POR NOÉ ZAVALETA , ESTADOS
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Procuraduría General de la
República (PGR) y la Fiscalía Especializada para el Combate a la Corrupción en
el Servicio Público Federal ya investigan las denuncias interpuestas contra el
gobernador saliente de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y el mandatario
electo Miguel Ángel Yunes Linares.
Ambos
políticos han recurrido a la PGR para demandarse por desvío de recursos,
enriquecimiento ilícito, daño patrimonial, presunto lavado de dinero, entre
otras acusaciones que vienen arrastrando desde 2015.
En
rueda de prensa, el secretario de Gobierno Flavino Ríos Alvarado confirmó que a
Veracruz y al Palacio de Gobierno han acudido empleados de la PGR para realizar
diligencias, entrevistas y pruebas ministeriales por las querellas federales
presentadas en contra de Yunes Linares, pero también han solicitado información
del gobernante en turno, sobre todo la relacionada con las llamadas
“empresas fantasmas”.
Ríos Alvarado orientó la rueda de prensa a señalar que él compareció como
“testigo” de una investigación que realiza la PGR contra los bienes inmuebles
de Miguel Ángel Yunes Linares, su esposa e hijos.
Ríos
Alvarado ahondó que en el caso de la investigación derivada de las denuncias
puestas contra Javier Duarte, la actual administración estatal siempre ha “estado
dispuesta” a colaborar, “en especial” -insistió- con la Procuraduría.
“Lo que
tuvimos fue una reunión en la que prevaleció la urbanidad y la civilidad
política, y en ese sentido el gobierno del estado ha entregado toda la
información desde el primer momento en que supimos que se investigaba a la
familia Yunes Linares”, dijo.
En el
noticiero “Despierta” de Televisa con Carlos Loret de Mola, el funcionario
estatal informó que “fuentes oficiales” le confiaron que el director de
Catastro del gobierno de Duarte, Domingo Yorio es el “primer inculpado” de la
PGR por “esconder a una autoridad federal” información que le solicitó sobre
las propiedades del gobernador y sus colaboradores más cercanos.
A menos
de 70 días de que concluya su sexenio, al priista Javier Duarte le han
estallado diversos escándalos, la mayoría relacionados con la situación
financiera por la que atraviesa el estado, con una deuda pública que ronda los
50 mil millones de pesos, pagos pendientes a proveedores y contratistas
superior a los mil millones de pesos, así como el impago a diversos
trabajadores del estado. En contraste, políticos de oposición (PAN y PRD) con
base en documentos de la ASF acusan a Duarte y también a sus colaboradores más
cercanos de haberse enriquecido con dinero del erario público.
En ese
contexto, hoy el titular de la Secretaria de Gobierno local aseguró que “hay
tranquilidad” en el aparato gubernamental, ante la ola de acusaciones pues
-dijo- “el que nada debe, nada teme”.
“Conozco
perfectamente el alcance legal de mis responsabilidades como secretario de
Gobierno, y les comento a todos que en ningún momento el gobernador Javier
Duarte de Ochoa me ha pedido que haga algo indebido o ilegal en el tiempo que
llevo de laboral con él”, afirmó.
Ríos
expuso que en reunión con el Fiscal Especial para el Combate a la Corrupción en
el Servicio Público Federal, Carlos Zapico Esquivias, le reiteró que el
gobierno de Duarte muestra “claridad y apertura” en la información referente a
Catastro.
“Y
ponemos a disposición cualquier dato que sirva de referencia para las
investigaciones realizadas, toda la información con la que cuenta esta
dependencia viene directamente de lo que reportan los municipios, y esa es la
información que Catastro proporcionó a la PGR. En ningún momento se ha negado u
ocultado nada”, sostuvo.
En el
caso de Yunes Linares, quien entrará en funciones a partir del 1 de diciembre,
ha enviado misivas al presidente Enrique Peña Nieto y a la Secretaría de
Gobernación a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, para pedir de forma
apremiante que la federación intervenga en el saqueo y desvió de recursos en
que ha incurrido el gobierno de Duarte, así como en las recientes aprobaciones
en el Legislativo que dejarán maniatado financieramente al gobierno de
coalición entrante.
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