CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Madres del
Colectivo Solecito, que ha documentado más de 90 desapariciones en la región
costera de Veracruz, recibieron un “regalo” de la delincuencia organizada, el
pasado 10 de mayo.
Se trata de croquis y mapas dibujados
a mano, en hojas de papel bond, con decenas de cruces marcadas en un predio que
se ubica a espaldas de la colonia Colinas de Santa Fe, en el llamado kilómetro
13.5 de una zona urbana del Puerto de Veracruz, en el traspatio del recinto
portuario.
“Bajaron tres sujetos de una
camioneta, con una clara pinta de delincuentes (…) Se acercaron a nosotros sin
decir nada, empezaron a repartir lo que creíamos eran volantes. No dijeron una
sola palabra. Al ver el primer croquis, supe de qué se trataba”, dice Lucía de
los Ángeles Díaz Genao, activista de Solecito y madre de Luis Guillermo Lagunes
Díaz, ‘DJ Patas’, levantado por un comando el 28 de julio de 2013.
Después de tres meses de recibir el
“regalo”, las madres del Colectivo Solecito, con apoyo de la Policía Científica,
además de sabuesos traídos de Guerrero y peritos de la Fiscalía General, han
localizado 66 fosas en una hectárea, de las 14 que pretenden analizar.
De ese total, 52 fosas ya fueron
removidas y se han extraído osamentas y restos de cabello, así como tenis (de
hombre y mujer) y ropa.
“Por las lluvias no hemos podido
trabajar estos días. Ya dejamos marcados 14 puntos más, que estamos seguros hay
restos humanos enterrados. Estamos ante el narcocementerio de la delincuencia
más grande en la historia de Veracruz”, resume Díaz Genao desde una cafetería
ubicada en la zona centro de la Ciudad de México.
Hasta el momento la Policía
Científica y la Gendarmería Nacional han revisado seis fosas, de donde se han
hallado de 19 cuerpos. Sólo en una de ellas se encontraron los restos de nueve
personas.
Según Lucía de los Ángeles, han
encontrado fosas con una profundidad superior a los dos metros y medio.
“Tuvieron que utilizar trascabos y maquinaria pesada. ¿Cómo entierras a gente
de esa forma, sin una complicidad policíaca?”, pregunta.
Una vez que tuvieron en sus manos las
pistas del narcocementerio, las madres que integran el Colectivo Solecito
tomaron cursos de antropología forense y criminalística, y entablaron relación
con la Relatoría Especial de la ONU y otras organizaciones no gubernamentales.
Las mujeres también viajaron a
Iguala, Guerrero, para capacitarse en la búsqueda de fosas y para contratar a
un grupo de “canes” integrado por Jesús Canal, Guadalupe Contreras y Joel Díaz,
con el fin de facilitar la pesquisa de inhumaciones clandestinas.
“Ya arrancamos una campaña de
exámenes de ADN para facilitar la localización de cuerpos, incluso ésta se
aplica a familiares de desaparecidos que ni siquiera tienen denuncia por miedo,
por amenazas o porque no creyeron en la justicia”, señala Díaz Genao.
Añade: “Todas las fosas que hemos
encontrado al día de hoy (26 de agosto) son ‘positivas’ (con restos humanos),
pero no sabemos cuántos hay. No manipulamos restos, puede haber varios en una
misma fosa. Así ha pasado, dos o tres cuerpos por fosa. Hoy no buscamos
culpables, no es nuestro tema del colectivo. Buscamos a nuestros hijos”.
Deficiente trabajo
de la SEIDO
El 14 de abril de 2015, luego de
examinar sus dispositivos electrónicos, elementos de la Subprocuraduría
Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) acudieron a
ese mismo predio y, tras una “exhumación a medias”, extrajeron los cuerpos de
cinco personas decapitadas y detuvieron a un presunto criminal.
Desde hace tiempo la “vox populi”
señalaba que en ese sitio enterraban cuerpos, y en redes sociales y páginas
electrónicas de células delincuenciales se decía constantemente que el
traspatio del recinto portuario era zona de inhumaciones clandestinas.
La SEIDO desoyó la súplica de las
madres desaparecidas y, peor aún, la Fiscalía General del estado (FGE) aseguró
que sus peritos ministeriales habían hecho diligencias y solo habían encontrado
“el esqueleto de un perro”.
