El Gobierno mexicano no investiga los casos de la desaparición de 300 personas a plena luz del día en Allende, Coahuila, o los hornos crematorios de la prisión de Piedras Negras, porque mantiene una estrategia de violencia en contubernio con el crimen organizado para someter a la población y despojarla de su territorio. El Estado también busca “ocultar” los crímenes de Estado e invisibilizarlos, dicen el Obispo Raúl Vera y el activista y poeta Javier Sicilia.
Ciudad de México, 29 de julio (SinEmbargo).– La masacre de Allende, los
hornos crematorios en una prisión de Piedras Negras, los desaparecidos de
Ayotzinapa, Veracruz, Morelos, Estado de México,Guerrero, el país incendiado e
inmerso en la violencia y la impunidad, no es un Estado fallido, es una
estrategia del Gobierno y del crimen organizado para someter a la población,
dijo en entrevista con SinEmbargo el Obispo de Saltillo,
Coahuila Raúl Vera López.
El Obispo que ayer dijo en una de sus homilías que desde hace años tuvo
conocimiento de lo que sucedía en Piedras Negras con los crematorios que
utilizó el crimen organizado para desaparecer los cuerpos de familias enteras y
que ha denunciado la desaparición de 300 personas en Allende, Coahuila, aseguró
que como sucedió en el pasado, también hoy la población está desprotegida ante
una estrategia del Estado mexicano para despojarla de su territorio.
“La estrategia de la violencia del crimen organizado, unida a la del
Ejército contra la población, es una estrategia política de control social y de
territorio. Es para poner contra la pared a la población para hacer todas sus
reformas estructurales”, dice el Obispo de Saltillo.
El Obispo de Saltillo agregó: “por supuesto que todo lo que está pasando
en Coahuila, en Tamaulipas, con la violencia del Ejército y del crimen
organizado, es por la riqueza natural. Los desplazamientos forzados y los
controles disque del Estado fallido, ¡mentiras! ¡Es una estrategia del Gobierno
para despojarnos!”.
Raúl Vera recordó que la desaparición de alrededor de 300 hombres,
mujeres y niños en Allende en 2011, se hizo a la luz del día, en total
impunidad y con la complicidad de las autoridades federales, estatales y
municipales.
“Esta impunidad en la que han dejado el caso de Allende, la manera
como se estuvo manejando, antes de que se que se hiciera público todo, el tema
de la desaparición forzada de una cantidad de familias que a la luz del día
fueron sacadas de sus casas por el crimen organizado, se llevaban las cosas,
los electrodomésticos y le decían a la gente de los barrio ‘llévense lo que
necesiten de esos muebles’. Así estábamos viviendo, se hacían en despoblado
barbaries, no teníamos ni una protección de nadie y no han cambiado mucho las
cosas”, dijo Vera López.
Vera agregó que en Coahuila son las familias de los desaparecidos en
Allende y en otros puntos del estado quienes buscan todos los días justicia y
buscan con desesperación a sus familiares, mientras que el Gobierno mexicano
mantiene un “pacto de impunidad” entre los partidos políticos que data desde la
gestión del ex Presidente Vicente Fox Quesada y que arropa a políticos como el
ex Gobernador de Coahuila Humberto Moreira Valdés.
“En 2003 en tiempos de Fox tuvo un pacto político de impunidad con
los partidos, por eso todas las cosas que tienen que ver con funcionarios
no son tomados en cuenta, un ejemplo latente es el caso de Humberto Moreira.
Por todos lados, los partidos políticos defienden a sus funcionarios, a
sus estructuras “, dijo.
Ayer Vera López reveló que conocía de las desapariciones y lo que
sucedía en el interior del penal de Piedras Negras, en Coahuila, porque los
fieles y los sacerdotes se lo informaban. Pero era muy difícil ventilarlo
porque estaban las familias y la Iglesia católica en el desamparo.
De acuerdo con el diario de Saltillo Vanguardia, al término
de la celebración eucarística realizada en la capilla del Santo Cristo, el
jerarca católico señaló que hace unos años la región estaba asolada por grupos
de la delincuencia organizada.
“Para mí no ha sido ninguna sorpresa porque desde allá yo tenía mucha
información sobre lo que estaba pasando y estábamos en el desamparo total en
ese momento. A la luz del día desbarataron el caso, a la luz del día se
llevaron a personas y todo sucedía a la luz del día. Yo lo supe porque
como yo fui Obispo en esa parte, tengo relación con los fieles y los sacerdotes
de esa diócesis, ellos me hablaban y me decían lo que estaba pasando ahí”,
expuso el sacerdote.
