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Luis Ángel Bravo tendrá trabajo seguro en los siguientes 9 años
gracias a las reformas constitucionales. Foto: Cuartoscuro.
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Por Ignacio Carvajal, especial para SinEmbargo
Ciudad
de México, 15 de enero (SinEmbargo/Blog Expediente).– A pesar de que sabía que la niña de cinco años
Karime Reyes de la Cruz había sido asesinada desde una semana antes de
reconocerlo de manera oficial, el entonces Procurador de Veracruz, Luis Ángel
Bravo Contreras, siguió dando esperanzas a la familia de la menor sobre la
posibilidad de encontrarla.
Aún
cuando existen evidencias de que en septiembre pasado cinco personas -todos de
ellos jóvenes- fueron secuestrados y golpeados por elementos del Mando Único
estatal, y a la fecha cuatro de ellos no aparecen, el ahora Fiscal General de
Veracruz permaneció estoico.
Otro
caso fue el asesinato del pastor Claudio Martínez, mismo que despertó la
indignación de Coatzacoalcos, investigaciones que siguen empantanadas luego de
que se quedó sin culpables, pues los que la justicia veracruzana mantenía
presos, salieron libres al demostrarse que confesaron bajo tortura.
En
el sur de Veracruz existen docenas de fosas clandestinas en donde se ha
sembrado la muerte y se han encontrado restos sin identificar. A pesar de estos
hechos consumados, Luis Ángel Bravo Martínez fue ascendido de Procurador de
Justicia a Fiscal General… para estar en el cargo hasta el año 2024.
Gracias
a reformas en la Constitución local, desde el viernes pasado, Bravo es jefe del
organismo autónomo y tendrá trabajo seguro en los siguientes nueve años en la
cuestionada impartición de justicia veracruzana, pues así ha resultado por lo
menos en los meses que ha permanecido en la dependencia gubernamental que
encabeza tras la salida de Amadeo Flores.
De
acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, la incidencia delictiva del fuero común aumentó en casi todos los
rubros de los años 2008 a diciembre de 2014 en el Estado de Veracruz, bajo el
mandato del Gobernador Javier Duarte.
En
el total de robos aumentó de los 13 mil 725 que hubo en 2009 a los 17,270 que
se denunciaron durante 2014, dando un gran total de 156 mil 283 en dicho
periodo. En cuanto a homicidios, ha habido 10,370 durante el sexenio de
Duarte, mientras que el delito de secuestro se incrementó de los 0 reportados
en 2009 a los 138 denunciados en 2014, dando un total de 425 en lo que va de la
presente administración.
En
el rubro de violaciones, ha habido 6 mil 051 en todo el gobierno del Mandatario
priista y un total de 25,488 amenazas. Tan solo las cifras de la violencia
en contra de las mujeres y las niñas, según la Procuraduría General de Justicia
de Veracruz (PGJV), desde el año 2010 han tomado registro de al menos 104 casos
de mujeres desaparecidas en la entidad, delitos que se encuentran sin resolver
hasta la fecha. De ellos, 35 por ciento corresponde a niñas de 11 a 15 de
años; 15.5 por ciento adolescentes de 16 y 17 años; 27 por ciento son
jóvenes de 18 a 24 años; 7 por ciento son mujeres de 25 a 29 años.
En
total, suman 104 mujeres desaparecidas en Veracruz durante gobierno de
Duarte. La extorsiones aumentaron en el presente sexenio, y de acuerdo con
las cifras oficiales, se reportaron mil 465.
SIN DOLOR
El
5 de septiembre de 2014, Coatzacoalcos lloró la confirmación oficial de la
muerte de la niña Karime Cruz Reyes, de 5 años de edad, quien fue encontrada
muerta junto a su tía, Mónica Reyes Baruch, quien también estaba plagiada, pero
que presuntamente formó parte del plan para secuestrar a su sobrina.
La
menor fue encontrada en una fosa clandestina dentro de una casa improvisada de
la colonia Luis Echeverría, un domicilio boletinado en medios de comunicación,
desde una semana antes, mismo del que hasta mostraron fotos y de los
elementos de la Ministerial custodiando.
Al
filtrarse la información a los diarios, desde la Subprocuraduría de Justicia
del Sur, con sede en Xalapa, y ante las presiones de los padres, que sólo
pedían saber la verdad, se afirmó que la búsqueda de las dos secuestradas
seguía en pie.
De
nada sirvieron las lágrimas y reclamos de los progenitores -que reprochaban las
publicaciones en papel y en rlas edes sociales- para ablandar el corazón del Fiscal
veracruzano. Lo más importante era preservar la imagen de Veracruz ante la
reunión plenaria de Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y
del Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), efectuada en Veracruz y Boca del
Río a finales de agosto, y la cual contó con la visita del Secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong y de la plana mayor del tricolor.
El
desenlace fue fatal, por lo que los padres, Nora Reyes y Alejandro Cruz, aún
con el inmenso dolor que los invadía, decidieron crear una fundación que lleva
el nombre de la menor, desde la cual brindan apoyo a quienes han perdido un
hijo, tal como a ellos les sucedió.
