Por: Lydia Cacho
Unos se congratulan y
celebran, pero la gran mayoría de la sociedad pone en duda que la detención de
Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera sea de utilidad para abatir a la delincuencia
organizada.
Parece urgente concentrarnos en lo que verdaderamente significaría derrumbar al imperio del multimillonario empresario de la industria mundial de narcóticos ilegales.
Para que un sujeto se encumbre de semejante forma, precisa de redes oficiales que le faciliten llevar a cabo sus ilícitos y trasladarlos a la dinámica empresarial, ésa que le permitió viajar en jets privados durante años y aparecer con una fortuna perfectamente cuantificada en la revista Forbes.
Cuando hablamos de redes oficiales no solamente nos referimos a las políticas, también a las empresariales, particularmente a las financieras: los grandes bancos.
El Departamento de Justicia norteamericano pide que Guzmán sea extraditado no sólo para asegurarse de que quede preso el resto de su vida; la información que el detenido podría darles es poder. El mensaje de Washington a Peña Nieto es: no confiamos en ustedes, seguramente lo liberarán o lo dejarán escapar como antes.
Nosotros, en cambio, no le debemos nada a este enemigo público. Pero a los justicieros norteamericanos no se les puede creer cabalmente, a menos que enjuiciaran a todos los directamente vinculados en las transacciones que permitieron meter millones de dólares en el sistema financiero de ese país.
Deberían transparentar luego los vínculos de cada transacción y a los responsables directos de la aprobación, manejo y ocultamiento de las fortunas. Porque sin duda aquí los bancos son cómplices del narcotráfico al blanquear los recursos obtenidos por este cártel.
Qué tal que en lugar de que los procuradores de Nueva York, Chicago y California se peleen por juzgar en sus estados a “El Chapo”, colaboren para llevar a juicio a todos los cómplices de la agencia migratoria, de la Oficina de Aplicación de Leyes de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y de las aduanas y policías norteamericanos que protegen la entrada y franca distribución de las drogas ingresadas por “El Chapo” y sus cómplices en el vecino país.
La paradoja es tremenda: por un lado los norteamericanos están convencidos de que Guzmán Loera debe ser juzgado en su país para que no escape a la ley, y por otro implica transparentar las fuertes redes mafiosas que protegen la venta y consumo de drogas en EU.
En México, por un lado tenemos a un presidente priista celebrando la captura de “El Chapo”, y por otro a cientos de priistas que tiemblan ante la posibilidad de que, al ser juzgado en EU, negocie entrega de información que demuestre de una vez por todas cuántos miles de millones de pesos invirtió su empresa criminal en las elecciones de nuestros alcaldes, gobernadores y presidentes.
Expertos de la DEA nos lo han dicho a varias periodistas desde hace tiempo: los estados más pacíficos, geográficamente estratégicos por los que entra droga (entre otros léase Quintana Roo) son los que mejores negociaciones han hecho con el gran capo.
¿Irá el PRI tras esos gobernadores y senadores que llenaron las urnas, de norte a sur del país, con dinero ensangrentado? Acaso se investigará a sí mismo el gobierno federal para determinar qué tanto dinero de las elecciones de 2012 salió de las cuentas de Guzmán Loera y sus socios.
¿Acaso las procuradurías investigarán el subsidio monumental que ese cártel ha hecho a las redes de trata de mujeres y prostíbulos VIP desde Buenos Aires, pasando por México hasta Chicago?
¿Acaso algún día la opinión pública tendrá acceso a esta información sin que le cueste la vida a quien la publique?
“El Chapo”, para efectos prácticos, no tiene más valía en la cárcel que el ladrón de autos de Morelos. Sin un verdadero trabajo internacional y transparente para desmantelar las redes de corrupción y a los cómplices que le permitieron cavar túneles en todo el continente, su encarcelamiento carece de importancia y puede desatar más violencia de parte de sus huestes de la que él tenía bajo control estando libre.
Qué sencillo resulta caer en la fruición celebratoria del arresto, en el festín mediático muy al estilo Washington, en que se le compara erróneamente con Bin Laden. En el linchamiento de un hombre sólo como falsa prueba de la batalla contra todos (al estilo Hollywood).
Lo difícil es admitir que más allá de atraer lectores para la noticia, en la maquinaria de la narco-criminalidad amparada por las redes políticas y empresariales, “El Chapo” no es sino un peón.
Sus redes, desde ya, están reorganizándose y moviendo las piezas para seguir el juego. Todavía nadie debería cantar victoria, mucho menos asegurar que se hizo justicia.
