A través de una carta abierta dirigida al
secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Jaime Téllez Marié; al gobernador
Miguel Ángel Yunes Linares; a la Presidenta de la Comisión Estatal de Atención
y Protección a Periodistas de Veracruz, Ana Laura Pérez Mendoza, y a la
Presidenta de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Namiko Matzumoto
Benítez, familiares, compañeros de trabajo y amigos de los 7 periodistas
detenidos de manera arbitraria la madrugada de este sábado, en el puerto de
Veracruz, condenaron la privación ilegal de la libertad y la violación de las
garantías individuales de que fueron objeto, no solo los comunicadores, sino
los numerosos ciudadanos que convivían en el momento de los hechos en el
bulevar Manuel Ávila Camacho, cuando fueron detenidos por elementos del Mando
Único, con el argumento de "alterar el orden público".
En su
exposición, refieren que durante las primeras horas de este sábado y en el
marco de los operativos realizados por el Mando Único, 7 colegas reporteros
fueron privados de su libertad por elementos de la Secretaría de Seguridad
Pública “sin elementos acusatorios para fincarles delito alguno”. En este
sentido, señalan que el grupo de periodistas se encontraba en el bulevar Manuel
Ávila Camacho, entre Emiliano Zapata y Mariano Escobedo cuando un convoy de
Policías Navales y Estatales realizó su detención arbitraria e ilegal solo
porque convivían en el lugar. “Todos ellos terminaban sus labores reporteriles tras
la audiencia de la exsecretaria del Consejo Técnico de Espacios Educativos
Xóchitl Tress, en la que ya se encontraba sujeta a proceso penal, y decidieron
acudir a la mencionada avenida a cenar y convivir”.
En este punto, afirman que
bajo el argumento de "beber en la vía pública" los uniformados se
llevaron a los colegas del mencionado bulevar, pese a que dicho lugar es una
zona de tolerancia siempre y cuando no se rompan las reglas de convivencia ni
las leyes del buen gobierno, cosa que ninguno de ellos realizó en ningún
momento.
En el documento explican que uno de los reporteros alcanzó a avisar
que únicamente porque algunos bebían una cerveza y convivían cerca de donde
llegó un operativo contra motos, fue "motivo de detención" pese a no
haber cometido ninguna falta administrativa, roto alguna ley o ser sorprendidos
en estado inconveniente abordo de un vehículo.
En la carta denuncian que “Los
compañeros Víctor Yáñez, Carlos Navarrete, Roberto Méndez, José Juan García,
Víctor Ochoa, Alejandro Ávila y Horacio Zamora fueron ilegalmente detenidos y
trasladados al Módulo Preventivo de las 72 Horas conocido como Penalito Playa
Linda. De acuerdo a la información proporcionada por colegas que acudieron a
averiguar su situación, tanto personal de Playa Linda como elementos de la
Policía Naval, la Policía Estatal y la Dirección General de Prevención y
Readaptación Social, les solicitaron 8 mil pesos por cada uno de los 7
compañeros para ser puestos en libertad”.
Subrayan el caso de Roberto Méndez,
quien regresaba de cenar cuando los uniformados lo detuvieron, sólo por estar
en el grupo, lo que agrava aún más la arbitrariedad del procedimiento de
detención. Así las cosas con el gobierno del cambio, que encabeza el gobernador
Miguel Ángel Yunes, cuya historia de represión y estilo policiaco en el
ejercicio del poder datan desde que fue secretario de Gobierno con Patricio
Chirinos Calero, lo que le valió incluso una denuncia ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, por el caso de la ejecución extrajudicial
de dos indígenas muertos en el marco de un operativo policiaco realizado en el
municipio de Ixhuatlán de Madero.
Sin embargo, en ese período sus excesos
policiacos también provocaron cientos de quejas y una docena de recomendaciones
de las comisiones Estatal y Nacional de Derechos Humanos, entre las que
destacan: CNDH/ 122/95/VER/912, CNDH/122/95/VER/3364, CNDH/122/ 95/VER/3904,
CNDH/122/95/VER/4821, CNDH/122/95/ VER/7178 y CNDH/122/95/VER/I230, que se
refieren a detenciones y encarcelamientos extrajudiciales, torturas, e
incontables violaciones a los derechos humanos en más de 100 comunidades de la
Huasteca veracruzana, comprendida por los municipios con el más bajo Índice de
Desarrollo Humano del Estado.
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