Por Araceli Damián
En fechas recientes
se anunció como un gran logro el aumento al salario mínimo de 73 a 80 pesos.
Efectivamente, el incremento fue mayor a lo usualmente pactado por los
representantes obrero-patronales y el gobierno. El aumento se acordó después de
que la COPARMEX manifestara públicamente su aprobación para que el salario
mínimo llegue en 2017 a 89 pesos, monto que corresponde a la línea de
“bienestar” per cápita (LBPC) del CONEVAL (Consejo Nacional de Evaluación de la
Política Social).
Gonzalo Hernández Licona, Secretario
Ejecutivo del CONEVAL respalda la propuesta, y ha sugerido denominar a este
monto “salario solidario”. Sin embargo, este monto seguirá siendo violatorio de
lo establecido en el Art. 123 de la Constitución, que reza así:
“Los salarios mínimos generales
“deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de
familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer a la educación
obligatoria de los hijos”.
Es claro que la definición
constitucional del salario mínimo no se refiere al costo de sobrevivencia de
una persona. El salario mínimo es una definición legal, que tiene un componente
moral y que, a menos de que se reforme la constitución, debe reflejar lo que un
trabajador requiere para mantener a su familia.
Por otra parte, Julio Boltvinik y una
servidora hemos señalado que la LBPC subestima el costo que permitiría a una
persona en México escapar de la pobreza de ingresos; los 89 pesos son
insuficiente para que un individuo pueda comer adecuadamente tres veces al día,
vestirse, asearse, educarse, pagar transporte, vivienda, gastos en salud, etc.
Si es totalmente insuficiente para mantener a una persona, mucho más lo es para
una familia.
Independientemente de la
subestimación del costo de vida de la LBPC, si la tomamos como referencia, y
consideramos que el tamaño promedio del hogar en México es de 3.7 personas,
tenemos que el salario mínimo debería de ascender a 329 pesos al día.
Considerando el número de trabajadores por hogar (1.6) su monto debiera ser de
al menos 206 pesos.
El gobierno y el empresariado
mexicano temen que, al aumentar el salario mínimo, haya presiones por parte de
los trabajadores que ganan por encima de esta cifra para que aumenten sus
remuneraciones, lo que según ellos generará inflación y pérdida de empleo. No
obstante, lo que en verdad temen es perder el privilegio de pagar salarios de
hambre, lo que les permite obtener tasas de ganancia muy por arriba de las que
se obtienen en otros países, aun cuando esto provoque el estrechamiento del mercado
interno.
El salario mínimo
nunca ha alcanzado la aspiración constitucional, pero si
consideramos el valor que tuvo en 1976, año en el que logró su nivel más alto,
al día de hoy sería de 247 y no de 73 pesos (ver gráfica). Lo anterior
significa que el salario mínimo actual representa, en términos reales, menos de
la tercera parte del de 1976. Por otro lado, el aumento extraordinario otorgado
en esta ocasión tampoco recupera sustancialmente su valor (pasa de 29.6% a
31.1% del valor de 1976).
Diversas razones explican la caída
del mínimo, pero la que más efecto ha tenido es la decisión del gobierno de
reducir la inflación utilizando como “ancla” incrementos de este concepto
salarial menores al aumento observado en los precios. Vale recordar que después
de la crisis de la deuda de 1982, México tuvo varios años con tasas de altas y
en 1987 llegó a 159%, lo que motivó que el gobierno y los representantes de las
organizaciones laborales, campesinas y empresariales firmaran el “Pacto de
Solidaridad Económica”, que buscaba combatir la inflación a través del control
de precios y salarios (mínimos y contractuales), así como reducir el déficit
gubernamental (1), y reestructurar la deuda.
De esta forma, mientras que antes del
Pacto los incrementos a los salarios mínimos y contractuales se fijaban de
acuerdo al nivel de inflación observada el año anterior, a partir de entonces
se establecieron de acuerdo al nivel “esperado” para el año siguiente. Como la
tasa de inflación resulta normalmente superior a la esperada, los salarios
disminuyeron rápidamente en términos reales. Pedro Aspe, secretario de Hacienda
durante el gobierno de Salinas (1988-1994), afirmó en un libro de su autoría de
1993 que el propósito de esta política era “…evitar el cierre masivo de
empresas y el aumento irrestricto del desempleo”.
La inflación se redujo de manera
notable, y los empresarios y el gobierno suelen atribuir el resultado al
control salarial, no obstante, dejan de lado efecto que tuvo el control de
precios y la reducción de la carga de la deuda para este fin. De esta forma,
las negociaciones con los bancos internacionales permitieron a México y a sus
acreedores llegar a un acuerdo (Plan Brady) para reducir el monto de la deuda
(que representaba 82.1% del PIB en 1987 a 35% en 1994) y con ello el de las
transferencias netas por el servicio de ésta (de 6.2% del PIB en 1987 a 2% en
1994).
Diversos autores sostienen que la
política de control salarial puso un peso innecesario sobre los hombros de los
asalariados. De acuerdo con David Gould la austeridad fiscal y monetaria
hubiera sido suficiente para detener la inflación y, por tanto, los controles
salariales fueron innecesarios (2).
Cabe destacar que sí es posible
aumentar el salario en una cuantía mayor a la propuesta por el CONEVAL y
empresarios. La evidencia en otros países, como Estados Unidos, Gran Bretaña,
Argentina, Brasil y Chile, muestra que el aumento al salario mínimo no genera
inflación, reduce la pobreza y fortalece el mercado interno.
1. El déficit público
se redujo de más de 12% del PIB en 1988 a 0.1% en 1994, lo cual se logró sobre
todo por la privatización de las empresas estatales.
2.
Gould, David
M., (1996), “Mexico’s Crisis: Looking Back to Assess the Future”, en Laura
Randall (ed.), Changing
Structure of Mexico, Political, Social, and Economic Prospects, M.E. Sharpe, Armonk, Nueva York, Londres, Inglaterra, pp.15-39.
Araceli Damián
Es Diputada Federal por Morena y preside la Comisión de Seguridad en la
Cámara de Diputados. Es Profesora-Investigadora con licencia del Centro de
Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México. Es
miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es Doctora en economía urbana
por la Universidad de Londres, Inglaterra.
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