“Yo
no le guardo rencor a nadie, ya el recuerdo de nuestra hija, nos hace salir
adelante, estamos buscando la ayuda de Dios y estamos perdonando”, dijo
Alejandro Cruz a Blog Expediente al ser cuestionado -en una de sus
últimas apariciones en público- sobre el manejo del caso de su pequeña por
parte de las autoridades.
“Vemos
que no hay ayuda para los padres que han perdido aun hijo, que es algo muy duro
y no se encuentra la manera de superar ese dolor, las terapias son muy caras y
en el gobierno hay poco respaldo, por eso nosotros vamos a poner un granito de
arena”, agregó Nora Reyes en ese mismo encuentro, al explicar el papel de su
fundación.
CASO OLVIDADO
Todavía
no se recuperaba la sociedad veracruzana del asesinato de la bebé Karime Cruz,
cuando se presentó en Nanchital -feudo del Sindicato Petrolero de la Sección
11- el asesinato de la adolescente Gloria Vianey Santiago Ventura, de 16 años
de edad, quien resultó golpeada y asesinada en un predio de ese municipio. Su
agresores intentaron desaparecer el cuerpo prendiéndole fuego.
Los
padres sospechan del novio de la joven -de quien esperaba un hijo- sin embargo
el joven, también menor de edad, no ha sido llamado a cuentas por la Fiscalía
estatal, lo que les despierta sospechas de que cuenta con protección oficial.
La
madre de la víctima, Gloria Ventura, denunció a que no obstante que la
Subprocuradora Samyra del Carmen Khouri le prometió una audiencia para
informarle de los avances de la investigación, esto solo quedó en el
ofrecimiento.
Desde
que tomó posesión en el cargo, el 14 de noviembre pasado, de manos del propio
Luis Ángel Bravo Contreras, del Carmen Khouri se mantiene en la oficina a
piedra y lodo. La funcionario no recibe a reporteros ni rinde cuentas sobre el
avance de las investigaciones. Tampoco da audiencias y a los actos públicos a
los que es invitada, no va y prefiere mandar representantes.
IGNORADOS
Esther
Alcántara está convencida de que su hijo fue secuestrado por policías. No le
quedan dudas porque hubo personas que le fueron a dejar información debajo de
la puerta de su casa, en donde se incriminaba a elementos del Mando Único en el
secuestro de 5 jóvenes el pasado 2 de septiembre, en un tramo carretero entre
Jáltipan y Cosoleacaque.
Abordo
de un automóvil, Natanahel Fernández Alcántara iba en compañía de sus amigos
José Armando Jiménez de la Cruz, Erik Leobardo Solís López, Miguel Ángel
Ángeles Manzano y Heber Arturo Castillo. Los jóvenes andaban de fiesta y
habrían sido detenidos por un retén de la policía, para ser trasladados a algún
sitio en donde resultaron golpeados y torturados.
Una
foto que llegó a su poder -de un supuesto oficial de la SSP arrepentido de
seguir órdenes para cometer abusos y atropellos- se mostró su hijo golpeado en
distintas partes del cuerpo. En la escena igual se miraba a los otros
desaparecidos.
Pese
a los señalamientos de la madre, no se abrió investigación contra la policía.
De hecho, su chico, días después, fue encontrado sin vida en una fosa
clandestina en el municipio de Tatahuicapan, junto a dos personas más.
“Deja
de andar buscando, perra, entierra a tu hijo y deja de ladrar”, le dijo a
Esther Alcántara una voz desde el anonimato para que parara de manifestarse en
las calles en busca de justicia.
Los
otros cuatro jóvenes permanecen sin aparecer y las autoridades no hacen nada
por encontrarlos.
ABUSOS DE AUTORIDAD
En
noviembre de 2015, en el estacionamiento de un plaza comercial, José Ignacio
Férez Kuri fue asesinado por presuntos ladrones de auto. El 14 de noviembre,
cinco personas resultaron detenidas y señaladas por el crimen.
Aunque
algunos cuentan con antecedentes penales, se presentaron manifestaciones de sus
familiares alegando que eran chivos expiatorios. También existía evidencia de
golpes, malos tratos y abusos de autoridad al momento de sus aprehensiones.
La
defensa de los detenidos ya presentó los amparos correspondientes ante las
violaciones a los derechos humanos con la espera de lograr sean liberados, tal
y como pasó con los cuatro empleados de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE), quienes pasaron menos de un año en encierro por el caso del asesinato
del pastor Claudio Martínez.
Los
empleados de la CFE salieron libres porque se comprobaron los abusos cometidos
contra ellos. Uno de ellos, inclusive quedó lastimado de un ojo ante la golpiza
a la cual lo sometieron, pues aun con el cambio de nombre, los agentes
ministeriales no dejan de demostrar su brutalidad policiaca, lejanos a los
procesos científicos que tanto presume el cordobés Luis Ángel Bravo Contreras,
ascendido de procurador de Justicia a Fiscal General.
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