Amadeo Flores, titular de la PGJE
En su edición de esta semana, el semanario Proceso publicó un reportaje en el que se ubica al municipio de Córdoba, como el feudo de la organización delictiva de Los Zetas y se señala la presunta protección de funcionarios de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz a esa organización criminal.
“Córdoba se convirtió en el refugio de Los Zetas en Veracruz, con la protección de funcionarios de seguridad y procuración de justicia y el apoyo de empresarios para el lavado de dinero”.
“La reciente captura de tres operadores de esa organización delictiva por parte de la Marina descubrió una presunta red de favores que implica sobre todo a la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado en la ciudad donde nació el gobernador Javier Duarte de Ochoa“, informó Proceso.
De acuerdo con el periodista Jorge Carrasco, la detención de Cristopher Fuentes Letelier, El Chuletón; Gerardo Trejo Cruz, El Trejo, e Ignacio Valdez Ramírez, El Chilango, por parte de la Secretaría de Marina, quienes se identificaron como zetas, derivó en el señalamiento directo a servidores públicos de pertener a una narco red, según la investigación ministerial 947/2012 VER-FIEAFTVS-10, abierta en la Subprocuraduría Regional de Justicia Zona Centro Veracruz por el “fiscal investigador especializado” Pedro Alberto Huesca Barradas.
Estos tres sujetos dijeron laborar para el Comandante Javid o El Pájaro, a quien identificaron como “segundo comandante” del cártel en la zona de Córdoba-Fortín de las Flores y Orizaba, coordinador de extorsiones, secuestros, cobro de piso y sicarios.
Asimismo, involucraron en una red de presunta colaboración a servidores públicos comoAbraham Becerril Hernández, ex subprocurador de Justicia en Córdoba y precandidato del PRI a esa alcaldía; a María Isabel Hernández Cruz, agente del Ministerio Público en Córdoba; al secretario del ministerio público, Uriel Moreno y a Marco Antonio Lezama Moo, quien fue subprocurador en Córdoba en el año 2008 a 2010 y actualmente es subprocurador de Justicia; a Lauro Ramos Olmos, quien era agente del ministerio público en Córdoba y a Jorge Yunis Manzanares, subprocurador regional de Justicia en Coatzacoalcos.
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