Dos
temas a nivel nacional se pusieron en la mesa de análisis y debate el
día de ayer…. Ambos tienen que ver con el poder desmedido que han
logrado acumular los Gobernadores en las dos últimas décadas. El
primero hace referencia a la opacidad con la que manejan los recursos
públicos, el segundo a la intromisión de estos, cada día más descarada
por cierto, en los procesos electorales de los estados que gobiernan.
En ninguno lamentablemente se vislumbra, aseguran las voces críticas,
alguna solución a corto o mediano plazo. Al parecer no hay quien esté
interesado en frenar el abuso y la corrupción de quienes se conducen
como los “nuevos reyes” del país.
El Instituto Mexicano para la Competitividad, reporta que las entidades federativas en México, están reprobadas en el tema de transparencia. La media nacional indica que los estados transparentan apenas la mitad de lo que reciben como parte de su presupuesto anual. El gasto público no corresponde con el desarrollo de los estados, los rubros en los que mayor opacidad se encuentra es el que tiene que ver con los sueldos de los funcionarios y los gastos en Seguridad Pública. Los estados de mayor opacidad son Baja California, Durango, Guerrero, Guanajuato y Nayarit, los estados más endeudados son Distrito Federal, Coahuila, Nuevo León y Veracruz, en estos últimos es en donde menos se justifica la cantidad de recursos recibidos en comparación con los avances logrados en cada área.
El reporte presentado por IMCO y Causa Común determina que los Gobiernos estatales se escudan en leyes locales con criterios disímiles para reservar información por motivos de seguridad, que debiera ser pública al no justificarse dicho argumento. Un ejemplo claro de esto, es que en estados como Veracruz, los convenios publicitarios existentes entre Gobierno del Estado y medios de comunicación se catalogan de esta manera…Información reservada por motivos de seguridad.
Otra de las observaciones que contiene el documento dado a conocer durante la semana, denuncia que a excepción de Tabasco y Colima, ningún estado de la república detalla a que áreas y para que funciones específicas se destinaron los recursos de Seguridad Pública. Del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados, tampoco se detallan los convenios de coordinación, ni se publican los Programas de Adquisiciones ni las características de los bienes adquiridos, que permitan conocer al ciudadano si el equipamiento policial es el adecuado para las necesidades particulares de cada estado. El reporte señala que está roto el mecanismo de rendición de cuentas que regula la operación del FASP, por lo que pareciera que lo que en realidad se pretende es abrir más espacios para la opacidad y el derroche de recursos, aun en detrimento de un asunto de primera importancia como la Seguridad Pública.
Veracruz por ejemplo, ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación, según la investigación de la Organización Civil Causa Común, por un faltante de 122 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, lo que significa, dice el documento "un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal". De los 341 millones recibidos este año, Veracruz solo ejerció el 78% de los recursos.
El otro tema que provocó debate entre analistas y actores políticos es la Reforma Político-Electoral, en particular en lo referente a la creación de un Instituto Nacional Electoral que sustituya al IFE. Para los primeros lo que los Senadores están creando es un Frankenst-INE que no resolverá el problema de fondo, la descarda intromisión de los incontrolables Gobernadores en los procesos electorales de cada entidad. Esta sería dictaminada la tarde de ayer en el Senado, pero adelantaban legisladores como Javier Corral, que de entrada “iban ganando los Gobernadores” ante la tibieza de los Dirigentes Nacionales de los principales partidos opositores en el país.
La exigencia que las elecciones locales fueran vigiladas por un solo organismo a nivel nacional, tomó fuerza después que se presentaran en Veracruz los videos “ladrones de elecciones”, en los cuales se revelaba la manera en la que Javier Duarte y el resto de sus cómplices, operarían durante el proceso electoral utilizando recursos públicos en favor de los candidatos del PRI. Y si bien esta no fue ni la primera ni la última ocasión en la que se den este tipo de prácticas, si fue la primera vez que quedaron plenamente documentadas, tan documentadas que personajes como Salvador Manzur, Felipe Sosa, Pablo Anaya, etcétera, tuvieron que ser removidos de sus cargos, aunque sea de manera oficial, porque en la práctica ahí sigan.
El portal informativo Sin embargo resume en un párrafo del texto intitulado “Gobernadores: reyes de la opacidad” el origen de los problemas que afectan a estados como Veracruz…. “Mientras la transparencia y la rendición de cuentas no sean una obligación legal, y además moral, para los gobiernos de los estados casos como los anteriores se repetirán una y otra vez. Basta con dar una ojeada por las propiedades, viajes y extravagancias de los gobernantes, sus familias y colaboradores cercanos, y se apreciará, así, con una mirada rápida, dónde se están gestando los próximos hoyos negros en los presupuestos públicos”.
Va solo.....
El Coordinador de la Izquierda Unida en el Congreso Local Cuauhtémoc Pola, presentó el día de ayer en Tribuna un punto de acuerdo en el que exige la renuncia de la Presidenta y Secretaria Ejecutiva del Comité Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, Namiko Matzumoto y Rocío Ojeda respectivamente. El argumento en el que se basó el discurso del legislador que ha tomado la defensa de los veracruzanos como bandera, fue la absoluta ineficiencia de ambas funcionarias para representar a un gremio que enfrenta su peor crisis en los últimos años, por las amenazas y agresiones de las que son objeto de manera constante. Veracruz, con 12 periodistas asesinados, se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el oficio periodístico.
