Washington D.C., 20 de noviembre de 2012. – La Relatoría Especial
para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) condena el asesinato del reportero Adrián Silva Moreno, ocurrido el 14
de noviembre en Tehuacán, Estado de Puebla, México e insta a las autoridades
mexicanas, federales y locales, a actuar con urgencia y poner en práctica todos
los instrumentos jurídicos con los que cuenta para identificar y sancionar a
los responsables materiales e intelectuales de este crimen.
De acuerdo con la información recibida, Adrián Silva Moreno y su
acompañante, identificado como Misrael López González, habrían sido
asesinados el 14 de noviembre pasado. El crimen podría estar vinculado con
información que tendría el reportero relacionada con el hurto de gasolina en la
región. Adrián Silva Moreno colaboraba en diversos medios locales entre ellos:
Diario Puntual, Radio 11.70 de Tehuacán y Global México.
Esta Relatoría manifiesta su profunda preocupación por la repetición de
gravísimos ataques contra la prensa en México. Durante este año, al menos ocho
personas, entre periodistas y trabajadores de medios de comunicación, han sido
asesinadas. El 28 de abril, la periodista Regina Martínez, de la revista Proceso, fue
hallada muerta con señales de violencia en su casa en Veracruz. El 3 de
mayo, aparecieron, también en Veracruz, los cuerpos sin vida de los fotógrafos Gabriel Huge, Guillermo Luna y Esteban Rodríguez, y de Irasema
Becerra, empleada administrativa del diario El Dictamen. El 18 de
mayo fue encontrado, en Sonora, el cuerpo sin vida del reportero Marcos Ávila García, un día después de haber
sido secuestrado. Asimismo, en la madrugada del 14 de junio, en Veracruz, fue
encontrado sin vidaVíctor Manuel Báez Chino, editor responsable
de la sección de información policial en el Diario Milenio - El Portal de
Veracruz, y editor del portal de noticias Reporteros Policíacos.
Como lo ha manifestado la Relatoría Especial en su Informe Especial sobre la Libertad de Expresión en México,
las agresiones contra la prensa en este país han obligado a numerosos medios de
comunicación, como medida de seguridad, a renunciar a la publicación de
noticias acerca de corrupción o crimen organizado, privando así a toda la
sociedad mexicana de información fundamental. El Estado mexicano debe hacer, de
manera inmediata, todo lo que esté a su alcance para impedir nuevos atentados motivados
por el ejercicio de la libertad de expresión, combatir la impunidad e impedir
el silenciamiento de los medios de comunicación. Es urgente la implementación
de una política de protección para las y los comunicadores, y romper
el ciclo de impunidad que invita a los delincuentes a cometer nuevos crímenes
contra periodistas. Proteger a la prensa es esencial para el combate integral a
la delincuencia y para la protección de la democracia. Por ello, para el Estado
mexicano debe ser una prioridad la aplicación efectiva y urgente de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos
Humanos y Periodistas, recientemente aprobada, el fortalecimiento de
la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos cometidos contra la
Libertad de Expresión (FEADLE) y la expedición e implementación de la
legislación secundaria que permita aplicar, en todo su alcance, la reforma
constitucional que faculta a las autoridades federales para investigar y juzgar
los delitos contra el ejercicio de la libertad de expresión.
El principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de
la CIDH señala: "El asesinato, secuestro, intimidación,
amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los
medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y
coarta severamente la libertad de expresión. Es deber de los Estados prevenir e
investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una
reparación adecuada".
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina
creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de
estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y
expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el
desarrollo del sistema democrático.
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