Un día después del hallazgo del cadáver del periodista Gregorio Jiménez
de la Cruz –desaparecido el pasado 5 de febrero en Coatzacoalcos, Veracruz, y
encontrado en una fosa clandestina con los cuerpos de dos personas más–,
organismos nacionales e internacionales de defensa de los derechos humanos se
pronunciaron por el pleno esclarecimiento de ese crimen.
Amnistía Internacional exhortó a las
autoridades federales y estatales a que se investigue de manera pronta e
imparcial el asesinato del periodista, en tanto que la Oficina en México del
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó una
enérgica condena y se sumó a la exigencia al gobierno federal para que se
investigue de manera diligente, completa e imparcial el homicidio.
El telón de fondo en que ocurrieron los
hechos señalados es el clima de violencia y anulación del estado de derecho en
distintos puntos del país, así como la clara inoperancia de las instituciones
de seguridad pública e impartición de justicia, factores que otorgan un amplio
margen para el accionar de los grupos delictivos y derivan en un ambiente de
impunidad generalizada en el cual se han vuelto recurrentes los levantones y ejecucionesde
personas, con independencia de su profesión.
Por no ir más lejos, los cadáveres
hallados junto con el de Gregorio Jiménez corresponden, según la información
disponible, a un taxista y a un dirigente sindical llamado Ernesto Ruiz
Guillén, cuyo secuestro había sido abordado días antes en uno de los reportajes
publicados por el periodista.
En el caso, por añadidura, la situación
se agrava por el descontrol informativo y la falta de una comunicación
coherente del gobierno estatal.
A la confusión inicial originada por la
declaración de un diputado local, quien dijo que Jiménez de la Cruz había sido
hallado con vida, se suman los contrastes declarativos entre la familia de la
víctima y las autoridades veracruzanas: mientras la primera afirma que el
crimen está relacionado con su trabajo periodístico –particularmente con la
cobertura de dos asesinatos relacionados con el bar El Mamey, propiedad de
Teresa de Jesús Hernández, una de las detenidas–, las segundas insisten en
señalar que el móvil fue una venganza personal.
En una entidad donde se han registrado
15 homicidios de periodistas de 2000 a la fecha –10 de lo cuales ocurrieron
bajo la administración actual–, y habida cuenta de los elementos de juicio
mencionados, es, sin embargo, imprescindible que la procuraduría local tenga en
cuenta todas las posibles líneas de investigación y se abstenga de ofrecer a la
opinión pública conclusiones apresuradas. De otro modo se refuerza el
escepticismo de ésta en general y se impulsan el descrédito institucional y la
incertidumbre y la zozobra ciudadanas.
Tales factores, a su vez, lastran el
necesario esclarecimiento del caso citado y dificultan la recuperación del
estado de derecho en Veracruz y en el país.
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