Tiene
razón la señora Leticia Márquez de Yunes, presidenta del Patronato del DIF
Estatal, esposa del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, y madre
de los alcaldes saliente de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, y electo
del puerto de Veracruz, Fernando, de los mismos apellidos, cuando dice que fue
una vacilada afirmar que no sólo tendrá un hijo gobernador, sino dos, en el 18
y el 24.
El problema es que sus palabras, precisamente por venir de quien
vienen, distan mucho de quedarse como una mera expresión de humor ante los
veracruzanos, así fuera de humor negro. En realidad lo que subyace detrás de la
expresión de la señora Yunes alude a las aspiraciones o ambiciones políticas de
corte dinástico de los hijos del gobernador, y eso no tendría ninguna objeción,
de no ser por el pequeño detalle de que siendo su esposo el gobernador del
estado en funciones, abre la posibilidad de que en el proceso electoral de 2018
se ponga el aparato del estado al servicio de las aspiraciones políticas de su
hijo mayor lo que, de entrada, sería violatorio de los principios de equidad,
legalidad, imparcialidad y certeza que deben prevalecer en los procesos
electorales.
De ahí que independientemente de la trayectoria política o el
trabajo que cada uno de los hijos del mandatario haya realizado en el pasado
inmediato, es decir, que tengan formación política, lo que se cuestiona no son
sus aspiraciones, sino el posible y probable uso político de las instituciones
y recursos del estado, tanto económicos como humanos, para favorecer
electoralmente el inminente proyecto sucesorio de Miguel Ángel Yunes Márquez.
Un ejemplo reciente es el relativo al programa de despensas “Veracruz Comienza
Contigo”, cuya entrega es supervisada por operadores vinculados al Partido
Acción Nacional, PAN, cuyo sueldo es pagado con recursos del Estado, y que el
próximo año llegará a 600 mil familias de escasos recursos, por lo que ha sido
denunciado un presunto uso político-electoral de este programa asistencialista
dirigido a los grupos más vulnerables de la entidad.
En ese sentido, quedaría
claro que echar mano de los recursos del estado para lucrar políticamente con
los más pobres, en aras de imponer un proyecto sucesorio rompe con las reglas
de equidad e imparcialidad que debe prevalecer en los órganos de gobierno. Así
las cosas.
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