IMPERICIA JURÍDICA EN VERACRUZ

Jorge E. Lara de la Fraga/ Espacio Ciudadano

“Lo falso, por mucho que crezca, nunca podrá elevarse a la verdad…”R. Tagore.

Cuando el conglomerado se decide realiza acciones importantes y sorprendentes. Sin importar el calor atmosférico prevaleciente y un sol veraniego a plomo, haciendo a un lado el cansancio, la edad avanzada, los achaques y las pesadumbres, un buen número de jubilados y trabajadores nos reunimos en las oficinas del IPE el pasado viernes 29 de agosto, a las 11 horas, para marchar con destino a las oficinas de los juzgados federales para entregar los amparos en contra de la nueva Ley de Pensiones. No fuimos pocos los derechohabientes que paralizamos la vialidad del Arco Sur, pues se calcula que más de 2500 elementos ejercimos nuestro derecho a protestar por esa aberración legal perpetrada por el gobernador Javier Duarte de Ochoa y avalada al vapor por la mayoría de una obediente legislatura. Compañeros y conciudadanos del norte, del sur y del centro de la entidad expresaron su repudio a ese articulado que lesiona los derechos laborales y humanos y espera que el Poder Judicial Federal actúe en consecuencia.

Jubilados y pensionados del IPE marcharon pero no son escuchados por autoridades

Sobre el particular hay que destacar que un nutrido número de derechohabientes interpusimos nuestros recursos de amparo y que rebasamos con facilidad los 8,000 expedientes que fueron turnados a la instancia respectiva. La dirigente y colega de la COPIPEV, Adriana Chávez Tejeda, insistió que esta multitudinaria manifestación es sólo un primer paso, toda vez que después de la presentación de los amparos los afiliados al IPE exigirán la transparencia en las cuentas de la Institución. Adicionó que cuando se hicieron las primeras reformas al Instituto en la administración estatal pasada se garantizó que el Fondo de Pensiones estaba asegurado por lo menos durante 20 años; sin embargo, a 4 años de esas modificaciones, se dice que hay problemas y se tienen que resolver a través del cobro de aportaciones adicionales a pensionados.

Un pensionado de la región montañosa de Teocelo se manifestó por escrito en los siguientes términos: “Con todo descaro los diputados de mayoría, tricolores y anexos, hicieron humo la deuda que el gobierno del estado tiene de más de 3 mil millones de pesos y que fueron utilizados en el pasado para impulsar campañas políticas y que materialmente quebraron las finanzas del organismo pensionario. Con la reforma reciente son los trabajadores y los pensionados quienes deberán hacer frente a este desfalco, mediante  mecanismos perversos como incrementar las cuotas a los activos y gravar las pensiones de quienes ya, en razón de justicia, no deberían hacerlo…” En tales términos, la emblemática leyenda que portaba la COPIPEV no podía ser más oportuna: “No falta dinero, sobran ladrones”.

Por otra parte, hay que indicar a la ciudadanía que la famosa ley número 287 de Pensiones del Estado adolece de graves fallas y se contrapone a ordenamientos de nuestra Carta Magna. Existe una demanda de anticonstitucionalidad que solicitó hace poco la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual fue turnada a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La aberración jurídica exhibe la irresponsabilidad o la ignorancia de los Poderes Ejecutivo y Legislativo de nuestra entidad. El abogado Eduardo Pérez Saucedo indica: “El gobierno del Estado debe reconocer que cometió un error con la reforma a la ley del IPE y corregirlo…” Aludió a los artículos 16, 19, 32 y 59, mismos que son violatorios a los derechos de los trabajadores y de los jubilados; asimismo coincidió que tal normatividad es anticonstitucional y que sobre el asunto de la eliminación de la figura del Estado como aportador de cuotas y como garante, es un absurdo, ya que la tendencia es garantizar que el Estado sea quien haga incluso aportaciones extraordinarias en caso de emergencias.

Por otra parte, el diputado local del PT, Fidel Robles Guadarrama, fue enfático al manifestar que si procede la acción de anticonstitucionalidad en contra de la Ley del IPE, sería el segundo revés para el Congreso de Veracruz. Recordó que hace unos días un juez federalvalidó amparos a más de 6 mil docentes en contra de la armonización estatal de la Ley de Educación. Remató: “En lo tocante al tópico presente, si procede la acción referida, tendría que invalidarse la nueva ley y la Legislatura deberá reponer el procedimiento para modificar la normatividad del Instituto, de acuerdo con los criterios que delinee la Suprema Corte de Justicia de la Nación…” Así las cosas, todo hace suponer que en Veracruz no sabemos legislar.

FUENTE: PLUMAS LIBRES