Por Ilse García
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| Protesta en Xalapa, Vercruz, el 23 de febrero, por la violencia contra periodistas. Foto: Cuartoscuro |
Ciudad de México, 10 de
enero (SinEmbargo).– La tarde del viernes 2 de enero, Moisés Sánchez Cerezo se
encontraba dormido en su domicilio de la colonia Gutiérrez Rosas, en el
municipio de Medellín del Bravo, Veracruz. Un grupo de al menos nueve hombres
fuertemente armados arribó a su domicilio a bordo de tres automóviles, tres de
los sujetos entraron hasta su cuarto y se lo llevaron, relató su hijo Jorge
Sánchez.
Su
caso ha movilizado nuevamente a los periodistas veracruzanos y de varias
ciudades del país, quienes hace casi un año protestaban también, primero
exigiendo la aparición con vida del periodista Gregorio Jiménez, secuestrado
por hombres armados en su domicilio el 5 de febrero de 2014. Seis días después,
el 11 de febrero, esos reclamos arreciaron luego de que la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE) informara el hallazgo del cuerpo del comunicador
en una fosa clandestina.
El
caso de Moisés Sánchez puso nuevamente en evidencia la crisis de inseguridad
que vive la prensa en Veracruz, que es la entidad más violenta para ejercer el
periodismo en México, según organizaciones civiles nacionales y extranjeras,
así como periodistas.
El
hijo de Sánchez Cerezo detalló que su padre fue secuestrado alrededor de las
19:30 horas de ese viernes, junto con su computadora, su cámara fotográfica y
varios celulares.
“Todo
fue tan rápido pero sabemos [que se lo llevaron] por su trabajo periodístico,
porque se lo llevan con su equipo y no se llevaron dinero ni nada”, denunció
Jorge Sánchez.
Moisés
es, hasta el momento, el quinto periodista desaparecido en Veracruz, y el
cuarto en lo que va de la administración del Gobernador priista Javier Duarte
de Ochoa. Sin embargo, ayer, durante el transcurso del día versiones
extraoficiales destacaban que el periodista habría sido encontrado muerto desde
el pasado lunes; esa información no ha sido confirmada por la Procuraduría
General de Justicia local.
De
acuerdo con la organización internacional Artículo 19, del 2000 a la fecha en
Veracruz se ha asesinado al menos a 15 periodistas, homicidios que podrían
estar relacionados con la labor periodística de las víctimas.
Durante
el mandato del priista Javier Duarte de Ochoa, la situación se ha agravado.
Artículo 19 contabiliza los homicidios de 10 periodistas de diciembre de 2010 a
la fecha.
Los
años más violentos para los periodistas en la entidad han sido 2011 y 2012, los
primeros del gobierno de Duarte. En 2011 se registraron al menos cuatro
asesinatos de periodistas, mientras que en 2012 se documentaron cinco.
Y
no sólo las cifras muestran la realidad en Veracruz, también los periodistas
del estado lo han denunciado en diversas ocasiones.
Mussio
Cárdena Arellano, periodista y analista político de Coatzacoalcos, denunció que
en la entidad, el gobierno, encabezado por Javier Duarte de Ochoa, no quiere
que la prensa dé a conocer la realidad que se vive: una deuda histórica que
cada día crece mes más y que genera crisis en la sociedad.
Por
ello, aseguró, “hay un control económico muy fuerte a través del convenio de
publicidad, con los medios. Hay periodistas que son millonarios gracias al
dinero del gobierno del estado”.
“Aquí
se crean publicaciones que están para aplaudirle al Gobernador, y esto viene
desde la época de Fidel Herrera Beltrán. Se le aplaude a un Gobernador, se le
aplaude a los funcionarios de gobierno, y se vuelven unos magnates del
periodismo. Muchos de esos medios no están en manos de periodistas, son
industriales del periodismo, y hasta los políticos, son dueños de medios de
comunicación”, dijo Cárdenas Arellano en entrevista con SinEmbargo.
Por
otro lado, comentó, a los periodistas críticos de la entidad, se les secuestra,
se les desaparece, se les acosa.
Ayer,
en medio de la desaparición del periodista Moisés Sánchez, Sayda Chiñas
Córdova, periodista también de Coatzacoalcos, denunció que el jueves la
despidieron del diarioNotisur,
donde laboraba desde hace cinco años, debido a su activismo y por exigir
justicia para su compañero Gregorio Jiménez en 2014, y ahora, para Moisés
Sánchez.
La
también reportera del diario La Jornada, quien
hace unos días dijo a este medio que en Veracruz “mucha de la presión viene por
parte del Estado”, denunció que debido a las manifestaciones en las que ha
participado, por su activismo en redes sociales e incluso por denunciar la
realidad que vive el periodismo veracruzano en entrevistas con diversos medios,
ayer le dieron “las gracias”, justificando que ya no daba resultados
periodísticos.
