EL NIVEL DE OPACIDAD DE LOS GOBIERNOS VA EN INCREMENTO SEGÚN DENUNCIAN ORGANISMOS INTERNACIONALES DEFENSORES DE NUESTROS DERECHOS.

En medio de la opacidad….

A pesar que este año, gracias a la Reforma Hacendaria propuesta por el Presidente Enrique Peña Nieto y avalada por el Congreso federal, los mexicanos tendremos  que pagar mucho más por concepto de  impuestos en varios rubros,  que  habrá reducción de las  deducciones personales,  que se eliminó  el régimen de consolidación fiscal y que  desapareció  la figura del régimen de pequeños contribuyentes, afectando a trabajadores y empresarios por igual,   no hay autoridad que se “anime”,  a brindarnos la certeza a través de los órganos que la ley contempla para ello, que el dinero producto de la recaudación será destinado para beneficio ciudadano.  El nivel de opacidad de los gobiernos va en incremento según denuncian organismos internacionales defensores de nuestros derechos.

La organización Artículo 19, destaca entre sus posicionamientos del mes de enero, que existen  “Graves deficiencias  en la actuación de los órganos de transparencia de la mayoría de los estados en el país”. 

Según  información proporcionada por el organismo…. “El índice  destaca que veintiséis de los órganos estatales de transparencia obtuvieron calificaciones por debajo de 60, entre ellos Veracruz,  lo cual  refleja que la mayor parte de estos  no son capaces de garantizar de forma adecuada el derecho de acceso a la información”, es decir, aunque existan las unidades de transparencia en las estructuras gubernamentales, la falta de autonomía de las mismas, impide que cumplan a cabalidad con su cometido.   

El documento señala que  al dar a conocer el Índice Nacional de los Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información (INOGDAI),  que evalúa a las instituciones que deberían garantizar la transparencia en los 31 estados de la República y el Distrito Federal, ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica,   reveló  que el promedio nacional de desempeño es de 53.6 respecto a 100. En caso de tener la calificación de 100 significaría la máxima garantía del derecho.

Durante siete meses INOGDAI  solicitó información sobre tres rubros en particular,  transparencia y rendición de cuentas,  promoción de derecho de acceso a la información  y  resolución de controversias.  El estado mejor calificado fue Puebla, el peor San Luis Potosí.  

Algunos de  los resultados  del estado que se mencionan en  transparencia y rendición de cuentas,  indican que   en el apartado de sistemas y procedimientos de archivo, Veracruz obtuvo una calificación de 0, al no responder a la solicitud de información sobre si contaba o no con esta clasificación.   En cuanto a la variable presupuesto, Veracruz aparece  como uno de los estados que  presentaron presupuestos ejercidos per cápita inferiores a la media nacional. Respecto a las evaluaciones externas realizadas al gobierno estatal, Veracruz  se ubica como una de las entidades  con calificación cero, ya que NO se realizó ninguna.    Las evaluaciones externas y auditorias entre muchos otros propósitos, señala el documento,  sirven para revisar una adecuada asignación de recursos de acuerdo con los marcos legales establecidos y  para asegurar la efectividad de las funciones sustantivas de las instituciones.

En términos generales, la  evaluación de la INOGDAI demuestra que por un lado los gobiernos estatales buscan de todas las formas posibles mantener en la opacidad el manejo de los recursos públicos, y por el otro, los ciudadanos desconocen que la ley les otorga el derecho a exigir transparencia a cada dependencia.  

En Veracruz por ejemplo,  datos como el presupuesto asignado para gastos personales, incluyendo los de promoción a través de los diversos medios, se mantienen como información catalogada como reservada, sin que exista razón LEGAL alguna para esto.  Lamentablemente la mayoría de las personas por desconocimiento, falta de tiempo o de interés, no exige a través de los órganos encargados del tema, que se le informe sobre determinado gasto,  y  si  llegase a hacerlo, se topara con una serie de trampas impuestas por los mismos organismos, para  no responder a su solicitud, por lo que difícilmente completará el proceso. 

Algunas consecuencias de….

A pesar de la claridad de  investigaciones como la publicada por Artículo 19, en ocasiones cuesta trabajo entender las repercusiones que implica para una sociedad vivir en un estado, en el que la transparencia es tan solo “una buena idea”, pero si se analizan datos recientes se puede comprender en su justa dimensión las consecuencias de permanecer en la más absoluta opacidad.  

Tan solo durante la semana, se dio a conocer que el Congreso estatal aprobó el dictamen correspondiente a  la cuenta pública del 2012 presentada por el Órgano de Fiscalización, tal cual se había emitido.  38 Alcaldes, 7 dependencias y entidades y 2 fideicomisos del estado, fueron señalados por presunto daño patrimonial, mientras que a  municipios  como el de Veracruz con 43 observaciones, y  a Secretarías como la Educación y Seguridad Pública denunciadas ante la PGR por presunto desvío de recursos, no se les consideró dentro de éste criterio.   

Tampoco se realizaron observaciones por los 7,800 millones de pesos,  de  los  8,754 millones autorizados por el Congreso  estatal  para la reconstrucción de zonas devastadas por fenómenos meteorológicos,   que se “extraviaron” en el camino.   Es decir,  el destino de más del  90% del presupuesto destinado a estas tareas, se desconoce,  sin que esto  mereciera observaciones por parte del órgano fiscalizador  durante los años en los que se “perdieron” dichos recursos, que son los últimos tres de Fidel Herrera y los primeros tres de Javier Duarte. 

El Coordinador de la Izquierda Unida en el congreso local Cuauhtémoc Pola, denunció en tribuna a nombre de los diputados del PRD, PT  y Movimiento Ciudadano, que no se haya rendido un informe claro y preciso al pueblo veracruzano sobre la aplicación de  estos recursos, muchos de los cuales por cierto se siguen y seguirán pagando porque se  consiguieron gracias a créditos bancarios.   De 54 declaratorias por desastres naturales que se han realizado del 2007 a la fecha, sólo el 10.87 % de los recursos fueron liberados, el resto aunque autorizados permanecen en el “limbo”. 

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FUENTE: NOTIVER