El Instituto Mexicano para la Competitividad, reporta que las entidades federativas en México, están reprobadas en el tema de transparencia. La media nacional indica que los estados transparentan apenas la mitad de lo que reciben como parte de su presupuesto anual. El gasto público no corresponde con el desarrollo de los estados, los rubros en los que mayor opacidad se encuentra es el que tiene que ver con los sueldos de los funcionarios y los gastos en Seguridad Pública. Los estados de mayor opacidad son Baja California, Durango, Guerrero, Guanajuato y Nayarit, los estados más endeudados son Distrito Federal, Coahuila, Nuevo León y Veracruz, en estos últimos es en donde menos se justifica la cantidad de recursos recibidos en comparación con los avances logrados en cada área.
El reporte presentado por IMCO y Causa Común determina que los Gobiernos estatales se escudan en leyes locales con criterios disímiles para reservar información por motivos de seguridad, que debiera ser pública al no justificarse dicho argumento. Un ejemplo claro de esto, es que en estados como Veracruz, los convenios publicitarios existentes entre Gobierno del Estado y medios de comunicación se catalogan de esta manera…Información reservada por motivos de seguridad.
Otra de las observaciones que contiene el documento dado a conocer durante la semana, denuncia que a excepción de Tabasco y Colima, ningún estado de la república detalla a que áreas y para que funciones específicas se destinaron los recursos de Seguridad Pública. Del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los estados, tampoco se detallan los convenios de coordinación, ni se publican los Programas de Adquisiciones ni las características de los bienes adquiridos, que permitan conocer al ciudadano si el equipamiento policial es el adecuado para las necesidades particulares de cada estado. El reporte señala que está roto el mecanismo de rendición de cuentas que regula la operación del FASP, por lo que pareciera que lo que en realidad se pretende es abrir más espacios para la opacidad y el derroche de recursos, aun en detrimento de un asunto de primera importancia como la Seguridad Pública.
Veracruz por ejemplo, ha sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación, según la investigación de la Organización Civil Causa Común, por un faltante de 122 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, lo que significa, dice el documento "un probable daño o perjuicio o ambos a la hacienda pública federal". De los 341 millones recibidos este año, Veracruz solo ejerció el 78% de los recursos.
El otro tema que provocó debate entre analistas y actores políticos es la Reforma Político-Electoral, en particular en lo referente a la creación de un Instituto Nacional Electoral que sustituya al IFE. Para los primeros lo que los Senadores están creando es un Frankenst-INE que no resolverá el problema de fondo, la descarda intromisión de los incontrolables Gobernadores en los procesos electorales de cada entidad. Esta sería dictaminada la tarde de ayer en el Senado, pero adelantaban legisladores como Javier Corral, que de entrada “iban ganando los Gobernadores” ante la tibieza de los Dirigentes Nacionales de los principales partidos opositores en el país.
La exigencia que las elecciones locales fueran vigiladas por un solo organismo a nivel nacional, tomó fuerza después que se presentaran en Veracruz los videos “ladrones de elecciones”, en los cuales se revelaba la manera en la que Javier Duarte y el resto de sus cómplices, operarían durante el proceso electoral utilizando recursos públicos en favor de los candidatos del PRI. Y si bien esta no fue ni la primera ni la última ocasión en la que se den este tipo de prácticas, si fue la primera vez que quedaron plenamente documentadas, tan documentadas que personajes como Salvador Manzur, Felipe Sosa, Pablo Anaya, etcétera, tuvieron que ser removidos de sus cargos, aunque sea de manera oficial, porque en la práctica ahí sigan.
El portal informativo Sin embargo resume en un párrafo del texto intitulado “Gobernadores: reyes de la opacidad” el origen de los problemas que afectan a estados como Veracruz…. “Mientras la transparencia y la rendición de cuentas no sean una obligación legal, y además moral, para los gobiernos de los estados casos como los anteriores se repetirán una y otra vez. Basta con dar una ojeada por las propiedades, viajes y extravagancias de los gobernantes, sus familias y colaboradores cercanos, y se apreciará, así, con una mirada rápida, dónde se están gestando los próximos hoyos negros en los presupuestos públicos”.
Va solo.....
El Coordinador de la Izquierda Unida en el Congreso Local Cuauhtémoc Pola, presentó el día de ayer en Tribuna un punto de acuerdo en el que exige la renuncia de la Presidenta y Secretaria Ejecutiva del Comité Estatal para la Atención y Protección de Periodistas, Namiko Matzumoto y Rocío Ojeda respectivamente. El argumento en el que se basó el discurso del legislador que ha tomado la defensa de los veracruzanos como bandera, fue la absoluta ineficiencia de ambas funcionarias para representar a un gremio que enfrenta su peor crisis en los últimos años, por las amenazas y agresiones de las que son objeto de manera constante. Veracruz, con 12 periodistas asesinados, se ha convertido en uno de los lugares más peligrosos del mundo para ejercer el oficio periodístico.
La
imposición por parte de Javier Duarte de funcionarios sumisos en dicho
Comité, refleja el grado de compromiso que su gobierno tiene con la libertad de
expresión e información y reitera que el dinero de los veracruzanos se destina
para pagar el sueldo de lambiscones de oficio y no de
auténticos funcionarios públicos. Aunque poco pueda lograr un
solo Diputado ante la abrumadora mayoría de los levantadedos, al menos su
actuación permite que la gente recuerde la importancia de salir a votar por los
que verdaderamente están dispuestos a representarle.
maryjosegamboa@hotmail TW @maryjosegamboa.
No hay comentarios:
Publicar un comentario