8 de diciembre de 2017

LA APROBACIÓN DE LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR ES UN GRAVE RETROCESO EN MATERIA DE LOS DERECHOS HUMANOS E INSTAURA, “LEGALMENTE”, EL TERRORISMO DE ESTADO EN MÉXICO

Boletín de prensa
Ciudad de México a 5 de diciembre de 2017
Desde el 2011, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o involuntarias de la ONU, retomó la exigencia de las organizaciones de víctimas, de derechos humanos y del movimiento popular e indígena de frenar la militarización del país y en consecuencia recomendó al Estado mexicano retirar, en un corto plazo, a las fuerzas militares de las operaciones de seguridad pública. Dichas recomendaciones, entre otras, donde se menciona a las fuerzas armadas, han sido retomadas a lo largo de estos seis años por todas las instancias de derechos humanos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, el Estado mexicano no sólo ha hecho caso omiso de las recomendaciones, sino que ha decido, por lo menos, a lo largo de los últimos diez años, dar mayores facultades a las Fuerzas Armadas con el consecuente deterioro de los derechos humanos de la población y el incremento de la represión política y criminalización de cualquiera que se oponga a la implementación de las Reformas neoliberales aprobadas a lo largo del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Éste sexenio se ha caracterizado, por un lado, por simular en el discurso preocupación por el tema de derechos humanos como lo demostró Enrique Peña Nieto en la reunión privada que sostuvo el pasado 16 de noviembre con algunos familiares de víctimas de desaparición forzada y desaparición cometida por particulares y algunas organizaciones de derechos humanos cuando promulgó la Ley General contra la Desaparición Forzada y por otro lado, en los hechos, este sexenio también se ha caracterizado por violar de manera generalizada y sistemática los derechos humanos de su población. Ejemplo de lo anterior es que mientras EPN firmaba una Ley General contra la desaparición forzada (la cual, como Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, no avalamos por no corresponder a la gravedad de las desapariciones forzadas y por garantizar impunidad a las fuerzas armadas), el Estado mexicano estaba siendo juzgado por la violación y tortura sexual cometidas contra mujeres activistas en Atenco cuando él fue gobernador del Estado de México en el 2006.
No sólo el gobierno federal quiso utilizar a algunas víctimas para legitimar su ley General en materia de desaparición forzada si no que pretendió ocultar su responsabilidad directa en el caso de Atenco y ganar un poco de credibilidad ante lo que vendría pocos días después: la aprobación en la Cámara de Diputados de la Ley de seguridad Interior, la cual viola la Constitución mexicana e incumple diversos tratados internacionales en materia de derechos humanos.
La Ley de Seguridad Interior que será votada en la Cámara de Senadores legalizará y dotará de un marco jurídico el proceso de militarización que de facto ha venido padeciendo el pueblo de México, es decir, legalizará lo ilegal e institucionalizará la supeditación de mando civil al militar.
Por todo lo anterior, las organizaciones de familiares, derechos humanos, populares e indígenas que conformamos la Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México, condenamos la aprobación e implementación de la Ley de Seguridad Interior, la cual perpetuará la práctica de la desaparición forzada, así como la criminalización, persecución, ejecución extrajudicial, tortura y encarcelamiento de cualquier persona u organización que el Estado mexicano consideré enemigo interno, permitiendo la instauración legal del Terrorismo de Estado en nuestro País.
Presentación con vida de los luchadores sociales Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, las indígenas triquis Daniela y Virginia Ortiz Ramírez, el defensor de derechos humanos Francisco Paredes Ruiz, el indígena chatino Lauro Juárez, el profesor Carlos Rene Román Salazar, los activistas Teódulfo Torres Soriano, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Sántiz, el antropólogo popular Héctor Jaimes Abarca, los 43 normalistas de Ayotzinapa y las más de 30 mil víctimas de desaparición forzada en México.
¡Vivos los llevaron, Vivos los queremos!
¡Ante el Terrorismo de Estado, un Pueblo Organizado!

Atentamente
Campaña Nacional contra la Desaparición Forzada en México

Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos “Hasta Encontrarlos”, Comité Cerezo México, Comité de Solidaridad y Derechos Humanos Monseñor Romero, Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C, Comité de Derechos Humanos de la Huasteca y sierra Oriental (CODHHSO), Comité Independiente de Derechos Humanos de Puebla, Red de Defensa de los Derechos Humanos, Comité de Familiares y Amigos de Secuestrados, desaparecidos y asesinados en Guerrero, Taller de Desarrollo Comunitario A.C., Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), Brigada Multidisciplinaria, Ajusco Radio, Red de Antropologías Populares del Sur y la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos-Desaparecidos.

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