en general, y aportar, con pleno respeto al sigilo que requeriría una investigación responsable, datos de los hechos que abonen a la confianza en un momento delicado”.
Para la organización, “no es posible confirmar ni descartar en su totalidad que el crimen guarde alguna relación con el trabajo que la víctima desarrollaba en el medio periodístico”.
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