JESÚS CANTÚ
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| Duarte en su conferencia matutina. Foto: Miguel Ángel Carmona |
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Durante los 38 meses de gobierno de Javier Duarte, en promedio cada tres meses muere o desaparece un periodista; y, aunque hay evidencias irrefutables de la mala integración de las investigaciones de la Procuraduría estatal y de “sospechosas coincidencias” de las coberturas periodísticas de algunos de los profesionales de información asesinados, en todos los casos las autoridades niegan que tales crímenes tengan relación con su ejercicio profesional.
Con el homicidio de Gregorio Jiménez de la Cruz, reportero de la fuente policiaca de los periódicos Notisur y Liberal del Sur, el número de reporteros asesinados durante el mandato de Duarte llegó a 10, y además siguen desaparecidos Gabriel Fonseca Hernández, también reportero de la fuente policiaca del periódico El Mañanero de Acayucan, desde el 17 de septiembre del 2011; y Sergio Landa Rosado, que cubría las mismas fuentes para el diario Cardel, de la localidad que lleva el mismo nombre, desde el febrero de 2013. Así, hasta el momento el recuento es de 10 asesinados y dos desaparecidos, aunque con pocas esperanzas de encontrarlos con vida, dado que ambos ya llevan meses en dicha condición.
La violencia e inseguridad en el estado es generalizada, y el pasado miércoles 12 de febrero Anahis Palacios, representante del Colectivo por la Paz, de Xalapa, Veracruz, al participar en una manifestación frente al Palacio de Gobierno, señalaba que sólo la Procuraduría General de Justicia de Veracruz tiene contabilizados 484 casos de personas desaparecidas. Sin embargo, aclaró que esa era la cifra oficial, pues el número podría ser mucho mayor ya que, en estos delitos, la llamada cifra negra es alta.
Pero las ya de por sí alarmantes estadísticas de inseguridad se agravan por tres aspectos al menos: la incapacidad de las autoridades para atender las alertas previas o incluso las denuncias de algunos periodistas; la mala integración de las averiguaciones previas por parte del Ministerio Público estatal; y la decisión de desechar cualquier línea de investigación que vincule los asesinatos al ejercicio periodístico de las víctimas…
Fragmento del análisis que se publica en la edición 1946 de la revista Proceso, actualmente en circulación.
Hay tres casos en los que evidentemente las advertencias, denuncias o incluso eventos delictivos previos fueron públicamente conocidos y, sin embargo, las autoridades no hicieron nada para prevenir el secuestro o el asesinato. Regina Martínez, corresponsal de Proceso en dicha entidad, había sufrido un robo en su domicilio y había sido amenazada; Sergio Landa había sido secuestrado un mes antes de su desaparición y fue liberado tras la intervención de las autoridades; y Gregorio Jiménez –según el director de la organización de la sociedad civil Artículo 19, Darío Ramírez– había manifestado en 2013 que sufrió una serie de amenazas de muerte como consecuencia de su trabajo periodístico.
Respecto a la pésima integración de los expedientes, también el caso de Regina Martínez es una muestra palpable de esas irregularidades. El reportero Jorge Carrasco desnudó las limitaciones, manipulaciones y contradicciones de la investigación. El reportaje era contundente, y con las evidencias presentadas demostró, entre otras cosas, “cómo la confesión del presunto implicado se contradice con las periciales de la propia Procuraduría General de la República, pues mientras el primero señala que la periodista bebió cerveza con ellos, el peritaje dice que ‘no se detectó la presencia de alcohol etílico’ en la muestra de sangre de la periodista; que las huellas dactilares del hoy condenado a más de 38 años de prisión no corresponden con las localizadas en la casa de Regina; que la única huella de calzado que examinaron los peritos ni siquiera fue comparada con la del condenado, y que la juez se adelantó a dictar la sentencia, con base en la confesión del implicado, sin esperar el resultado de los exámenes del llamado Protocolo de Estambul (para comprobar si fue torturado para inculparse) aplicados por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la PGR” (Proceso 1903).
Lo peor es que Enoc Maldonado, quien fue precisamente el encargado de integrar la averiguación previa del homicidio de Regina Martinez y, por lo tanto, responsable de todas las deficiencias ya señaladas, es también el responsable de investigar el caso de Gregorio Jiménez.
En cuanto a la constante negativa de profundizar en las líneas de investigación vinculadas al ejercicio periodístico, basta reflexionar en torno al hecho de que en la fosa en que fue encontrado el cuerpo de Jiménez también se hallaba el cadáver de Ernesto Ruiz Guillén, secretario de la CTM en el municipio de Villa de Allende, Veracruz, quien había sido secuestrado el 18 de enero pasado, acontecimiento del que el periodista dio cuenta en sus textos informativos. Este hecho implica, casi indubitablemente, que el secuestro y homicidio de ambos los perpetró el mismo grupo delictivo y, por lo tanto, tiene que haber algún tipo de vinculación con el ejercicio profesional de Jiménez.
A pesar de ello, tanto el procurador Amadeo Flores Espinosa, como la vocera del gobierno estatal, Georgina Domínguez, persisten en su explicación de que Jiménez fue asesinado en venganza por “diferencias personales y familiares” con su vecina Teresa de Jesús Hernández Cruz, y omiten cualquier explicación respecto a la “sospechosa coincidencia” de los dos cuerpos en la misma fosa.
Las estadísticas y las agravantes evidencian que el gobierno de Veracruz no tiene ningún interés en proteger el ejercicio periodístico ni en castigar a los responsables, intelectuales y materiales, de los atentados en contra de la libertad de expresión; su única preocupación es encontrar explicaciones totalmente ajenas al trabajo de los profesionales de información (intentos de asalto, venganzas personales, involucramiento en actividades ilegales o, simplemente, “estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado”), para de esa forma cerrar los expedientes y aparentar que no hay impunidad.
Así, como dijo en 2010 Frank La Rue, relator especial de las Naciones Unidas para la Promoción y Protección de Libertad de Opinión y Expresión, Veracruz “es el estado más peligroso para el ejercicio de la prensa en uno de los países de mayor riesgo a nivel mundial”. Y, desde luego, esto es así por la deplorable actuación del gobierno de Javier Duarte.
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