CASO REGINA: JAVIER DUARTE MANIOBRA PARA IMPONER SU VERSIÓN

El gobernador de Veracruz, Javier Duarte. Foto: Yahir Ceballos

El futuro del juicio por el asesinato de Regina Martínez, quien fuera corresponsal de Proceso en Veracruz, depende de lo que recomiende un magistrado de aquel estado, Agustín Romero Montalvo. El problema es que la esposa de ese juez recibió un magnífico puesto gracias al gobernador veracruzano. El juzgador enfrenta un conflicto de interés: ¿Tendrá verdadera libertad para contradecir la versión del benefactor de su mujer?

MÉXICO, D.F. (Proceso).- El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, busca que la justicia federal avale su versión del asesinato de Regina Martínez Pérez, quien fue corresponsal de Proceso en aquella entidad. Luego del revés que sufrió por parte de la propia justicia estatal, Duarte utilizó su autoridad para congraciarse con el magistrado encargado de proponer la resolución del caso.

Con el conocimiento de que el expediente judicial está radicado desde agosto de 2013 en el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Séptimo Distrito, con sede en Xalapa, Javier Duarte logró en diciembre pasado que el Congreso de Veracruz designara a María Dolores Silva Obando integrante del Consejo Directivo del Centro Estatal de Justicia Alternativa, puesto importante en la estructura judicial veracruzana.

Silva Obando es esposa del magistrado Agustín Romero Montalvo, el encargado de elaborar el proyecto de resolución del amparo con el que se pretende revocar la liberación de Jorge Antonio Hernández Silva, El Silva, acusado por el gobierno de Duarte de participar en el homicidio de Regina Martínez.

El 27 de diciembre de 2013 el pleno de la LXIII Legislatura de Veracruz, “por obvia resolución”, avaló con 43 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones la propuesta de Duarte para designar a Jesús Alvízar Guerrero, María Dolores Silva Obando y Héctor Solorio Almazán integrantes del Consejo Directivo del Centro Estatal de Justicia Alternativa, que sustituyó al Centro Estatal de Mediación.

Los favorecidos, designados para un periodo de seis años, rindieron protesta ante el pleno del Legislativo ese mismo día. Su labor consistirá en buscar la conciliación para que casos penales, civiles y mercantiles menores no lleguen a tribunales.

(Fragmento del reportaje que se publica en Proceso 1955, ya en circulación)