“La SEIDO tuvo una participación
allá, un rompecabezas donde encontró restos. Nosotros desde el principio
supimos que la SEIDO no había hecho un buen trabajo, por eso, mejor entre las
madres del Solecito decidimos recaudar fondos para hacer la búsqueda, trabajar
con nuestros ahorros y contratar a ‘canes’ de Iguala, que son hombres que se
dedican al rastreo”, sostiene Díaz Genao.
El tema del traspatio del recinto
portuario, añade, no lo van a soltar hasta que “peinen” y hagan pruebas
forenses en las 14 hectáreas que abarca dicha zona, y posteriormente partirán
ahora a zonas de Alvarado, donde también tienen indicios de que pudiera haber
otros cementerios clandestinos utilizados por la delincuencia organizada.
“Tan solo en la primera escarbada que
dimos, y con un colador para cernir la tierra, sacamos 50 huesos del lugar
donde se supone que ya la SEIDO había hecho una exploración. Ellos tuvieron
todo ahí, a sólo 200 metros de donde sacaron cinco cuerpos”.
Hoy, día con día,
cuando las condiciones climatológicas lo permiten, las madres de desaparecidos
se apersonan en el predio con el apoyo de la Policía Científica y los “canes”
contratados para ello. Introducen varillas que despiden olores sui
generis cuando tocan o entran en contacto con elementos biológicos.
“Ya no le ponemos tiempo al proyecto,
creo que nos podemos pasar todo el año aquí y tal vez un poco más. La respuesta
del gobierno federal y estatal ha sido fría”, dice la activista.
En lo que va del
sexenio, Proceso y Apro han contabilizado 17
narcocementerios a lo largo y ancho de Veracruz, con más de 200 cuerpos, sin
contar las últimas 66 fosas del traspatio portuario y las osamentas o restos
óseos que puedan ser hallados en ese sitio.
Entre Portezuelo y Mata Loma se
localizaron 28 cuerpos, de los cuales sólo uno ha sido identificado y entregado
a sus familiares. En Alvarado, en la comunidad de Paso Nacional, se hallaron
nueve cuerpos en septiembre de 2015, y casi un año antes, en junio de 2014, se
exhumaron 33 cadáveres de dos narcofosas en el rancho “El Diamante”, en el
municipio de Tres Valles.
En julio de este año se descubrieron
tres osamentas en el ejido “El Jobito”, en el municipio de Chacaltianguis, y el
19 de enero, en Emiliano Zapata, policías ministeriales recogieron los
cadáveres de 12 personas que fueron arrojadas en un basurero natural, muy cerca
de la Academia de Policía de El Lencero.
Años antes, en febrero de 2012, más
de 15 cuerpos fueron hallados en el rancho “La Poma Rosa” en Acayucan,
propiedad de un acaudalado ganadero y dueño de carnicerías al sur de la
entidad. En ese lugar, una célula de Los Zetas se apropió de la mitad del
terreno para sus diversas actividades delictivas.
El narcocementerio
fue descubierto a raíz de la detención del ‘Pollo H’, un líder zeta de la
región (Proceso 1843).
En junio de 2012, nueve cuerpos
fueron hallados en tres narcofosas del municipio de Lerdo de Tejada. El aparato
gubernamental minimizó el hecho. Dos años después, en julio del 2014, elementos
d ela Policía Ministerial inhumaron al menos ocho cadáveres en la congregación
de Paraíso Novillero, dentro del municipio de Cosamaloapan.
En marzo de 2012, fuerzas federales
hallaron ocho cadáveres en la congregación Frijol Colorado, en la zona árida de
Perote. En Antón Lizardo, comunidad costera perteneciente a Alvarado, en un
predio conocido como “Playa Cava”, fueron hallados siete cadáveres con huellas
de tortura y de bala. Los cuerpos estaban semienterrados en un terreno arenoso.
A principios de mayo pasado, la
Dirección General de Servicios Periciales de la FGE envió a la fosa común 80
cadáveres (no identificados) hallados en la región de Veracruz, Boca del Río,
Medellín y La Antigua, entre otros municipios de la zona costera y del
Sotavento veracruzano.