Twitter: @lydiacachosi
*Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
Parece urgente concentrarnos en lo que verdaderamente significaría derrumbar al imperio del multimillonario empresario de la industria mundial de narcóticos ilegales.
Para que un sujeto se encumbre de semejante forma, precisa de redes oficiales que le faciliten llevar a cabo sus ilícitos y trasladarlos a la dinámica empresarial, ésa que le permitió viajar en jets privados durante años y aparecer con una fortuna perfectamente cuantificada en la revista Forbes.
Cuando hablamos de redes oficiales no solamente nos referimos a las políticas, también a las empresariales, particularmente a las financieras: los grandes bancos.
El Departamento de Justicia norteamericano pide que Guzmán sea extraditado no sólo para asegurarse de que quede preso el resto de su vida; la información que el detenido podría darles es poder. El mensaje de Washington a Peña Nieto es: no confiamos en ustedes, seguramente lo liberarán o lo dejarán escapar como antes.
Nosotros, en cambio, no le debemos nada a este enemigo público. Pero a los justicieros norteamericanos no se les puede creer cabalmente, a menos que enjuiciaran a todos los directamente vinculados en las transacciones que permitieron meter millones de dólares en el sistema financiero de ese país.
Deberían transparentar luego los vínculos de cada transacción y a los responsables directos de la aprobación, manejo y ocultamiento de las fortunas. Porque sin duda aquí los bancos son cómplices del narcotráfico al blanquear los recursos obtenidos por este cártel.
Qué tal que en lugar de que los procuradores de Nueva York, Chicago y California se peleen por juzgar en sus estados a “El Chapo”, colaboren para llevar a juicio a todos los cómplices de la agencia migratoria, de la Oficina de Aplicación de Leyes de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), y de las aduanas y policías norteamericanos que protegen la entrada y franca distribución de las drogas ingresadas por “El Chapo” y sus cómplices en el vecino país.
La paradoja es tremenda: por un lado los norteamericanos están convencidos de que Guzmán Loera debe ser juzgado en su país para que no escape a la ley, y por otro implica transparentar las fuertes redes mafiosas que protegen la venta y consumo de drogas en EU.
En México, por un lado tenemos a un presidente priista celebrando la captura de “El Chapo”, y por otro a cientos de priistas que tiemblan ante la posibilidad de que, al ser juzgado en EU, negocie entrega de información que demuestre de una vez por todas cuántos miles de millones de pesos invirtió su empresa criminal en las elecciones de nuestros alcaldes, gobernadores y presidentes.
Expertos de la DEA nos lo han dicho a varias periodistas desde hace tiempo: los estados más pacíficos, geográficamente estratégicos por los que entra droga (entre otros léase Quintana Roo) son los que mejores negociaciones han hecho con el gran capo.
¿Irá el PRI tras esos gobernadores y senadores que llenaron las urnas, de norte a sur del país, con dinero ensangrentado? Acaso se investigará a sí mismo el gobierno federal para determinar qué tanto dinero de las elecciones de 2012 salió de las cuentas de Guzmán Loera y sus socios.
¿Acaso las procuradurías investigarán el subsidio monumental que ese cártel ha hecho a las redes de trata de mujeres y prostíbulos VIP desde Buenos Aires, pasando por México hasta Chicago?
¿Acaso algún día la opinión pública tendrá acceso a esta información sin que le cueste la vida a quien la publique?
“El Chapo”, para efectos prácticos, no tiene más valía en la cárcel que el ladrón de autos de Morelos. Sin un verdadero trabajo internacional y transparente para desmantelar las redes de corrupción y a los cómplices que le permitieron cavar túneles en todo el continente, su encarcelamiento carece de importancia y puede desatar más violencia de parte de sus huestes de la que él tenía bajo control estando libre.
Qué sencillo resulta caer en la fruición celebratoria del arresto, en el festín mediático muy al estilo Washington, en que se le compara erróneamente con Bin Laden. En el linchamiento de un hombre sólo como falsa prueba de la batalla contra todos (al estilo Hollywood).
Lo difícil es admitir que más allá de atraer lectores para la noticia, en la maquinaria de la narco-criminalidad amparada por las redes políticas y empresariales, “El Chapo” no es sino un peón.
Sus redes, desde ya, están reorganizándose y moviendo las piezas para seguir el juego. Todavía nadie debería cantar victoria, mucho menos asegurar que se hizo justicia.
Twitter: @lydiacachosi
*Plan b es una columna publicada lunes y jueves en CIMAC, El Universal y varios diarios de México. Su nombre se inspira en la creencia de que siempre hay otra manera de ver las cosas y otros temas que muy probablemente el discurso tradicional, o el Plan A, no cubrirá.
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