Hace unos días el activista coahuilense Raymundo Mendoza sostuvo una
hipótesis a SinEmbargo:que los Moreira dejaron crecer al
narcotráfico en la entidad, como una estrategia para despojar a los pueblos
rurales de sus tierras.
“Coahuila era muy tranquilo antes de la llegada de Humberto a la
gubernatura. No pasaban grandes tragedias, pero después de que entra Moreira y
de la guerra de Felipe Calderón, se desatan una serie de actos violentos y
desaparición forzada como los 300 de Allende, que se supo años después.
Entiendo que era una estrategia para ir desalojando comunidades enteras, sobre
todo de las zonas rurales, son cuestiones que llegan a beneficiar a la Reforma
Energética: desalojar tierras, mucha gente vendió sus tierras y muchas las
compraron o la familia de Rubén o la de Humberto. Es una estrategia de largo
plazo para apoderarse del negocio de los recursos energéticos”, expone.
EL ESTADO BUSCA ENTERRAR ALLENDE Y PIEDRAS NEGRAS
Javier Sicilia
indica que el Estado quiere “ocultar” sus crímenes. Foto: Francisco Cañedo,
SinEmbargo
Para el poeta y líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad
(MPJD) Javier Sicilia Zardain el que las autoridades mexicanas no investiguen
el caso de Allende y el de la prisión de Piedras Negras en Coahuila, se debe a
que buscan “enterrar” la responsabilidad del Estado en la violación de derechos
humanos y en los crímenes atribuidos al crimen organizado, en complicidad con
funcionarios públicos.
“Hay una impunidad dentro del Estado,
una protección de aquellos que utilizan al Estado para servir al
crimen organizado, por eso se permiten estos niveles de violencia. Y ahora
quieren quitarnos la oportunidad de que el Estado tenga responsabilidad [al
modificar la Ley de Víctimas], se trata de proteger al crimen”, dijo Javier Sicilia.
El líder del MPJD recordó que el Gobierno federal busca modificar la Ley
de Atención a Víctimas para restarle responsabilidad al Estado en casos de las
violaciones a los derechos humanos, como la desaparición forzada.
El poeta indicó que el Estado oculta los hornos crematorios de Piedras
Negras, como trata de ocultar las fosas clandestinas de Morelos y de otros
puntos del país: “el Estado no quiere responsabilizarse, no quiere asumir sus
crímenes”, afirmó.
Sicilia Zardain explicó que la administración de priista Enrique Peña
Nieto se busca “ocultar los crímenes de Estado”, como el ex Presidente Felipe
Calderón Hinojosa “borró criminalizando a las víctimas” durante su sexenio,
afirmando que los muertos de su guerra contra el narco eran criminales.
El caso de la desaparición de 43 normalistas de la Escuela Normal Rural
Raúl Isidro Burgos en Iguala, Guerrero trascendió por las movilizaciones a
nivel nacional que mantuvieron viva la exigencia de justicia. A la presión
internacional, que al final terminó por ser menospreciada en el caso de los
expertos del Grupo Interdiciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), indicó.
“Por desgracia aparte de la denuncia moral de Piedras Negras, no hubo
esa gran movilización. Este Estado parece que no entiende. No queda de otra que
refundar la Nación, sacarlos a todos, pero no podemos hacer esa coalición que
permita la refundación. Todo está disperso: Piedras Negras por allá, Allende,
Ayotzinapa, las agendas dispersas y eso fortalece a la estrategia de Gobierno
federal. Es lamentable porque si seguimos así, la descomposición será peor”,
alertó.
Javier Sicilia expuso la necesidad de unir a las organizaciones y
líderes morales del país, alrededor de una causa que tenga como común
denominador una agenda basada en la justicia y la paz.
“El Estado está desfondado porque los gobiernos han decidido
proteger a los criminales que usan al Estado, a los partidos para servir a los
intereses del dinero, de donde venga: del crimen organizado o de los grandes
consorcios que de alguna forma en su legalidad alimentan al crimen organizado,
porque destruyen el tejido social. Grandes consocios como los mineros que
encuentran territorios libres, para seguir sirviendo a los corruptos como Moreira,
[Javier] Duarte o Graco Ramírez”, finalizó.
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