Por notimexpr
23 julio, 2019
Antonio Hernandez
Orizaba
Ver.- El fraude de Ficrea es otro caso pendiente de resolver y donde
hay involucrados muchos intereses de los distribuidores Chrysler, capitaneados
por Juan Manuel Diez y Gil Sverling.
Otro con mucho fondo político,
porque se especula que podría estar vinculado al financiamiento de la campaña
del PRI, es la de la Sofipo Coincidir, de Francisco Conejo Cejudo.
Juan Manuel Diez salió a
relucir como uno de los implicados en el fraude de Ficrea por 6 mil millones de
pesos, de acuerdo a la información que publicó Darío Celis en el periódico El
Financiero.
El columnista, especialista en
temas de negocios, asegura que este es uno de los fraudes pendientes por
resolver, en donde están involucrados muchos intereses de los distribuidores de
Chrysler.
“El fraude de Ficrea es otro
caso pendiente de resolver y donde hay involucrados muchos intereses de los
distribuidores Chrysler, capitaneados por Juan Manuel Diez y Gil Sverling”,
asegura Darío Celis en la edición de El Financiero en la columna titulada
“Todos corren a Miami”.
Ficrea operaba como una
Sociedad Financiera Popular (Sofipo) gracias al aval del Gobierno que recibió
en 2008, brindaba servicios financieros como productos de inversión, ahorro y
créditos. Operaba como Caja Popular.
El fraude superó más de 6 mil
millones de pesos, de unas 6 mil 800 personas, en su mayoría personas de la
tercera edad.
Así como su padre Emilio Lozoya
Thalmann, al final del sexenio rompió lazos con el entonces presidente Carlos
Salinas de Gortari, Emilio Lozoya Austin terminó muy mal con Enrique Peña
Nieto.
Cuentan que entre abril y mayo
del 2017 el primero reclamó al segundo su situación. Lozoya llevaba fuera de
Pemex 15 meses y ya eran públicas las denuncias en su contra de los
exejecutivos de Odebrecht,
Luis Alberto de Meneses, Luiz
Mameri e Hilberto da Silva. El escándalo en el que estaba involucrado, dijo,
“no es solo mío”. Entonces el presidente giró instrucciones a su Consejero
Jurídico, Humberto Castillejos, para que atendiera el asunto y no lo dejara
correr. Le pidieron a Lozoya 6 millones de dólares para que el entonces
encargado del despacho de la PGR,
Alberto Elías Beltrán, y el
subprocurador especializado en investigación de Delitos Federales, Felipe
Muñoz, mataran el asunto. Pero el exdirector de Pemex no aceptó y el expediente
ya no hubo quien lo frenara.
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