Sayna
Chiñas llevaba cinco años y seis meses como Coordinadora de información deNotisur y
ayer, sin más explicaciones, la despidieron. Ella aseguró que los dueños del
diario están ligados a actores políticos, específicamente, al Alcalde
Coatzacoalcos, Joaquín Caballero Rosiñol, y al Delegado federal de la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) en el municipio, el también ex Alcalde
Marcelo Montiel Montiel.
Sobre
el tema, Mussio Cárdenas columnista y colaborador en varios medios locales, comoPlumas Libres,
comentó que el gremio periodístico en Veracruz está contaminado por políticos y
por empresarios.
“Aquí
se crean publicaciones que están para aplaudirle al Gobernador, y esto viene
desde la época de Fidel Herrera Beltrán. Se le aplaude a un Gobernador, se le
aplaude a los funcionarios de gobierno, y se vuelven unos magnates del
periodismo. Muchos de esos medios no están en manos de periodistas, son
industriales del periodismo, y hasta los políticos, son dueños de medios de
comunicación”, detalló.
Por
ello, dijo, cuando periodistas le dan voz a los problemas sociales de la
entidad se ponen en un riesgo, que se ve traducido en un acoso permanente, el
cierre de puertas en otros medios y, en algunos casos, el “levantón como
sucedió hace un año en Coatzacoalcos, con Gregorio Jiménez, y en el caso de
Moisés Sánchez”.
O
también, añadió, como ahora con el despido injustificado de Sayna Chiñas, el
cual se debió “al activismo de la periodista que ha mantenido en casos como los
de Gregorio Jiménez”.
Ambos
periodistas coincidieron que en las agresiones contra su gremio en Veracruz hay
una fuerte presencia de la “mano del gobierno”.
Cárdenas
Arellano dijo que en el caso de Moisés Sánchez, “hay detenidos 36 policías, hay
dos evadidos, y se señala al Alcalde de Medellín del Bravo, el panista Omar
Cruz Reyes”.
Sobre
el caso del periodista desaparecido, Mussio Cárdenas recordó que el hijo del
periodista de Medellín del Bravo denunció la amenazas que su padre había
recibido tres días antes de ser secuestrado. “Le dijeron que el Alcalde le iba
a dar un susto”, por ello consideró que en el caso está involucrado el Edil de
extracción panista, “quien ya había pactado con el Gobernador Javier Duarte,
estaba en su esfera”, así como la policía.
“Hay
evidencias de que los policías, incluso lo dijo el Procurador del estado,
fueron quienes lo levantaron. Estamos hablando de una desaparición forzada”,
aseveró el columnista.
Recordó
que en el caso de Gregorio Jiménez de la Cruz, quien fue hallado muerto el 11
de febrero de 2014, la versión oficial fue que su asesinato se debió a un
pleito entre vecinos.
“Estamos
hablando de dos cuartadas semejantes, en las cuales le quieren quitar al
trabajo profesional de ambos periodistas, la etiqueta de que los violentaron
por lo que escribían.
Esa
es una tendencia que trae el gobierno de Javier Duarte, de no aceptar que a los
periodistas los están matando por su actividad periodística.
Son
las autoridades del estado las que en las averiguaciones previas tratan de
evitar que se exhiba que al periodista en Veracruz se le mata por su actividad
profesional, acusó.
“Trataron
de hacer lo mismo con Regina Martínez, fue una situación similar”. Sin embargo
recordó que fue la propia periodista –quien fue asesinada el 28 de abril de
2012– la que documentó que a su casa habían entrado a robar dos veces antes de
su muerte.
El
gobierno estatal, afirmó el periodista, es uno de los principales responsables
de la manera en cómo se trata a la prensa en Veracruz. “El Gobernador del
estado lo primero que hizo, en el caso de Moisés, fue decir que no era
periodista, que no era reportero, que era taxista”.
Sánchez
Cerezo se dedicaba a manejar un taxi para mantener a su familia, expuso: “Él
vive de su taxi y lo que le sobraba le servía para imprimir sus periódicos”.
En
tanto, Sayna Chiñas denunció que en Veracruz “hay un acoso por parte del
Estado, sobre todo a aquello que en redes sociales, les hablan a tus jefes y
les dicen que los bajes. O les hablan a tus jefes y les dicen que le bajes”.
Chiñas
dijo que ese tipo de acciones se dan por parte de los funcionarios encargados
de la Comunicación Social del Gobernador, y de los propios Ayuntamientos. Todo
esto, dijo, es operado por las policías municipales, que son las que más
afectan al trabajo y a la integridad de los periodistas en esa entidad.
“Incluso
ahorita hay un esquema, desde que entró el Mando Único, de que no nos podemos
acercar [a los lugares de los hechos]. Hay vigilancia, nos toman fotos. Ya
hacen otras labores de inteligencia, como ellos le llaman, que para nosotros no
es otra cosa sino acoso”, denunció.
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