Érika Paz
Asesora parlamentaria en temas de comunicación.
Co-conductora del programa Jaque al Rey
@paz_eri
En un país donde se
asesina a periodistas y medios de comunicación críticos cierran sus puertas o
anuncian que sus ediciones dejarán de informar sobre lo que les valió ser
objeto de atentados y amenazas, este régimen priista, en consonancia con sus
partidos políticos satélite, impone leyes mordaza que penalizan con prisión
hasta por seis años a quien no esté autorizado por el poder federal para hacer
uso del espectro radioeléctrico.
Como si de un
régimen autoritario se tratara, no toda la población puede ejercer sus derechos
a la libertad de expresión, a comunicar y a estar informada, porque “¿cómo
esos, en su mayoría indígenas, se atreven a utilizar la radio como instrumento
para sus procesos de comunicación y organización?, inconcebible que, además,
critiquen al gobierno, ¿con qué derecho? ¡Cárcel a esos impíos ignorantes!”
En ese tenor va la
iniciativa propuesta por el diputado priista Benjamín Medrano y su respectivo
dictamen en positivo por la Comisión de Radio y Televisión, a cargo de la
legisladora Lía Limón García, misma que impone de dos a seis años de prisión a
radialistas, periodistas, activistas o comunicadores comunitarios e indígenas
que “se atrevan” a utilizar el espectro radioeléctrico sin previa autorización
del órgano regulador, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Además,
establece el decomiso de instrumentos de transmisión y la inhabilitación, por
sí o por medio de otra persona (de la comunidad), para obtener una concesión
por un plazo de cinco años.
Ante ello, el
miércoles 18 de octubre, el representante en México del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab, hizo un llamado a la
Cámara de Diputados “para que reconsidere el dictamen referido […]”.
En el marco de las
próximas visitas oficiales de la Relatoría Especial de los derechos de los
pueblos indígenas, así como de las Relatorías sobre Libertad de Expresión de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la ONU, a realizarse,
respectivamente, en noviembre y diciembre de este año, Jan Jarab exhortó a los
coordinadores de las bancadas parlamentarias (PRI, PAN, PRD, Morena, Verde, MC,
PANAL y PES), al presidente de la Mesa Directiva, Carlos Ramírez Marín, y a la
presidenta de la Comisión de Radio y Televisión, Lía Limón, a reconsiderar el
susodicho dictamen.
La “adopción de una
reforma como la propuesta resultaría aún más preocupante en atención al
contexto de violencia e inseguridad que enfrentan las personas que se dedican
al periodismo y la comunicación en México y a la impunidad imperante frente a
los delitos cometidos en su contra”, advierte, entre otras cosas, Jan Jarab en
su misiva.
La modificación,
aprobada por 11 votos a favor y tres en contra,[1] adiciona un artículo 172 al Código
Penal Federal, el cual establece que a quien use, aproveche o explote bandas de
frecuencia del espectro radioeléctrico o recursos orbitales sin contar con
autorización o concesión, se le impondrá prisión de dos a seis años, así como
multas de 100 a 300 días y el decomiso de instrumentos y objetos de
transmisión.
Asimismo, la
iniciativa agrega un párrafo segundo al artículo 304 de la Ley Federal de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, para que las personas sancionadas por prestar
servicios de telecomunicaciones o radiodifusión sin una autorización sean
inhabilitadas por cinco años para obtener, por sí o por medio de otra persona,
una concesión, sin hacer ninguna distinción entre periodistas, radialistas,
activistas o comunicadores comunitarios o indígenas y aquellas personas que
pudieran hacer apología del odio racial o religioso y/o estuvieran vinculadas
con el crimen organizado.
La decisión de
penalizar con prisión e inhabilitación para acceder a una concesión contraviene
de forma evidente los artículos 2º, 6º, 7º y 14 constitucionales, el artículo
19 de la Declaración de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas, el Convenio
169 de la OIT, el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el “ejercicio
abusivo del poder punitivo del Estado” en materia de libertad de expresión, así
como informes y recomendaciones de los Relatores para la Libertad de Expresión
de Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Con todo, la
presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, Lía
Limón (Verde), decidió dictaminar positivamente, de manera preferente y sin
cambios, la iniciativa del priista Benjamín Medrano, el pasado 4 de octubre. No
sólo desatendió lo establecido en nuestra Constitución y en los tratados
internacionales de derechos humanos, también desoyó a las organizaciones de la
sociedad civil y a radios comunitarias que manifestaron su desacuerdo.
Por si fuera poco,
durante la discusión de dicha iniciativa en el pleno de la Comisión,
legisladores del PRI, PAN y Verde aplaudieron la iniciativa de “Ley mordaza”, y
alardearon sobre la “legalidad” a la que debe ceñirse el derecho a comunicar de
“ciertos sectores de la población”. El diputado Ramírez Ponce dijo que las
radios comunitarias “mal informan y hablan mal del gobierno”, lo cual fue
secundado por sus similares, Fernando Navarrete y José Córdova, todos del PRI.
La panista Verónica
Agundis señaló que “ha habido un abuso, hoy cualquier persona compra un
transmisor de 20 mil pesos”. Lía Limón y Benjamín Medrado sostuvieron una
discusión con el periodista y actual legislador por Morena Virgilio Caballero,
único en oponerse abiertamente al dictamen que ahora espera turno para ser
votado por el Pleno de la Cámara de Diputados.
En el fondo, nos
encontramos ante un debate sobre quiénes tienen el derecho a utilizar y acceder
a los medios electrónicos de comunicación. Y pareciera que para el actual
régimen, sólo los priistas y sus amigos “pequeños” y grandes empresarios tienen
derecho a comunicar y a la libertad de expresión. Para el resto, que es la gran
mayoría de la población, su deber es el silencio, o de lo contrario: censura,
controles legales excesivos, prisión o… muerte.
[1] Votos a favor
de Ana María Bone Godoy (PRI), Paloma Canales Suárez (Verde), Lía Limón García
(Verde), Pablo Elizondo (PRI), Benjamín Medrano (PRI), María Verónica Agundis
(PAN), Carmen Salinas (PRI), Miguel Ángel Ramírez Ponce (PRI), Fernando
Navarrete Pérez (PRI), José del Pilar Córdova (PRI) y David López (PRI). En
contra René Cervera (Morena), Virgilio Caballero (Morena) y Sergio López
Sánchez (PRD), López Sánchez votó en contra sólo por considerar que “existieron
vicios en el proceso” de dictaminación.
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