EL GOBERNADOR SENTENCIADOR AL LADO DE LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL Y DE LOS MILITARES MENTIROSOS QUE HACEN A LOS CIVILES INOCENTES EN DELINCUENTES...
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Acusan a soldados de matar a cuatro inocentes en Veracruz. Foto: Especial |
3 DE ENERO DE 2013 ·
XALAPA, Ver., (apro).- El gobernador Javier Duarte afirmó que las cuatro personas abatidas por elementos del Ejército Mexicano en la avenida 5, entre las calles 6 y 8 de la ciudad de Córdoba, al salir de un bar, eran delincuentes y no víctimas inocentes como argumentan amigos y familiares que el pasado miércoles 2 salieron a la calle a reclamar justicia.
El pasado 28 de diciembre, nueve personas murieron a manos de militares en dos hechos distintos; en el primero, cinco hombres, entre ellos el líder regional de Los Zetas en Veracruz, Ángel Enrique Uscanga, El Pokemón; en el segundo, cuatro jóvenes que viajaban en un taxi, los cuales, según familiares y amigos, eran inocentes.
Entrevistado en el ejido El Salmoral, en el municipio de La Antigua, Javier Duarte minimizó la protesta realizada por familiares y amigos de las cuatro víctimas en el municipio de Ixhuatlán del Café, y advirtió que las autoridades no cambiarán su versión de los hechos.
“Tenemos el reporte puntual; ya expresé lo que sucedió y eso es el tema fundamental. Habrá otras voces que digan otras cosas”, atajó.
Sobre la protesta realizada ayer en Ixhuatlán del Café, Duarte dijo que en Veracruz existe “una libertad absoluta” de expresión, sin embargo, “la realidad es lo que ya las autoridades dijeron”.
Ayer por la tarde, Alrededor de 500 personas marcharon en el municipio de Ixhuatlán del Café, para protestar contra soldados del Ejército que el pasado 28 de diciembre dieron muerte a cuatro lugareños al confundirlos con presuntos zetas.
“No merecían morir”, “no eran sicarios”, se leía en las pancartas que llevaban consigo amigos y parientes de José Raúl Fernández Ortiz, de 28 años (conductor de un taxi); Jesús Juárez, Luis Vargas Piña, ambos de 37 y Ángel Piña Teodoro, de 32.
Hasta el momento, ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) ni la Procuraduría General de Justicia (PGJ) del estado, la Secretaría de la Defensa Nacional o la Procuraduría General de la República han dado visos de iniciar una investigación al respecto.
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