▲ El mandatario tomó la decisión después de las protestas por el
asesinato de cuatro estudiantes.Foto Cristina Rodríguez
Eduardo Murillo
Periódico La Jornada
Lunes 6 de abril de 2020, p. 10
Lunes 6 de abril de 2020, p. 10
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aceptó dar trámite a la
controversia constitucional promovida por el municipio de Puebla en contra del
gobernador Miguel Barbosa Huerta por su decisión de destituir a los
funcionarios de seguridad pública de ese ayuntamiento y nombrar a sus nuevos
titulares sin consultar al cabildo.
Esta medida fue tomada por el
mandatario poblano luego de las manifestaciones de protesta por el asesinato de
cuatro estudiantes de medicina en febrero pasado, y tiene como base legal el
artículo 105 fracción VIII de la constitución estatal. Sin embargo, el
ayuntamiento de Puebla argumenta que la decisión invade sus facultades y
vulnera los principios del municipio libre.
La medida del gobernador se anunció
para cinco municipios del centro de la entidad: Amozoc, San Martín Texmelucan,
Juan Crisóstomo Bonilla, Huejotzingo y Puebla; sin embargo, sólo la alcaldía de
la capital ha recurrido a la Corte para que revise la constitucionalidad de
dicha medida.
Dicho oficio ordena que la Secretaría
de Seguridad Pública del municipio sea ocupada por un delegado, nombrado por el
gobernador, al hacer uso de su facultad constitucional que permite hacerse
cargo de la fuerza pública en casos de graves trastornos del orden
público.
Al admitir a trámite la demanda, la
SCJN no otorgó la suspensión de esa medida, que hasta ahora no ha podido
concretarse porque la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, anunció que
no acatará la orden, mientras Barbosa dijo que tampoco recurrirá a la fuerza
para imponerla: No voy a entrar a esa confrontación, es evidente que ella
no va a acatar voluntariamente la decisión que tomé como gobernador, dijo.
Así, ambas partes esperarán hasta que
la SCJN defina la constitucionalidad de esta medida.
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