Eduardo Suárez | kaleydoscopio.mx
Alejandro Alfonso Moreno Baca salió en su auto desde la ciudad de México a finales de enero de 2011 para visitar a unos familiares en Texas, Estados Unidos. Durante su recorrido por iba publicando su ubicación en Facebook. El ingeniero en sistemas de IBM subió a las 9 de la noche del 27 de enero su último mensaje en un punto ubicado entre Monterrey y Nuevo Laredo. Pareció como “si la tierra se lo hubiera tragado”, narró su madre, Lucia Baca, quien junto con su esposo y amigos viven “un horror que nadie sabe”.
Moreno Baca es una de las más de 26,000 personas que están desaparecidas del 2006 al 2012, y cuyos casos fueron sacados a la luz pública en el Informe 2013 de desapariciones forzadas por Amnistía Internacional; de ellas no se sabe cuántas han aparecido, pero “algunas son víctimas de desapariciones forzadas en las que hay funcionarios públicos implicados. Otras han sido privadas de su libertad por particulares o bandas delictivas”, indica el trabajo.
Este delito, que sólo en 13 estados está tipificado, aumenta día con día en un contexto violento por la lucha contra el crimen organizado que provoca violaciones a los derechos humanos ante la impunidad que impera.
De acuerdo con Juana de Jesús Santiago legista de la UNAM y quien participó en el seminario “Desaparición forzada de personas, crimen de Estado y Rendición de cuentas”, la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que México ratificó, define este delito como:
“El arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley”.
El gobierno mexicano publicó en febrero de 2013 una base de datos de personas registradas como desaparecidas en las procuradurías generales de justicia de los 32 estados y del DF: entre diciembre de 2006 y diciembre de 2012 se registraron 26 mil 121 casos.
En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Amnistía Internacional detalló que ha documentado 152 casos individuales de desaparición en siete estados. Esta organización cree que en al menos 85 casos hay indicios suficientes de implicación de funcionarios públicos; pero sólo dos personas han sido sentenciadas por este delito.
El doctor Daniel Cerezo, intente del Comité Cerezo México, declaró sobre la mesa, que más de 1 800 casos de desaparición forzada están sin resolver desde la “guerra sucia” (1960 – 1980), cuando las víctimas eran detenidas por la policía o las fuerzas de seguridad durante operaciones de contrainsurgencia lanzadas contra pequeños grupos armados en varios estados, como sucedió en el contexto del movimiento zapatista de Chiapas.
“El registro de las personas desaparecidas en México es grave, pero aún más es que no hay integración de datos. No existe voluntad política para buscar a las personas luego que desaparecen, pues el protocolo indica que se tienen que esperar unos días para comenzar a investigar; además las autoridades son muy herméticas y no ofrecen datos a los familiares”, expuso.
Los familiares de las víctimas se comenzaron a organizar ante impunidad y falta de resultados por parte de las autoridades. En 2011, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad emprendió una campaña nacional, y junto a diversas Ong’s y Human Rights Whatch provocaron que en 2012 el Congreso aprobara la Ley General de Víctimas, cuyo objetivo era otorgar mayor reconocimiento jurídico a los derechos de las víctimas, incluido el derecho a la verdad, la justicia y las reparaciones.
La legislación federal contiene una ley que penaliza la desaparición forzada, pero que no cumple las normas internacionales.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que se investigan 2 mil126 casos de desaparición forzada y de que recibió quejas de familiares en relación con 565 personas registradas como desaparecidas o no localizadas; la CNDH sólo emitió cinco recomendaciones: 2012 y tres en 2011. Ninguna ha dado lugar a sentencias condenatorias.
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