Enrique Alfaro anunció que
limitará la libertad de tránsito, con apoyo de la fuerza pública, en todo el
estado de Jalisco. Eso significa, en los hechos, suspender las garantías
individuales, un estado de excepción.
El
problema es que no está facultado para eso. Sólo el presidente de la república,
de acuerdo con el artículo 29 constitucional, puede suspender las garantías
individuales, con fundamento y por un periodo delimitado.
En esta emergencia sanitaria, el Consejo de
Salubridad General (CSG) es el órgano facultado para determinar algo como lo
que, por su cuenta, ha ordenado hacer el gobernador. No ha esperado
determinaciones ni acatado resoluciones.
Es un nuevo acto de
protagonismo, oportunismo y provocación. Alfaro juega con la idea de que no hay
medida que pueda ser exagerada cuando se trata de la salud y de la vida.
Entonces se adelanta para sobresalir y contrastarse con el gobierno federal,
aunque no tenga las atribuciones.
Lo que busca es no sólo
mantenerse en los medios de comunicación, sino obtener a toda costa una
respuesta de la autoridad gubernamental, en particular del presidente. Si lo
llaman al orden o lo reprenden, será su triunfo, lo habrán validado como el
opositor, el adversario de López Obrador.
En ese empeño no mide
consecuencias, no se cuida de la legalidad de sus actos, no busca coordinarse,
busca el choque, la estridencia, el impacto mediático. Desde el principio ésa
fue la ruta que tomó.
La forma prudente y correcta de
proceder es esperar las resoluciones del Consejo de Salubridad General y, en el
caso de la suspensión de las garantías individuales, acatar las decisiones del
presidente.
Enrique Alfaro se escuda en un
federalismo falaz, ataca la unidad de la república por varios flancos, habla de
revisar el pacto fiscal o de abandonarlo, ahora aplica una suerte de estado de
excepción regional sin tener las prerrogativas.
Su actuar es ya casi una
rebelión. Todo por sus intereses políticos y electorales.
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