Escrito
por: Karen Campos |
En
diciembre del año 2006, durante el sexenio de Felipe Calderón, inicia la
llamada “Guerra contra el narcotráfico”, a partir de este momento, la violencia
en nuestro país fue incrementado a niveles escalofriantes.
Se
inició un operativo conjunto en Michoacán, donde se ordenó el despliegue
de 4 mil 200 soldados del ejército, mil de la armada y 1,400 policías
federales. Entre 2006 y 2011, se incrementó un 50% el gasto en seguridad por
parte del gobierno federal, sin embargo, a pesar de este incremento de
presupuesto y gastos en seguridad pública, la percepción de la población ha
sido completamente diferente y bautizaron al mandato de Calderón como el
“sexenio de la guerra”. Los grupos criminales no desaparecieron, al contrario se
multiplicaron, contando con cifras al inicio del sexenio de 8 cárteles de droga
y al terminó con 14 grupos de narcotraficantes, de igual forma, al finalizar el
sexenio, esta guerra fallida había cobrado ya, la vida de 120 mil personas.
Durante
todo este periodo, se dejó ver la corrupción y la colusión de las autoridades
con el crimen organizado, desde los más bajos rangos hasta las más altas
esferas policíacas y militares. No se detuvieron a grandes capos, al contrario,
si hacemos memoria, en el sexenio de su antecesor, Vicente Fox, el Chapo Guzmán
se fugó de un penal de máxima seguridad.
Con el
cambio de mandato en el 2012, donde Enrique Peña Nieto asume el cargo de la
presidencia, la situación no fue diferente ya que en tan solo veinte meses de
gobierno ya había 57,899 personas asesinadas, lo que da 14,205 personas más que
Calderón durante el mismo periodo.
Ante la
incapacidad del gobierno federal de proveer la seguridad necesaria para la vida
cotidiana, se surgen a principios de 2013 las policías comunitarias y los
grupos de auto defensa en Michoacán y Guerrero, donde era muy evidente la
disminución de la violencia del crimen organizado en donde estos existían, sin
embargo, estos grupos representaban de alguna manera, al pueblo en armas y
tarde o temprano terminarían sacando la conclusión de que el estado no era
necesario, ya que ellos mismos podían auto gestionarse y defenderse. Esta
situación no podía ser permitida por el gobierno federal, y en vez de dedicar
sus esfuerzos a erradicar el mal generado por el narcotráfico, fueron
directamente a la desintegración de estos grupos armados, haciendo detenciones
de los principales líderes como el Doc. José Manuel Mireles y disolviendo a los
participantes dentro de las policías rurales, controladas por el estado, lo que
nos va dando una idea del verdadero trasfondo de la inversión desmesurada en
las fuerzas armadas mexicanas.
Según The
Washinton Post, de 2012 a 2015, el gobierno de Peña, superaba los
mil millones de dólares en compra de armamento a los Estados Unidos, todo esto,
justificando la guerra contra el crimen organizado, pero la guerra en realidad,
ha sido contra el pueblo mexicano. Según otra fuente, el New York Times el
ejército mexicano opera para matar, donde los soldados de la Secretaría de la
Defensa Nacional, asesina a ocho personas, por cada enemigo que hieren; la
Secretaría de Marina, asesina a treinta personas por cada enemigo que hieren,
haciendo del ejército y marina mexicanos, uno de los más letales, es por esta
razón que no debe extrañarnos encontrar fosas con cientos de muertos a lo largo
y ancho de la república, y dentro de estos casos de desapariciones y
ejecuciones sumarias, tenemos el caso de los 43 estudiantes Normalistas de
Ayotzinapa o la masacre de Tlatlaya, donde la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, condenó la actuación mexicana con respecto a derechos
humanos, registrando violaciones graves con involucramiento directo del
ejército. En ambos casos, el estado mexicano, ha dado versiones de hechos
completamente infundamentadas y absurdas, para no asumir su responsabilidad y
no perder la credibilidad del grueso de la población, pero como creer en ellos
si tan solo durante la investigación por la desaparición de los 43 normalistas,
se encontraron 152 cadáveres en fosas clandestinas, además de los 240
desparecidos, reportados hasta 2014, donde la mayoría de los cuerpos tenían
signos de tortura, y la situación es similar en Veracruz, Tamaulipas, Coahuila,
Nuevo León, Michoacán, Guerrero y el Estado de México, todo esto bajo el consentimiento
y conocimiento del Estado Mexicano, quien también ha optado por la
militarización de la policía, que hace más precaria y violenta la situación
general del país.
Pero en
realidad, si todo este proceso de militarización, tiene como objetivo exterminar
a los grupos delictivos, ¿Por qué en Coahuila y Tamaulipas, que son estados con
más alto índice de inseguridad, tienen el índice más bajo de presencia policial
del país?, ¿Por qué envían profesores y estudiantes a penales de máxima
seguridad y no a los verdaderos delincuentes? o acaso, habiendo aumentado 30%
los feminicidios en el Estado de México, es prioritario para la seguridad de la
población, enviar a más de 3 mil policías, helicópteros y tanques, a reprimir
la lucha del pueblo en contra de la reforma educativa. Esto solo es un
indicativo de que la militarización engendrada desde el seno del estado, no es
más que el freno y la intimidación hacia los movimiento sociales, que desde el
2014 no han parado, cada día el descontento social se incrementa y tanto la
policía como el ejército, siempre están ahí, no para brindarnos seguridad, al
contrario para sembrarnos terror de ser torturados o ejecutados sin juicio
alguno, por el simple hecho de luchar por nuestros derechos o por mejorar la
calidad de nuestras vidas, es inadmisible la actitud violenta y miserable de
los cuerpos policiacos en contra de quienes se oponen a la privatización de la
educación pública, estos represores estatales no son parte del pueblo, ni
defienden los intereses del pueblo, ellos están ahí para proteger a la clase
dominante que pretende arrebatarnos todo vestigio de conquistas obreras, a
costa de nuestra miseria y sufrimiento, con tal de mantener su poder y sus
ganancias intactas.
Rompamos
con este Estado REPRESOR.
Ni un
muerto más en Oaxaca.
Ni un
desaparecido más.
No a la
militarización del país.
20/06/2016
