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| Campesinos enfrentan la sequía en la mixteca oaxaqueña. Foto: Hugo Cruz |
MÉXICO, D.F., (apro).- Las reformas aprobadas por el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto lejos de augurar cambios sustantivos en la relación de los pueblos originarios con el Estado, conllevan a la transgresión de sus derechos al punto de incurrir virtualmente en un etnocidio, advirtió José del Val Blanco, director del Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural y la Interculturalidad (PUIC) de la UNAM.
Al participar en un seminario sobre migración indígena, en el Instituto de Investigaciones Económicas (IIEc) de la UNAM, el especialista expuso que el rezago en las comunidades originarias es resultado de “un modelo extremo” de disparidad social”, no del olvido, la fragmentación, la lejanía o negativa a participar en el desarrollo.
El actual modelo, abundó, sigue estrategias de combate a la pobreza que sólo demuestran su inoperancia y ausencia de resultados.
El Estado considera a los sectores e individuos más desfavorecidos como “sujetos privilegiados de programas ostentosos que cumplen la función de mantenerlos en esa condición con el menor costo político posible”.
Según estudios y mediciones del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza y desigualdad tienen sus máximas expresiones en los municipios con mayoría originaria.
Sólo uno de cada cuatro mexicanos indígenas cuenta con estudios de secundaria completos o ingreso al bachillerato, mientras que el promedio nacional es de más del 50% de cobertura en estos niveles.
Además, este sector padece las mayores carencias en cuanto a acceso a alimentación y condiciones de la vivienda, según informes recientes del organismo.
En contraste, sus tasas de ocupación son de entre 70 y 90% en personas de 25 a 59 años y superiores a las dos quintas partes de los mayores de 60. En el medio urbano trabajan, principalmente, en construcción y en el sector terciario informal, actividades mal pagadas y de baja calificación.
Del Val Blanco añadió que según organismos internacionales, la situación de los pueblos originarios en América Latina es más adversa que la revelada por cifras oficiales.
En los años recientes, continuó, los hidrocarburos, minerales, el agua, la biodiversidad y hasta los saberes tradicionales se han transformado en mercancías.
“La mayoría de los países de la región han renunciado a su soberanía territorial y a la potestad primaria sobre sus recursos estratégicos en perjuicio de sus poblaciones”, condenó.
Por ejemplo, dijo, en la primera mitad del siglo XX, en México se concesionaron más de 51 millones de hectáreas del territorio nacional, destinadas a 24 mil 351 proyectos mineros y el crecimiento inmediato de esa industria exigió en 2011 la entrega de mil 512 concesiones nuevas, hasta por medio siglo, a cerca de 300 empresas extranjeras.
“Los pueblos indígenas enfrentan el despojo, instalado como alternativa única para el desarrollo y crecimiento, impuesta sobre comunidades, recursos, territorios y culturas”, subrayó Del Val Blanco.
Y si bien analizar, cuantificar y delimitar la miseria es una preocupación compartida por gobiernos y organismos internacionales, la prioridad debería ser atender sus causas, subrayó.
fuente: Proceso
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