Por supuesta saturación del Servicio
Médico Forense, la FGE decidió llevar a cabo una inhumación programada de
cuerpos, debido a que varios de los que no fueron no identificados llevaban
varios años en la plancha forense sin ser reclamados por sus familiares.
Aunque la FGE no lo aclaró, varias de
esas personas murieron en situación de violencia y fueron ejecutadas por el
crimen organizado o bien abatidos por las fuerzas armadas federales o locales.
Muchos de los cuerpos se encontraron a orillas de la carretera o en cementerios
clandestinos.
Sin rastro
Lourdes Rosales Calvo, Rosalía Castro y Lucía Díaz Genao, integrantes del
Colectivo Solecito, aseguran que no hay día que no hagan una mínima acción para
dar con el paradero de sus hijos, arrebatados en esta espiral de violencia y en
situaciones inexplicables.
Guillermo Lagunes Díaz, ‘DJ Patas’,
fue levantado en el interior de su domicilio en julio de 2013. En esos momentos
se cotizaba como el DJ más famoso de Veracruz, y amenizaba las fiestas de
empresarios e hijos de políticos, y se le veía trabajando en los clubes más
selectos del sureste y caribe mexicano. Cuando se reportó su desaparición,
tenía 17 contractos pactados en la Riviera Maya y Cancún.
“Ganaba su dinero, 70 mil pesos
mensuales. Estaba trabajando de forma legal. Era el mejor DJ de Veracruz. Hoy
no saben dónde está en la Policía Ministerial. Llevó tres años escuchando lo
mismo. Te dan una retahíla de cosas: que no tienen vehículo, que no tienen
gasolina, que no tienen tecnología, te cuentan todos tus pesares y, para
concluir, (te dicen) que “no tardamos en atender su diligencia”, sostiene Díaz
Genao.
Carlos Casso Castro desapareció junto
con su novia Lizet Vicencio en diciembre de 2011, entre el puerto de Veracruz y
Huatusco. Se “hizo humo”. De oficio profesor y dueño de una tienda deportiva,
hoy nadie sabe de su paradero.
Su mamá, Rosalía Castro, ha hecho
averiguaciones y diligencias por su cuenta, ante la opacidad ministerial y de
la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). “La autoridad dispone de poco
personal para realizar las investigaciones, no pide videos, entrampa la
petición de cuentas bancarias para ‘checar’ movimientos, así como la
colaboración con otros estados”, dice Castro.
Jonathan Celma Rosales, agente
aduanal, desapareció el 29 de julio de 2013. Un comando lo levantó de su
domicilio en el puerto de Veracruz, junto con su pareja Lucero Fontán. Ambos
fueron subidos a una camioneta PT Cruiser escoltada por un Bora gris. Los vehículos
se perdieron entre las calles de Arboledas Floresta.
Lourdes Rosales Cano, madre de
Jonathan, presentó la denuncia ante la Séptima Agencia del Ministerio Público
con el folio 961/2013/7/Ver-08. Ese mismo 29 de julio los captores exigieron
medio millón de pesos por la liberación del joven. La señora Rosales negoció
con los plagiarios, quienes convinieron en aceptar 50 mil pesos. Incluso le
pidieron depositar el dinero en una caseta telefónica frente a una plaza
comercial. Aunque el rescate se pagó, Celma no fue liberado y ninguna autoridad
ha podido dar con su paradero.
A poco más de 90 días de que concluya
el sexenio de Javier Duarte, la entidad veracruzana entró en una severa crisis
de gobernabilidad. Las estadísticas así lo refieren: ocho personas fueron
ejecutadas en los últimos días en el sur de Veracruz, principalmente en
Coatzacoalcos, y con amenazas del Cártel Nueva Generación (CNG) hacia Los
Zetas, ocho personas fueron secuestradas y abatidas en Alto Lucero por
presuntos integrantes de Los Zetas.
Además, seis secuestradores y un
policía estatal fueron abatidos en Uxpanapa al liberar a dos personas
plagiadas, y se han documentado diversas ejecuciones solitarias a lo largo y
ancho de Veracruz.
Pese a ello, Javier Duarte asegura
que dejará una entidad “más segura” y con una policía “depurada”.
fuente: PROCESO.
