POR JORGE CARRASCO ARAIZAGA ,
La
Suprema Corte de Justicia invalidó las leyes a modo que los salientes
gobernadores de Chihuahua y Veracruz, César y Javier Duarte, se habían dado
para impedir la fiscalización de sus respectivos gobiernos.
Los
ministros decidieron por unanimidad echar abajo las leyes que ambos gobernantes
priistas promovieron en sus Congresos luego de perder las elecciones de junio
pasado ante el PAN, a pesar de la prohibición establecida en la reforma
constitucional que creó el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA).
Aprobada
en 2015, la ley del SNA estableció en su articulado transitorio que ninguna
entidad podía legislar antes de la entrada en vigor de la Ley General del
Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades
Administrativas.
Derrotados
en las elecciones para elegir a sus sucesores, se anticiparon y propiciaron que
sus Congresos aprobaran disposiciones para designar a los fiscales, contralores
y magistrados, en un intento por hacer nombramientos transexenales para acotar
a los gobernadores que los sucederán.
Los
ministros resolvieron que los gobernadores César Duarte, de Chihuahua, y Javier
Duarte, de Veracruz, actuaron “de forma precipitada”, por lo que declararon la
invalidez de las leyes que promovieron.
La
Suprema Corte resolvió así las acciones de inconstitucionalidad promovidas por
el propio gobierno de Enrique Peña Nieto. También impugnó leyes similares
promovidas por el otro gobernador derrotado, el priista Roberto Borge, de
Quintana Roo.
Sobre
los tres gobernadores hay señalamientos de irregularidades en el manejo de los
recursos públicos. Los Duarte se van en noviembre próximo, y Borge en abril de
2017.
A
solicitud del Senado, la Corte le dio trámite prioritario a esas acciones de
inconstitucionalidad.
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