La primera palabra técnica que
aprendí cuando comencé a hacer periodismo fue bursatilización. En el largo
pasillo que ocupa la redacción del periódico local donde me estrenaba como
reportera, parecían cómodos pronunciando diariamente aquella madeja de letras
que en esos meses de 2010 inundaba las columnas y las notas de los periódicos
del estado.
En Veracruz, segundo
bastión del PRI después del Estado de México, esa palabra era la marca difusa
en el suelo que borraba los límites entre el final del gobierno de Fidel
Herrera, en el que la corrupción había sido la norma y el inicio de otro, el de
Javier Duarte, donde la muerte de civiles –especialmente periodistas- se
convirtió en el referente de los titulares de prensa fuera de las fronteras de
control de los jefes de comunicación de las dependencias locales.
Del gobierno de Herrera,
hoy instalado como cónsul de México en Barcelona sin tener experiencia
diplomática, un alto funcionario que no dependía del Gobernador pues lideraba
un poder autónomo, me contó en ese momento que le pedían desviar fondos
mensualmente a todas las dependencias.
Les ponían una cuota que
debían cumplir como prioridad en el orden del gasto. Cada institución debía
arreglárselas para justificarlo. A pesar de que ya entonces mi fuente era uno
de los políticos más conocidos del Estado, me confirmó en un susurro lo que era
un secreto a voces. Lo hizo en un sitio privado, asegurándose de que nadie lo
escuchara.
Días después me envió un
mensaje para que viajara a otra ciudad, a un edificio de oficinas. Una
secretaria, que apenas me miró, dijo que recogiera un sobre amarillo que estaba
sobre la mesa. En el autobús de regreso a casa encontré adentro del sobre los
primeros datos que guiaron mi cobertura de los siguientes dos años, sobre los
desvíos de recursos públicos que llevaron a que Veracruz descendiera en su
calificación crediticia y aumentara su deuda pública en más de mil por ciento.
Las cifras oficiales de
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) muestran que en 2004, cuando
Herrera asumió la gubernatura, la deuda estatal significaba el uno por ciento
del Producto Interno Bruto Estatal. En junio de 2014, última cifra oficial
disponible, había aumentado cuatro veces, hasta el 4.6 por ciento.
La clave estaba allí:
esperaban a que vinieran las lluvias, se paseaban frente a las cámaras por las
zonas de desastre, pedían dinero para resarcir a las víctimas, y luego no lo
usaban para obras en las zonas que habían sido afectadas por huracanes e
inundaciones, sino en pagar a los proveedores. Luego reestructuraban la deuda,
con mayores intereses.
Los errores parecían de
primaria, pero eran “a propósito”, me explicó en 2011 Javier Cobos,
especialista de una de las principales calificadoras de crédito del mundo, que
fue despedido a petición del gobierno de Veracruz, después de haberles otorgado
una calificación en la que explicaba los manejos irregulares.
Todo comenzó con una
bursatilización a 30 años que la entidad pidió en 2006, cuando Herrera era
Gobernador y Duarte era su secretario de finanzas. El término significó allí
pedir un préstamo multimillonario sobre un dinero que el gobierno recibiría de
forma segura durante un largo periodo de tiempo, por medio de la tenencia
vehicular.
Significó también no
utilizarlo para lo que había sido solicitado –obra pública- sino para pagos de
proveedores y otros aún más oscuros, que hasta la fecha no se han documentado a
cabalidad. Fue la gran hazaña de Javier Duarte como el joven pupilo de Herrera,
quien logró que varios bancos prestaran millones de dólares a la entidad.
Durante los dos años
siguientes publicamos largos reportajes sobre las cifras reales de la Deuda
Pública Estatal, cuya suma global ya en mayo de 2012 era de 53 mil 595 millones
de pesos en pasivos financieros. A la deuda con bancos y la bursatilización
había que sumar los pasivos de organismos descentralizados, me explicó entonces
Javier Cobos, ya instalado como consultor del Banco Interamericano de
Desarrollo.
Esto implicaba sumar la
deuda con bancos, el dinero que debían a los proveedores y los “organismos
descentralizados”. En ese momento, la crisis más seria era del Sistema Estatal
de Pensiones. Luego se añadió la de la Universidad Veracruzana, de la que habló
ampliamente la rectora de la casa de estudios en una entrevista con SinEmbargo.
En esos primeros años
del gobierno duartista, antes de que hiciera crisis los asesinatos de
periodistas, en Veracruz varios colegas publicamos reportajes en los que
abordamos que las cifras de la deuda estaban maquilladas, que la obra pública
era nula, porque el propio Herrera sólo había construido 2 mil puentes, aunque
había inaugurado y anunciado 10 mil.
El congreso estatal
aprobaba montos de deuda a largo plazo, pero el gobierno de Duarte pedía más
dinero a corto plazo, con intereses altísimos que luego debían “reestructurar”.
Una de las reporteras que abordó el tema con mayor énfasis crítico fue Regina
Martínez, la corresponsal del semanario Proceso, que fue asfixiada hasta la muerte en
su casa en Xalapa en abril de 2012 y cuyo asesinato permanece impune.
Los retiros
inexplicables en efectivo y cuentas que no surgieron únicamente con Duarte. En
diciembre de 2011, su gobierno debió devolver, por medio de los bancos
Santander y Bancomer, 2 mil 500 millones de pesos de la Secretaría estatal de
Educación, por gastos no justificados durante 2010, el último año del gobierno
de Herrera.
Al año siguiente, en una
sola cuenta igualmente de Santander, funcionarios del gobierno de Duarte
retiraron en efectivo poco menos de 3 mil millones de pesos en Xalapa, según
denunció este fin de semana el ex Presidente Felipe Calderón, en un mitin de
campaña a favor de Miguel Ángel Yunes en Veracruz.
Cuando Ciro Gómez Leyva
le preguntó a Calderón por qué no lo había exhibido antes, éste replicó que lo
había hecho en otros foros, pero nadie le había hecho caso.
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