Los
casos de Javier Duarte y Guillermo Padrés representan, para el gobierno federal
y las instancias encargadas de impartir justicia, una gran oportunidad de hacer
valer el Estado de derecho en medio de profundos y latentes cuestionamientos.
De
igual modo, los partidos políticos, en este caso el PRI y el PAN, deberían
considerar la posibilidad de actuar en congruencia, frente a la exigencia
generalizada, para ejercer castigos ejemplares a aquellos cuadros que usan sus
posiciones de poder para enriquecerse a costa de
los contribuyentes.
El PRI
y el PAN han hecho lo que su protocolo estatutario les indica: a Duarte y
Padrés les han retirado el apoyo institucional, lo que aparentemente es bueno;
pero, ¿es suficiente solo un “jalón de orejas” del partido? Casos como el de
Humberto Moreira, acusado de delitos de blanqueo y malversación, así como de
cohecho y organización criminal, es la prueba más evidente de que la justicia
partidaria sirve para muy poco o nada, más allá del oportuno desmarque.
Pero la
oportunidad está allí, presta a ser tomada por las instancias de gobierno y las
instancias responsables de hacer justicia. El hartazgo y el desánimo social
frente a la impunidad deben ser el aliciente para que, de una vez por todas y
sobre cualquier costo político, se haga justicia.
Tal
vez, en la actual coyuntura, el costo sea muy alto; pero es el momento justo de
demostrar que el honor y la justicia están por encima de la corrupción y la
indiferencia.
Por eso
le preguntamos a todos ustedes, nuestros lectores, ¿lograrán que se haga valer
el Estado de derecho en México?
Como
siempre, les damos la bienvenida.
Adelante.
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